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En el caso Odebrecht, “iremos tras quien tengamos que ir”: el fiscal Gertz

Nacional
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A fin de obtener contratos de obra pública, la constructora brasileña Odebrecht corrompió durante años a altos funcionarios de gobierno de varios países latinoamericanos. Hasta donde se sabe, México no fue la excepción. Y la Fiscalía General de la República investiga el caso. Impedido de mencionar nombres de una investigación en curso, el fiscal Alejandro Gertz Manero advierte en entrevista con Proceso: “Vamos a ir tras quien tengamos que ir”, y añade que debe prepararse impecablemente el caso, porque “del lado de los presuntos responsables están los abogados más caros, más experimentados y más duros”.

A fin de tener un modelo para ejercer acción penal contra quienes en México participaron en el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará información a las autoridades de Perú, país que “mayor éxito” ha tenido en sancionar a los implicados en esa trama internacional, al grado de que el mes pasado el expresidente peruano Alan García se suicidó cuando autoridades judiciales se disponían a detenerlo.

En Perú, la constructora brasileña Odebrecht implicó a funcionarios de alto nivel gubernamental que recibieron dinero para las campañas electorales.

En México, uno de los sospechosos de haber participado en la trama ilícita es Emilio Lozoya Austin, quien presuntamente recibió dinero de Odebrecht para canalizarlo a cuentas en paraísos fiscales, desde donde habría enviado recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En entrevista con este semanario, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aborda el caso Odebrecht así como el conocido como “estafa maestra”. Los dos, aunque de naturaleza distinta, son catalogados por él como crímenes de delincuencia organizada y de Estado.

Corrupción continental

Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de que representantes de la empresa admitieron en 2016 –como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos– que se sobornó a funcionarios de la región a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.

–¿Va a ir tras Lozoya? Si es un crimen que se puede encausar como un delito de Estado, ¿irá tras Peña Nieto? –se le pregunta a Gertz Manero.

–Vamos a ir tras quien tengamos que ir. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar.

“Creo que lo que debemos tomar en cuenta es que ese asunto se destapó en Estados Unidos; los americanos dieron toda la información de una especie como de modelo de operación de esa empresa que se dedicó a generar una estructura de soborno internacional en toda América Latina, como en su momento se conoció.”

El fiscal señala: “Encontré una gran cantidad de información que se fue levantando y que en muchos aspectos tenía grandes atrasos; y había que hacer todo lo posible por que se redujeran lo más pronto. Que hubiera una lógica de una hipótesis que nosotros no hubiéramos inventado, sino que es exactamente la misma que se ha dado en todos los países de América Latina en donde se han hecho estos procedimientos que conocemos”.

–Las cuentas en paraísos fiscales, el dinero que se desvió a la campaña de Peña Nieto, al PRI… ¿de todo esto estamos hablando?

–¡De todo! ¡Todo! Estamos hablando de algo que, desde el punto de vista procesal, para quien tiene experiencia en esas materias, es muy importante, porque nosotros podemos tener una convicción, una certeza moral, pero si no la podemos probar, no vamos a tener éxito procesal.

“El grado de adelanto que tengo me permite iniciar la judicialización en 60 días y dejar el expediente abierto para irlo fortaleciendo a raíz de las responsabilidades penales que vaya encontrando en el camino. Esas hipótesis que está presentando, y que son de sentido común, son las mismas que estamos presentando”, afirma.

Anuncia que esto se va a resolver en un plazo relativamente corto, cuando menos en su primera parte: “Presentaré la judicialización. Luego me dan la audiencia. Esto va por el nuevo sistema. También se aplican las leyes del momento en que se cometió el delito; si hay un cambio en la ley sustantiva, se aplica la vigente en ese momento, pero yo no veo que eso sea ningún obstáculo que sea preocupante, que pueda lastimar el resultado”.