Alertan sobre militarización de la seguridad pública en México

Académicos de diversas universidades e integrantes de organismos de derechos humanos cuestionaron la creación de la Guardia Nacional y alertaron sobre la militarización de la seguridad pública en el país.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insistió en sus dichos --vertidos en diciembre pasado ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados-- y señaló que, aunque ha habido “cambios para bien… no se garantiza que no habrá violaciones graves a los derechos humanos con la fusión de las fuerzas armadas”.

Añadió: “La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debería ser excepcional, hace permanente lo que debería ser temporal y amplía indebidamente una labor que debería estar circunscrita a criterios de estricta necesidad”.

Luego de recordar que la participación del Ejército en tareas de seguridad ha implicado desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, el funcionario aclaró que la ONU seguirá brindando al gobierno de México la cooperación técnica para la creación de la Guardia Nacional.

A su vez, Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), calificó de “delicado y grave” que el mando y adscripción de la Guardia Nacional durante los primeros cinco años esté en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “pues la formación y disciplina castrense que tendrán los miembros de la Guardia Nacional no es la idónea para garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos”.

En el tercer día del foro sobre la Guardia Nacional, el presidente de la CNDH llamó la atención de que por lo menos “mediáticamente” ya esté en marcha. Y para sostener su dicho se refirió a la convocatoria de reclutamiento para la agrupación, y el hecho de que se le asignaran recursos en el presupuesto de egresos de la federación de 2019.

“Lo que haría presumir que, con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente a una determinación ya tomada”, soltó el ombudsman nacional, tras lo cual reclamó la ausencia de las víctimas en el foro.

A cambio de la Guardia Nacional, González Pérez propuso otra estrategia para combatir la inseguridad, y aclaró que “aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública” se puede construir una nueva estrategia.

Esta, dijo, “podría implicar la creación y consolidación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado, que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden”.

Alejandro Madrazo Lajous, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuestionó prácticamente todo el dictamen sobre la Guardia Nacional. Empezó diciendo que las participaciones federales no son para entregarse a discreción, y que la federación no puede dar o quitar a su gusto, conforme a una evaluación a los policías. “Si se hace eso se va a destruir la principal función de los municipios, que es la seguridad pública”.

Y ante la pregunta de la diputada priista María Alemán sobre la afectación de la Guardia Nacional al régimen constitucional, dijo: “…este dictamen no va a resolver nada, pero no va a destruir nuestro régimen constitucional si se aceptan esas medidas”.

Luego criticó a los legisladores de Morena que defendieron el dictamen, y aseguró que durante la campaña electoral se habló del tema.

En campaña, dijo, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había una Guardia Nacional civil y “se hablaba de no cambiar la Constitución”.

Ante la idea de que se estará bajo un mando civil --el presidente de la República, un “hombre honesto”, como sostuvo el legislador por Morena Javier Hidalgo--, el académico del CIDE, uno de los organismos favoritos del gobierno anterior para realizar estudios, reviró:

“Parece que nos habla de que ya no hay problema porque hay un mando civil de un hombre honesto. Pues quiero decirles que ese mando civil de un hombre honesto --suponiendo que eso fuera suficiente para eliminar las prácticas documentadas de 12 años--, si eso fuera suficiente, aun así sería tan frágil como la salud de un hombre honesto, o como el mandato de un hombre honesto.

“Y la Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país, y deben de pensar qué va a pasar en la siguiente elección. A menos que sean tan soberbios que creen que nunca van a perder una elección o nunca se va a morir su líder político”.

Esa declaración provocó aplausos de los integrantes de las agrupaciones no gubernamentales.

Al cerrar, Madrazo Lajous pidió a los legisladores que diseñen las instituciones para el país, no para un hombre.

A los legisladores que están en contra de la propuesta de la Guardia Nacional, así como a los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, el senador panista Damián Zepeda les propuso otra salida: controvertirla en tribunales.

“Propongo un cambio de enfoque. No necesitamos convencer a la mayoría del Congreso de que apruebe una propuesta distinta. Por más cambios que se le hagan a este dictamen, el eje central sigue siendo militar.

“Cambiemos de enfoque. En estos seis días que nos quedan (para el periodo extraordinario) sumemos esfuerzos, y los que estamos en contra y la sociedad civil, juntemos un tercio para oponernos y echar abajo esta propuesta de militarizar a nuestro país vía la Guardia Nacional”.

Añadió: “Hagamos una nueva propuesta que vaya por el fortalecimiento de policías con un mando mixto, un instituto de seguridad pública que genere diagnósticos objetivos, con autonomía técnica, para, con indicadores técnicos, decidir en qué estados debe de intervenir de manera temporal una entidad superior, y que las fuerzas armadas entren sólo en casos excepcionales, con protocolos, temporales y de fiscalización”.

Las audiencias continuarán mañana y concluirán el sábado 12. La próxima semana el dictamen se someterá a discusión y votación durante un periodo extraordinario de sesiones.