CNDH señala omisiones en la investigación del asesinato del periodista Pedro Tamayo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó omisiones e irregularidades en la investigación del caso de Pedro Tamayo, un periodista asesinado en julio de 2016 en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, en la recta final de la gestión de Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente se encuentra en prisión.

Por esa razón, el organismo remitió una recomendación al actual mandatario veracruzano, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, y al Fiscal General Jorge Winckler con el mandato de reparar los daños a la familia de la víctima y sancionar a las autoridades responsables de conducir la indagatoria.

Y es que, según la CNDH, el día en que fue abatido el periodista no se encontraban con él los escoltas asignados a su custodia. El comunicador veracruzano había sido amenazado con anterioridad, por lo cual la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los periodistas del estado emitió medidas de protección a cargo de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), quienes el 20 de julio de 2016 no acudieron al domicilio del afectado pretextando una reunión e incumplieron la medida al descuidar la seguridad del periodista ultimado ese mismo día.

En la queja presentada a la comisión, la esposa del colaborador de “El Piñero de la Cuenca” responsabiliza a tres policías por no brindar el apoyo correspondiente a la víctima y a sus familiares, ya que no solicitaron la oportuna asistencia de una ambulancia, ni persiguieron a los probables responsables, pese a que fueron señalados por testigos.

Además, la CNDH encontró irregularidades en la integración de las indagatorias sobre el homicidio, pues se omitió la línea de investigación relacionada con la presunta participación de un funcionario con cargo municipal como probable responsable, luego de que testigos lo señalaran como una de las personas que disparó.

En las investigaciones realizadas por el organismo también se acreditaron violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad por omisión en la protección y auxilio en el ejercicio de la función de seguridad pública atribuibles a elementos de la SSP y violación al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia por la irregular integración de la Carpeta de Investigación por personal de la Fiscalía de Veracruz en agravio del periodista y sus familiares.

Por tal motivo, la CNDH emitió la recomendación 89/2018 al actual gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, en la que solicita, reparar integralmente el daño a los familiares de la víctimas; instruir al Secretario de Seguridad para que se garanticen las medidas de protección que le soliciten; impartir cursos sobre el derecho a la libertad de expresión, protección y garantía de los derechos de las víctimas y del Protocolo Nacional del Primer Respondiente; así como realizar un diagnóstico para determinar si el personal policial cumple con el perfil requerido y con los niveles de confianza para su ingreso y permanencia.

En tanto, al Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz, le recomienda agotar las líneas de investigación que permitan identificar, localizar, detener, judicializar y procesar a los probables responsables; impartir cursos a los agentes del ministerio público de Tierra Blanca y de la Fiscalía Especializada sobre el Protocolo Especializado y derecho a la libertad de expresión, respeto, protección y garantía de los derechos a las víctimas.

Finalmente, las autoridades mencionadas deberán colaborar con la CNDH en la presentación de las quejas que se realicen ante la Visitaduría General de la Fiscalía General y la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, para determinar las responsabilidades y omisiones acreditadas.

En su comunicado, la CNDH afirmó que ha dado seguimiento a la situación de la libertad de expresión, así como al contexto de violencia que sufren las personas que ejercen el periodismo en Veracruz; la entidad con mayor cantidad de homicidios de periodistas de 2000 a la fecha, con 22 casos.

Y reiteró que la falta de una adecuada procuración de justicia que permita identificar a los responsables e imponerles sanciones genera impunidad, la cual se convierte en otra de las causas que propicia el clima de agresión en contra de las y los periodistas.