La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó este martes su proyecto para reformar 13 artículos de la Constitución para dar vida a una Guardia Nacional integrada por policías militares, marinos y federales que deberán encargarse de combatir al narcotráfico y a otras tareas de seguridad pública.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Seguridad Pública, propone reformar los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución.
La diputada Guillermina Alvarado Moreno dio lectura a las propuestas, entre las que destaca la del artículo 5 transitorio, que establece que las Fuerzas Armadas no regresarán a los cuarteles y establece que se evaluarán sus tácticas y estrategias.
“En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional de conformidad con los términos planteados en el presente decreto, por ser obligación del Estado mexicano tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”, dijo la legisladora.
La propuesta establece que el Ejecutivo, en coordinación con el Legislativo, deberán realizar una evaluación de la política instrumentada en la materia “transcurrido el plazo de tres años a partir de su implementación”.
También agrega una excepción de la prohibición establecida en el artículo 129 de la Constitución, que actualmente dice: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar”.
La reforma propone agregar: “Los miembros de la policía militar y naval adscritos a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución”.
Con ello se permite a los militares estar a cargo de las tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado.
En su exposición de motivos, la diputada por Nuevo León también recordó que, “desde hace tiempo, México pasa por una crisis de violencia, inseguridad e impunidad” que hace “imposible la construcción de bienestar e inhibe el desarrollo y amenaza con llevar al país a la ingobernabilidad”.
“El incremento de los índices delictivos expone a la población a la zozobra y destruye el tejido social, se cobra decenas de miles de vida al año y causa graves afectaciones patrimoniales”, agregó.
Reprochó a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por continuar con la misma estrategia sin atacar “las raíces económicas y sociales del auge delictivo y la violencia”. En cambio, “ambos se enfrascaron en la lógica de guerra que agravó la inseguridad ciudadana, generó una catástrofe de derechos humanos y, paradójicamente, fortaleció a la delincuencia al impulsar a los grupos delictivos a diversificar y extender sus actividades y al provocar la atomización de los grandes cárteles en pequeñas células dispersas por buena parte del territorio nacional”.
Por otra parte, Morena justificó la permanencia de los militares en las calles: “Es evidente que el Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados. El retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada”.
“Hoy en día, las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y más confiable pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuada para participar en esa tarea”, se lee en la iniciativa.
“Los soldados han pagado con sus vidas, experimentado un desgaste injustificable, distraídos de sus funciones explícitas y se ha generado una indeseable erosión en sus vínculos con la población, sin embargo, advierte, la crisis de violencia no la puede garantizar el Estado Mexicano sin los institutos armados”, agrega.
