Chihuahua y Coahuila criminalizan Libertad de Expresión

El estado de Chihuahua obtuvo una calificación de 4.4 sobre 10 en el índice Estatal de Libertad de Expresión México 2019 porque aún le falta eliminar las leyes que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y promover la participación de las mujeres en los medios de comunicación, entre otros pendientes.

En los resultados del índice, elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C. (CASEDE) para medir y evaluar la situación en la materia, se recomienda revisar el artículo 284 bis del Código Penal de Chihuahua para evitar la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión.

Esta herramienta de evaluación se aplicó también en Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León para medir variables en cinco dimensiones: marco legal de la libertad de expresión y la defensa de los Derechos Humanos; derecho de acceso a la información; pluralismo en los medios; independencia de los medios; y seguridad de personas que ejercen el periodismo y la defensa de los Derechos Humanos.

Hasta ahora CASEDE sólo ha publicado los resultados de Chihuahua y Coahuila. En el caso de la primera entidad, la organización dijo que hay desafíos en diferentes ámbitos, los cuales son resultado, por una parte, de las relaciones entre medios de comunicación y gobierno.

Desde 2018, indicó el informe de resultados, se han dado dos pasos importantes en el estado: la creación de la Unidad Estatal de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en la Fiscalía estatal y la iniciativa de Ley para la Asignación de Publicidad Oficial, presentada en el Congreso local.

CASEDE destacó que en el estado se generó el primer protocolo de autoprotección para periodistas y se creó el primer sistema de protección para las personas que ejercen el periodismo pero alertó que la falta de continuidad de esas mantuvo en un impasse el desarrollo institucional de protección a la libertad de expresión.

En la entidad fronteriza, el 23 de marzo de 2017 fue asesinada la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de “La Jornada” en Chihuahua y colaboradora del desaparecido “Norte”, de Ciudad Juárez. El Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC) documentó 10 casos de violencia contra mujeres periodistas de 2012-2018.

Respecto a la violencia, CASEDE indicó que ante la ausencia de un mecanismo específico para la protección de periodistas y personas defensoras, no hay cifras que permitan tener claridad sobre la cantidad de denuncias y quejas por agresiones, así como de la atención y resolución que se les da.

Entre las recomendaciones de la organización está desarrollar instituciones que garanticen la seguridad y el acceso a la justicia, que atiendan las condiciones de inseguridad específicas del estado; promover el desarrollo de medios basados en modelos de negocio autosustentables y revisar la normatividad local, entre otras.

La segunda entidad evaluada es Coahuila, que obtuvo una calificación de 5.2 sobre 10 porque también le falta eliminar las leyes que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión, promover la participación de las mujeres en los medios y garantizar la efectividad en la investigación de los delitos denunciados.

Aunque CASEDE aseguró que el estado de la libertad de expresión debe analizarse con perspectiva de género y señaló que es necesario contar con indicadores que sirvan para identificar y visibilizar la situación específica de las mujeres en el ejercicio de este derecho.

La organización aseguró que no es suficiente con que las leyes y normas no discriminen, pues también se deben considerar las necesidades específicas de las mujeres y atenderlas tomando en cuenta su condición de género.

En Coahuila desde 2014 existe la Ley para la Protección de las y los Periodistas y desde 2016 la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos pero el reto es el fortalecimiento de sus estructuras de gobierno y de voluntad política.

Aunque en los últimos cinco años no se han presentado casos de homicidios contra periodistas y personas defensoras, la agrupación indicó que la violencia psicológica que se ejerce a través de la intimidación constituye la forma más común de agresiones.

CASEDE indicó que la falta de un registro oficial de agresiones a mujeres periodistas no asegura que no haya violencia, por ello consideró fundamental integrar la perspectiva de género en las instituciones encargadas de proteger, prevenir y perseguir los delitos cometidos contra la libertad de expresión.

El Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC, publicó en 2012, la primera radiografía de la situación sobre la violencia contra mujeres periodistas en el “Informe diagnóstico Violencia contra mujeres periodistas México 2010-2011”.  A dicho informe le siguieron tres más, información que ha sido retomada por la Relatoría especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.