En su primera encomienda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció la “crisis humanitaria” que atraviesa el país y se comprometió a “actuar contra los responsables” de las desapariciones forzadas, “sea quien sea, independientemente de la institución a la que pertenezcan”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población encabezó a la delegación mexicana que daría respuesta a la solicitud de audiencia por la desaparición de 51 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en la que habría participado personal de la Secretaría de Marina (Semar).
En la audiencia pública de este miércoles, solicitada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el funcionario aceptó la colaboración del organismo para esclarecer los casos, en un esquema similar al mecanismo de seguimiento que existe para el caso Ayotzinapa.
Frente a la disposición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, aceptó, en nombre del organismo, diseñar un mecanismo para dar seguimiento a las desapariciones de Nuevo Laredo, toda vez que ya hay colaboración en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
Ante la presidenta de la CIDH, Magarette May Macaylay, las comisionadas Esmeralda Arosemena y Antonia Urrejola, además de Abrao, Encinas Rodríguez sostuvo que con el nuevo gobierno “las cosas ya cambiaron”, y que por instrucción del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, “el primer paso es acabar con la simulación, y tenemos que asumir que México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, una crisis de violación a derechos humanos, y tenemos que encarar muchos de los ámbitos de la vida nacional, y uno de éstos tiene que ver con la gravísima crisis que tenemos de desaparición forzada en nuestro país”.
Al mencionar las “cifras indignantes” –cerca 38 mil personas desaparecidas, 2 mil fosas clandestinas en los últimos 12 años, mil 100 fosas sin procesos de exhumación y 26 mil cuerpos sin identificar en los Servicios Forenses–, el funcionario puntualizó que “no va a ser negando la existencia del problema ni simulando que se está atendiendo”, como se superará la crisis humanitaria.
Encinas asumió las fallas en las investigaciones y en las instituciones, así como la condición de impunidad en la que están los casos de desaparición forzada, y la falta de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada el año pasado.
“Vamos a actuar contra los responsables del Estado o particulares, sea quien sea, independientemente de la institución a la que pertenezcan. Como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, si realmente queremos fortalecer al Estado mexicano y a sus instituciones, tiene que terminarse la impunidad, y si algo las ha debilitado, ha sido el encubrimiento de agentes del Estado que incurrieron en delitos y han dañado a la población civil”, puntualizó.
De igual manera, manifestó la disposición del gobierno de la República para “discutir los términos en que pudiera desarrollarse este mecanismo de seguimiento” que encabezaría la CIDH para esclarecer las desapariciones en Nuevo Laredo, e invitó a los integrantes del organismo a realizar una visita oficial a la entidad.
El mecanismo de seguimiento fue solicitado por los peticionarios de la audiencia, en voz de la directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, Karla Quintana, quien denunció que, si bien desde febrero de este año la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su oficina en Nuevo Laredo, abrió las primeras carpetas de investigación por las desapariciones forzadas, durante los primeros tres meses la dependencia no realizó diligencias, y de haber investigado, dijo, “se hubiera evitado esa serie de desapariciones que oficialmente tenemos 37, pero en realidad se han acercado familiares de 51 víctimas a Raymundo Ramos”, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Durante su participación, los peticionarios presentaron dos videos en los que se muestra la actuación de marinos en las detenciones de Gabriel Gaspar y Daniel Trejo –este último esposo de Jessica Molina, presente en la audiencia–, así como de José Luis Bautista, presenciadas por más de cien personas.
La funcionaria de la CEAV acusó que agentes de la Fiscalía Especial para Búsqueda de Personas de la PGR le han expresado que “ellos no van a investigar a marinos” y que las víctimas “pertenecían a grupos delincuenciales”, como argumento para no realizar las indagatorias, además de que le han negado 12 solicitudes de protección para testigos y víctimas.
Tras señalar que las autoridades federales han negado el acceso a las carpetas de investigación a la Asesoría Jurídica Federal, y que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no ha intervenido de forma diligente para localizar a los desaparecidos, Quintana Osuna exigió que cese la criminalización de víctimas, familiares y defensores, se tomen “medidas estructurales para combatir la pandemia” y se amplíen las medidas cautelares para Raymundo Ramos. También pidió un mecanismo de seguimiento por parte de la CIDH y una reunión de alto nivel en enero próximo.
En la sesión, Raymundo Ramos y Jessica Molina –quien atestiguó la detención arbitraria de su esposo (hasta ahora desaparecido) por parte de marinos– detallaron la ola de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo este año, y recriminaron que asistiera a la audiencia el fiscal de la PGR en Nuevo Laredo, Abel Galván, “quien se ha dedicado a criminalizarnos”.
Ramos detalló que la participación de elementos de la Marina en desapariciones forzadas no es nueva en la ciudad fronteriza, y desde 2011, subrayó, suman al menos 71.
En 2011 –abundó– el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) documentó 11 casos, de los cuales sólo seis continuaron el proceso de denuncia y fueron objeto de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en 2015, la organización denunció nueve casos, y este año familias de 51 desaparecidos se acercaron al defensor.
En su oportunidad, Jessica Molina precisó que los marinos ingresaron de forma ilegal a su casa, donde ella y su esposo, Daniel Trejo, fueron interrogados mientras les apuntaban a la cabeza; después, a él y a su amigo Gabriel Gaspar los sacaron con violencia, y a ella se le “perdonó la vida” porque es ciudadana estadunidense.
“Han sido 252 días, ocho meses de silencio, no hay investigación, se ha hecho un circo de todo esto. Se está investigando a los desaparecidos en lugar de a los responsables”, soltó Molina, al denunciar que Abel Galván se comprometió a ayudarles, pero no hizo más que criminalizar a los desaparecidos, a víctimas y a los defensores.
Tras enunciar los nombres de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución extrajudicial, sostuvo que quienes buscan a sus queridos en Nuevo Laredo son mujeres que han sido amenazadas, y una de ellas, de nombre Reyna, fue secuestrada por presuntos marinos y “liberada por la intervención de la ONU”.
“Ella nos dijo que en el lugar donde la llevaron había otras 10 personas, pero la PGR no quiso hacer nada para investigar, y en ese lugar podría haber estado mi esposo”, lamentó Molina.
Las comisionadas de la CIDH y el secretario ejecutivo se mostraron complacidos del cambio de actitud del nuevo gobierno, y al término de la audiencia se comprometieron a iniciar este mismo miércoles los preparativos para la visita a Nuevo Laredo y diseñar el mecanismo de seguimiento.
