Ausentes en foros públicos, legisladores que dictaminarán iniciativa para despenalizar aborto en Quintana Roo

Con una baja presencia de legisladores y la ausencia de quienes integran las comisiones que analizarán la iniciativa para despenalizar el aborto en Quintana Roo, continuaron las audiencias públicas previas a la dictaminación en medio de una mayoría de cuestionamientos en contra del derecho a decidir de las mujeres. 

Desde el pasado 17 y hasta el 19 de febrero del 2021, el Congreso de Quintana Roo llevó a cabo seis audiencias públicas de opinión sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, las cuales tienen como objetivo que la XVI Legislatura prepare su voto para la dictaminación el próximo 24 de febrero de dos iniciativas en la materia. 

Durante estas seis audiencias (que pueden consultarse aquí) destacó la poca participación de las y los diputados. En la primera audiencia, con la Red feminista quintanarroense, sólo participaron activamente dos diputadas y un diputado; sólo uno de ellos hizo preguntas. En la segunda audiencia, que recogió las voces de los grupos “provida” y que fue la de mayor participación, participaron cinco legisladores; en el resto de las audiencias se registraron de tres a cinco intervenciones de las y los diputados, ninguno de ellos de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Comisión de Justicia, Comisión de Derechos Humanos y ni la Comisión para la Igualdad de Género, que dictaminarán las iniciativas. 

El diputado más activo durante todas las audiencias fue el presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Edgar Humberto Gasca Arceo, de Morena, quien insistió sobre las siguientes preguntas: ¿el cigoto tiene vida con información genética diferente a la madre?, ¿en qué momento de la gestación se forma el corazón? ¿qué pasa con el síndrome pos aborto?, ¿despenalizar el aborto viola el derecho de los varones a ser padres?, ¿los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos son vinculantes para México?, ¿las instituciones reconocen los derechos del “no nacido”?, ¿cuántas mujeres hay actualmente presas en Quintana Roo por abortar?

Otras y otros diputados activos fueron la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, la morenista Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis; la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, la panista María Cristina Torres Gómez; y el también morenista diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, quienes repitieron casi textualmente las preguntas del diputado Gasca Arceo e hicieron otras parecidas: ¿a los cuántos meses siente dolor el cigoto?, ¿existen políticas públicas para apoyar a las mujeres a superar el síndrome post aborto?, ¿el aborto es un Derecho Humano? 

El diputado Wilbert Alberto Batun Chulim agregó durante el foro de los grupos autonombrados “provida” que había recibido amenazas por parte de ambos grupos para presionar su voto.

Los argumentos a favor y en contra

Entre las panelistas a favor del derecho a decidir participaron la doctora Raffaela Schiavon Ermani, médica gineco obstetra y ex directora de la organización internacional Ipas; abogadas integrantes del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE); el doctor Patricio Rodrigo Sanhueza Smith, encargado en 2007 del Programa de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México; así como otras personas defensoras del derecho a decidir en Quintana Roo. 

Los argumentos de quienes defienden el derecho a decidir de las mujeres estuvieron centrados en que los cigotos no son reconocidos por la ley como personas ni individuos sino hasta su nacimiento viable; que las restricciones legales no reducen el aborto pero sí incrementan su mortalidad; que el aborto por sí mismo no afecta la salud mental de la mujer que lo practica pero sí las condiciones clandestinas e inseguras en las que pueden llegar a hacerlo; y que el aborto no impide que los hombres ejerzan su derecho a reproducirse, ya que pueden tener hijas e hijos con una mujer que sí desee ser madre.

Otros argumentos fueron que los máximos tribunales de justicia del país y el Sistema Interamericano de Justicia ya determinaron que el aborto no es inconstitucional y que los derechos que hay que proteger durante un embarazo no son los del feto sino los de la mujer que lo engendra; que los congresos están obligados a garantizar el derecho a la salud de las mujeres a través de servicios seguros y gratuitos para la interrupción legal del embarazo; que el delito penal del aborto es discriminatorio contra las mujeres porque está basado en el estereotipo de que todas deben ser madres; que desde la reforma en 2011 a la Constitución mexicana, México está obligado a cumplir los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos; y que penalizar el aborto no garantiza ningún derecho sino que lo restringe para las mujeres. 

Las defensoras del derecho a decidir también señalaron que en Quintana Roo, las víctimas de violación son obligadas por ley a presentar una denuncia penal en un tiempo determinado para acceder a su derecho a la interrupción legal del embarazo, aún cuando eso contradice la Norma Mexicana 046 en la materia; que al penalizar el aborto no sólo se castiga a las mujeres con la cárcel sino también a través de la violencia institucional y el estigma social; y que resulta violatorio de los derechos de las mujeres el hecho de que el Estado no les permita tener autonomía en las decisiones sobre su proyecto de vida. 

Por su parte, los grupos provida fueron representados por el doctor José Manuel Madrazo Cano, decano de Ciencias de la Salud del Hospital Ángeles de Puebla; la psicóloga Laura Adriana Vidal Lezama, maestra en psicología y educación; el maestro en Derecho constitucional, Marx Rodríguez Montalvo; la doctora en Derecho, Diana Cristal González Obregón; y la abogada Ingrid Tapia, catedrática de Derecho del Instituto Tecnológico de México (ITAM). 

El grupo “provida” afirmó que cuando las mujeres se practican un aborto, ellas y los hombres experimentan afectaciones a su salud mental por la “pérdida” del feto; sin embargo, las mujeres no identifican inicialmente esta afectación porque “no toman la decisión conscientes” y entran en una etapa de negación. 

También afirmaron que los fetos son “un pequeño ser humano” desde el primer trimestre de la gestación porque tienen información genética distinta a la madre; que despenalizar al aborto en todo el país no permite reducir la muerte materna por aborto a nivel nacional; y que “hay estudios que han hablado de que las consecuencias del aborto pueden aumentar el riesgo de uso de drogas en las mujeres, de homicidios, feminicidio, de condiciones de salud mental; y hemos visto que el impacto social es muy importante: a partir de 2007 se ve como una tendencia de aumento de homicidio. Es una lamentable casualidad”, como refirió el doctor Manuel Madrazo Cano.

Por su parte, las y los abogados “provida” señalaron que las recomendaciones de la CEDAW en materia de derechos sexuales de las mujeres no son vinculantes para México; que despenalizar el aborto impide que las víctimas de violación accedan a la justicia en contra de sus agresores; y que “los abortos no hacen patria” porque la educación y cultura mexicana es “provida”. 

La posición de las dependencias y organismos autónomos

En estas audiencias también participaron dependencias y organismos locales, como la Comisión de Derechos Humanos del estado, cuyos representantes presentaron opiniones a favor del derecho a decidir ya que “están a favor de la vida, de la vida de las niñas y las mujeres”.

En el caso del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia evitaron posicionarse a favor o en contra del tema pero aseguraron que cumplirían la legislación que acuerde el Congreso. 

El coordinador de asesores de la Fiscalía estatal, José Olea Valencia, dijo que actualmente hay “diversas” (sin precisar dato) carpetas de investigación por el delito de aborto pero que en ninguna de ellas se encontraron elementos suficientes para acreditar la posible participación de una mujer en el delito de aborto con las características que la ley señala. Por lo tanto, no hay ninguna vinculación a proceso. Sin embargo, como relató el funcionario, la mayoría de las denuncias que reciben los Ministerios Públicos por este delito son de parte de personal médico que las atiende. 

Las representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señalaron que, de acuerdo con los casos que han revisado, el personal médico no se asume como servidor público y hay violaciones a los DH de las mujeres que acuden a los servicios hospitalarios por una urgencia médica, también que hay una discriminación, y confirmó que la no despenalización estaría violentando varios derechos de las mujeres.

El Instituto Quintanarroense de la Mujer coincidió en que la penalización del aborto ha tenido el efecto de que el personal médico que atiende a víctimas de violación sexual se niegue a practicar abortos a pesar de que es su derecho, por lo que se pronunció a favor del derecho a decidir. 

La titular del DIF en la entidad, María Elba Carranza Aguirre, aseguró que la prevención del embarazo estaba garantizada a partir de la entrega de cartillas sobre los derechos sexuales y de métodos anticonceptivos, por lo que su postura, dijo, era la de promover la prevención de los embarazos no deseadas y la adopción. También aseguró que no ha habido ningún caso en el que las niñas que presentan embarazos productos de violación desean abortar.

Se espera que luego de estas audiencias, las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Comisión de Justicia, Comisión de Salud y Asistencia Social, Comisión de Derechos Humanos y la Comisión para la Igualdad de Género discutan este 24 de abril –bajo la presencia de las integrantes de la Red feminista quintanarroense– las dos iniciativas que actualmente tiene el congreso para despenalizar el aborto en la entidad y garantizar servicios gratuitos y seguros para la interrupción legal del embarazo.