Exhiben cifra de activistas asesinados en los dos primeros años de gobierno de AMLO

Los primeros dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron letales para defensores de derechos humanos, pues un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT) registró 45 asesinatos de activistas entre 2019 y 2020.

“México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, considera el informe “Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020”, presentado este jueves por la Red TDT, un conglomerado de 86 organizaciones civiles que operan en 23 estados de la República.

De acuerdo al documento, durante los últimos dos años, la entidad más peligrosa para ejercer la defensa de derechos humanos es Oaxaca, con el registro de 11 asesinatos, seguidos por Chiapas y Chihuahua, con cinco en cada estado, y Guerrero y Morelos, con cuatro activistas ejecutados en cada uno de esos estados.

En Veracruz y Baja California se asesinaron a tres defensores en cada entidad durante ese periodo, en tanto que en Michoacán y Baja California, fueron dos en cada estado, y en tanto que cada uno de los estados de Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Jalisco y Ciudad de México, al menos un activista fue asesinado.

En el balance de los dos últimos años, el informe destaca “las personas defensoras han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, desde el aumento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta la criminalización del derecho a defender derechos humanos, hostigamiento, impunidad generalizada y violencia sistemática en su contra”.

La Red TDT indicó que la estigmatización de los defensores es una situación que, “en México, desde hace dos años el gobierno federal, concretamente el presidente, ha sido un foco de grave preocupación, pues constantemente recurre a este tipo de señalamientos durante sus conferencias de prensa, con lo que deslegitima la labor de las organizaciones, y esencialmente, demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades”.

El informe destaca que durante esta administración “se ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos bajo la lógica de apoyo o no a la política federal, y, en especial, a megaproyectos insignia como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles”.

La red de organizaciones civiles destaca que la estrategia del presidente de descalificar a los defensores a sido emulada por otros actores políticos en Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.  

Durante los dos primeros años del gobierno de López Obrador, “la política extractivista a continuado sin freno”, incluso durante la pandemia al ser considerados como “actividades esenciales”, incrementando el riesgo de las “comunidades que protestan contra la imposición de los megaproyectos (…) mientras continúan las campañas de desprestigio, criminalización y judicialización contra las personas defensoras de la tierra y territorio”. 

En la misma tesitura de descalificación, la Red TDT alerta que se encuentran las descalificaciones de López Obrador al movimiento feminista y de mujeres de los dos últimos años, situación que ha alentado “los ataques contra las mujeres defensoras” y que las agresiones contra ellas “se mantengan en la impunidad y se produzcan sin filtro en las redes sociales y en los medios de comunicación”.

El documento resalta el protagonismo  que en este periodo adquirieron los movimientos feministas y de mujeres en América Latina y el Caribe, en tanto que en México “el contexto de la pandemia no ha conseguido frenar la lucha de las mujeres, quienes continúan empleando formas de protesta tradicionales (como las marchas o los plantones) pero también han hecho un uso creativo de las tecnologías y otras formas de lucha para visibilizar la crisis de derechos humanos que enfrentan diariamente las mujeres en México y que se ha recrudecido de manera dramática desde que empezó el confinamiento”.

Se agrega que la respuesta de distintos gobiernos a las protestas de las mujeres ha sido la represión, siendo el caso más extremo Quintana Roo, donde se registraron disparos con armas de fuego, detención de las manifestantes y abuso sexual, por parte de los policías.

El documento de la Red TDT alerta sobre la vulnerabilidad de las personas defensoras de la diversidad sexual, que en 2020 cobró la vida de seis activistas de las poblaciones LGBTTTIQ+, que “realizaban acciones de movilización, visibilización y promoción de derechos.

El informe anual de la Red TDT incluye los nombres de los 45 defensores asesinados entre 2019 y 2020, entre ellos los de los defensores de derechos civiles y políticos Abiram Hernández Fernández, Zenaida Pulido Lombera y  Cruz Soto Caraveo; comunicadores con enfoque de derechos humanos, Rafael Murúa Manríquez y Telésforo Santiago Enríquez, y los defensores de los derechos de las personas LGBTTTIQ+ Karla Valentina Camarena del Castillo, María Elizabeth Montaño, Jonathan Santos, Javier Eduardo Pérez Hidalgo, Jeanine Huerta López y Mireya Rodríguez Lemus.

La lista añade a los defensores comunitarios Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, Bernardino García Hernández, Estelina López Gómez, Samir Flores Soberanes, Eulodia Lilia Díaz Ortiz, Camilo Álvarez Pérez, Luis Armando Fuentes Aquino, Julián Cortés Flores, Mario Morreno López, Arnulfo Cerón Soriano, Catalino Barradas Santiago, Manuel Alejandro Gutiérrez, Benito Peralta Arias, Pablo Guzmán Solano, Esteban Martínez Pérez, Oscar Eyraud Adams, Daniel Sotelo y Rodolfo Díaz Jiménez.

En cuanto a los defensores del medio ambiente, en ese periodo fueron sacrificados Sinar Corzo Esquinca, Gustavo Cruz Mendoza, José Luis Álvarez Flores, María Cristina Vázquez Chavarría, Josúe Bernardo Marcial Santos, Isabel Cabanillas de la Torre, Homero Gómez González, Isaac Medardo Herrera Avilés, Juan Zamarrón Torres, Adán Vez Lira, Eugui Roy Martínez Pérez, Oscar Ontiveros Martínez, Antonio Montes Enríquez, Tomás Martínez Pinacho y Juan Aquino González.