ONG condena Ley de Uso de Fuerza por criminalizar protesta

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) condenó los términos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza aprobado por el Senado que criminalizan las manifestaciones públicas, así como la negación a la participación ciudadana en el diseño legislativo, por lo que exigió a Cámara de Diputados abrir el debate para corregir el proyecto.

Luego de la aprobación mayoritaria de las leyes secundarias para la operación de la Guardia Nacional, las organizaciones que integran el FLEPS expresaron sus preocupaciones en torno a algunos aspectos que dan facultades a los integrantes del cuerpo de seguridad a determinar la licitud de una protesta social y de ahí la magnitud del uso de armas, incluso letales.

En un pronunciamiento, el FLEPS reconoció que en la propuesta legislativa hay “aspectos positivos como la inclusión de principios internacionales en la materia; la determinación de los niveles de uso de la fuerza; la obligación de agentes policiales de emitir informes sobre uso de la fuerza que realicen; planeación y estrategia de operativos”.

No obstante, para las organizaciones es preocupante que “se mantenga una perspectiva de control de multitudes”, y no como recomiendan los organismos internacionales “de una facilitación y protección del ejercicio de derechos humanos en el marco de manifestaciones y reuniones”, es decir, que es deber del Estado “garantizar los derechos en juego (de quienes protestan y quienes no) para lograr una efectiva armonización de los mismos”.

En un análisis del proyecto de ley, que pasará a la Cámara de Diputados como cámara revisora, el FLEPS identificó en al menos siete artículos elementos contrarios al derecho humano a la protesta, así como ambigüedades que darían lugar a escenarios represivos.

“El largo historial de abusos en el uso de la fuerza que ha decantado en violaciones graves a derechos humanos (Atenco, Nochixtlán, Chalchihuapan, San Quintín, entre otros) debe ser el punto de partida para generar un debate plural y democrático, que establezca mecanismos claros y salvaguardas en la actuación policial, favorables para el ejercicio de derechos humanos”, consideraron los integrantes del colectivo.

Para las organizaciones, una ley sobre el uso de la fuerza pública, debe ser debatida “ampliamente y construida con la participación de la sociedad civil, a fin de abordar los aspectos problemáticos”, que hasta ahora se han identificado.

“Debe asegurarse que en el paradigma de seguridad de la Guardia Nacional se privilegie la protección a las personas, el respeto a los derechos humanos, sanciones efectivas, supervisión ciudadana, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas”, agregaron.

Entre los temas de preocupación, el FLEPS identificó que la iniciativa proscribe el uso de armas de fuego o letales contra “manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”, resultando problemático “la definición y calificación misma del ‘objeto lícito’ de las manifestaciones así como la facultad discrecional que se les confiere a las autoridades policiales para hacerlo”.

Y es que para las organizaciones esa premisa de licitud, “puede ser fuente de arbitrariedades y violaciones a derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales”.

Citaron lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos resoluciones a acciones de inconstitucionalidad: “la autoridad no puede vetar o sancionar el objetivo de una reunión ni mucho menos su mensaje. Es decir, no por el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión a través del ejercicio de reunión sea ofensivo, insultante, injurioso, violento o alusivo a acos delictivos se deberá considerar que la congregación humana ya no es pacífica ni lícita (el mensaje a veces tiene como contenido referencia a actividades ilícitas)”.

Las ambigüedades en la iniciativa las advirtieron en el mecanismo de “activación y el escalamiento en el uso de la fuerza” cuando las manifestaciones, asambleas o reuniones “se tornen violentas” o que “atenten contra el orden público”.

Para las organizaciones que integran el FLEPS “resulta preocupante la referencia e interpretación que puedan recaer en el término ‘orden público’ en el contexto de manifestaciones, ya que el ejercicio de una protesta no debe verse como un problema de ‘orden público’ sino como ya se refirió, el ejercicio de derechos”, como lo estable la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consideraron alarmantes las definiciones de “amenazas letales inminentes”, la inclusión en el listado de armas “incapacitantes menos letales” instrumentos que generan “descargas eléctricas” que pueden ser letales si se aplican en órganos vitales.

Al señalar que en la iniciativa se omite “la obligación de los agentes de policía de portar su uniforme con identificación clara el registro previo de armas e instrumentos que utilizarán en operativos”, los integrantes del FLEPS resaltaron que falta por discutir e incluir “la previsión y construcción de un órgano independiente de supervisión ciudadana de la actuación policial”.

Las organizaciones que integran el colectivo, valoraron como positivo que se incluya la planeación de operativos, así como “la intervención de agentes capacitados en técnicas de negociación y persuasión en el contexto de manifestaciones, asambleas y reuniones”.

Insistieron en la urgencia de abrir el debate e integrar a la sociedad civil “a fin de abordar los aspectos problemáticos que hemos identificado”.

“Exigimos a la Cámara de Diputados a trabajar bajo un esquema de Parlamento abierto y abra al debate público su discusión, debido a la relevancia de esta legislación, que será aplicable por todos los institutos policiales del país en el marco de la Guardia Nacional, así como la relación y el impacto que representa para el ejercicio de derechos humanos”, puntualizaron.

Los integrantes del FLEPS que firmaron el pronunciamiento son Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Nacional de Comunicación Social, Espacio Libre e Independiente Marabunta, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” y Resonar.