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25 años del Centro Tlachinollan: El país, “desfondado” en materia de seguridad y derechos humanos

Nacional
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En los últimos 25 años Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha sido testigo de primera mano de cómo el país se ha ido “desfondando” en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos, así como del incremento de los riesgos que conlleva ser defensor de esos mismos derechos en México.

Barrera, con una trayectoria ampliamente reconocida en ese ámbito –tres premios y reconocimientos nacionales y cinco internacionales de 1996 a 2017–, hace un recuento en entrevista con Proceso respecto del trabajo desarrollado por Tlachinollan durante un cuarto de siglo. Esa labor quedó plasmada en el informe “Montaña, llena eres de Esperanza”.

Tlachinollan, una de las organizaciones que representa a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, nació documentando abusos cometidos por autoridades locales; al paso de unos años incursionó en el registro de casos de violaciones graves a los derechos humanos derivados de la militarización de la Montaña.

Entre las referencias que toma el informe de Tlachinollan destacan los datos del Institute for Economics and Peace 2019, según el cual “la paz en México tuvo un retroceso de 4.9% y su deterioro se materializó en 22 estados”. La institución atribuye esta situación a un incremento de 14% en la tasa de homicidios, siendo los hombres jóvenes, de entre 15 y 29 años, los más afectados, con 42% de incidencia.

Guerrero se colocó como uno de los estados más violentos en 2018, con 2 mil 472 asesinatos, en tanto que en los primeros cinco meses de 2019 la numeralia alcanzó 748 víctimas, de acuerdo con los registros hemerográficos consignados en el informe de Tlachinollan.

En 1997, tres años después de haber nacido como organización, “siendo aprendices” en la defensa de los derechos humanos, Tlachinollan documentó casos de tortura cometidos por miembros del Ejército que incursionaron en la zona tras la irrupción del Ejército Popular Revolucionario en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez.

A 25 años de su formación, Tlachinollan se ocupa de casos en los que está implicada “no sólo la policía”, sino “grupos de la delincuencia; una realidad difusa en la cual las agresiones a los defensores pueden venir de agentes estatales o no estatales que trabajan en un entramado hecho para proteger a los perpetradores”.

Para los defensores de derechos humanos, agrega, esa realidad implica un “peligro mayor”, porque si bien siempre ha sido riesgoso ejercer ese oficio, “ahora los costos políticos ya no son significativos para las autoridades”.

Esa colusión entre la delincuencia y las autoridades, aunada al incremento de la violencia, se ha traducido en una disminución de las denuncias ante las autoridades, sobre todo en casos de desapariciones o asesinatos, por la desconfianza ciudadana.

“La gente no quiere denunciar porque para ella es elegir entre el purgatorio o el infierno; para ella ir al Ministerio Público es sufrir más; primero, porque los agentes dudan de su dicho; segundo, porque sabe que se va a filtrar la información; tercero, porque puede sufrir una agresión más, y cuarto, porque no existe una institución que proteja los derechos de las víctimas. La ayuda que nos piden es para localizar a su familiar desaparecido.”

El informe de Tlachinollan indica que de septiembre de 2018 a junio de 2019 en la región de la Montaña se cometieron 86 homicidios, además de 25 desapariciones de personas; “es una zona silenciada donde ocurren muchos asesinatos, pero la población prefiere callar porque ha dejado de confiar en las autoridades”.

Esa “realidad difusa”, advierte, ha crecido en presencia de la permanente militarización de los últimos 25 años, que ahora, con el formato de Guardia Nacional, no se traduce en operativos “tan aparatosos” como se observaba durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Barrera, para quien desde 2009 existen medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por defender casos en los que están involucrados miembros del Ejército, no cree que el nuevo esquema de militarización, mediante la Guardia Nacional, signifique cambios positivos en la región.

“Sigue habiendo este patrón de impunidad hacia el Ejército, falta de controles internos en las actuaciones castrenses; sigue habiendo opacidad, y mientras las Fuerzas Armadas no rindan cuentas y no se supediten a la autoridad civil, seguiremos documentando lo que lamentablemente hemos registrado en Guerrero: ejecuciones, tortura desapariciones.”

Y apunta: “La gente está consciente de que es más desde la organización comunitaria, más desde la reconstrucción del tejido local y el impulso de sus propias iniciativas como va a poder ir removiendo este escombro, esas losas de un sistema todavía corroído por la impunidad y la corrupción”.