Leyes secundarias de la Guardia Nacional deben incluir la protección y respeto de los derechos humanos: ombudsman

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió al presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, considerar “los principios, criterios, recomendaciones y sentencias emitidas por diversos organismos nacionales e internacionales” de derechos humanos en la expedición de las leyes secundarias tras la creación de la Guardia Nacional.

En un comunicado, el organismo informó que el ombudsman envió un oficio a Batres Guadarrama, acompañado de “documentos técnicos sobre aspectos básicos que deberían contener las referidas leyes, basados en principios constitucionales y convencionales en el ámbito de los derechos humanos”.

González Pérez manifestó su “disposición e interés por colaborar dentro del ámbito de sus atribuciones en el proceso legislativo que seguirá” para aprobar las leyes sobre Uso de la Fuerza y Registro de Detenciones, “convencido de que las mismas deben contemplar, como uno de sus ejes centrales, la protección y respeto de los derechos humanos”.

En cuanto a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, la recomendación de la CNDH es que “los servidores públicos puedan utilizar dicho recurso sujetándose a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad, conforme a los cuales la fuerza letal sólo podría emplearse como protección o respuesta frente amenazas inminentes a la vida”.

Para el organismo, la legislación deberá “establecer esquemas adecuados de control, verificación y rendición de cuentas sobre la legitimidad del uso de la fuerza y el desempeño de los servidores públicos, tales como los mecanismos de supervisión externa de la policía”.

En relación a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la CNDH consideró indispensable “contar con un registro único, pertinentemente integrado, operativo, accesible y seguro, que permita de manera pronta y expedita consultar, en una sola base de datos, la cantidad e identidad de los detenidos, su paradero, condiciones de detención, la cadena de custodia y el trato recibido”.

A esas recomendaciones, la CNDH consideró conveniente “que se contemple y regule la notificación que se debe hacer a los familiares o persona de confianza de quienes sean detenidos, para que conozcan su situación jurídica, puedan preparar debidamente su defensa y pugnar por el respeto a sus derechos humanos”.