El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero exhortó a Andrés Manuel López Obrador a que en su primer acto como presidente constitucional libere a seis indígenas de San Pedro Tlanixco, encarcelados y sentenciados a más de 50 años de prisión por defender el derecho humano al agua.
José Antonio Lara Duque, presidente del centro Zeferino Ladrillero, acusó que desde hace 15 años el gobierno mexiquense mantiene en prisión a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, integrantes de la comunidad indígena perteneciente al municipio de Tenango del Valle, Estado de México.
En el proceso judicial contra el grupo de indígenas –que incluye a una mujer en calidad de adulto mayor– hay “graves violaciones al debido proceso”, de acuerdo con Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH México).
“Es una gran oportunidad para rectificar la injusticia que ha costado, hasta la fecha, la libertad de estas personas por más de diez años”, afirmó Jan Jarab en un mensaje en video publicado en redes sociales.
En un comunicado del centro Zeferino Ladrillero, Lara Duque recordó que el agua ha sido utilizada para favorecer a la industria que se encuentra en la región. Por ello, los habitantes de Tlanixco se organizaron para tratar el líquido como un bien social y cultural, y no fundamentalmente económico.
Detalló que esta comunidad ha mantenido una lucha desde los años ochenta, cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa Guerrero. En 2002, expuso, se agudizó la disputa por el uso y disfrute del río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco.
Explicó que el afluente fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del país; desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua, aunque cuenten con documentos válidos que los acreditan para poder explotarla.
Aseguró que el 1 de abril 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares, financiados por el presidente de los floricultores –de origen español– que argumentaban que el agua del rio llegaba sucia, provocando daños a sus productos. Al repeler la agresión resultaron lesionadas varias personas y el empresario resultó muerto, afirmó.
Después de estos hechos, denunció, policías mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares, iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los cuales fueron sacados de sus domicilios –sin orden judicial–, amenazados de ser asesinados y violadas sus mujeres.
Al final se llevaron presos a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes no participaron en el enfrentamiento, aseguró Lara Duque.
“La única razón de dirigir la acción penal contra estas personas es que los ahora detenidos fungían como representantes del pueblo indígena y es la única razón por la Estado se dirigió en su contra, además de que con esta acción, los autoridades y los empresarios floricultores dejaron acéfala la resistencia indígena de Tlanixco y por otro dejaron un mensaje de terror para desmovilizar a la comunidad”, aseguró.
Desde 2003, añadió, los indígenas presos se mantienen resistiendo legalmente ante las falsas acusaciones en su contra, pese a que durante el juicio ha quedado demostrado que los testigos presentados por los empresarios fueron aleccionados al presentar declaraciones idénticas.
El único delito de los procesados es representar los intereses de los indígenas de esta región del país y la defensa de los derechos humanos; ahora enfrontan la posibilidad de morir en prisión pero la defensa jurídica y la solidaridad de los pueblos les darán la libertad, concluyó.
