El presidente de la Corte, en contra del proyecto que busca invalidar la ley de remuneraciones

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se posicionó en contra de la acción de constitucionalidad presentada por el ministro Alberto Pérez Dayán, con la cual se pretende invalidar la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

Zaldívar se pronunció en contra de todo el proyecto porque sus efectos han cesado desde el pasado 12 de abril pasado, cuando hubo un decreto que modificó 14 de los 17 artículos reformados en noviembre de 2018, cuando se aprobó la Ley de Remuneraciones.

Con ello se manifestó a favor de su “sobreseimiento”, como lo expresó en la sesión pública celebrada por el pleno este lunes.

Desde la mañana comenzó la discusión en la cual los ministros Arturo Zaldívar, al igual que Norma Lucía Piña y Yasmín Esquivel Mossa perfilaron votos en contra del proyecto presentado por Pérez Dayán.

Con ello, sólo resta que un ministro se posicione en contra para sobreseer el proyecto al no lograr reunir los ocho votos a favor que necesita la acción de inconstitucionalidad.

El resultado que exprese el pleno, se conocerá en la votación que se mantiene en receso.

El proyecto del ministro Pérez propone declarar inválidos los artículos que fijan como tope salarial el ingreso mensual del presidente de la República y que surta efectos retroactivos al 6 de diciembre de 2018, fecha en que entró en vigor la ley.

Con esta medida, expresó Dayán, no sólo se protege a los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, sino también a toda la sociedad porque es garantía de que las controversias se resuelven a derecho.

“La propia Constitución Federal reconoce el principio de división de poderes, el acceso a la justicia, la independencia judicial y las garantías constitucionales que la conforman, entre otras, la de seguridad económica que comprende a su vez la remuneración adecuada, irrenunciable e irreductible”, dice el documento.

La Ley de Remuneraciones –también conocida como Ley de Austeridad– fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y por distintos senadores de oposición, entre ellos de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

No obstante, los legisladores de Morena expresaron que existe un conflicto porque los mismos juzgadores serán acreedores a reducciones salariales.

Al respecto la ministra Norma Lucía Piña, negó que exista “impedimento subjetivo” en la discusión:

“No existe un impedimento subjetivo de las y los ministros porque, en principio, ninguno promovió amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, por ende, a mi juicio, no existe un interés personal en el asunto”, señaló.