Homologar Códigos Penales para garantizar aborto en el país

A pesar de los grandes esfuerzos del movimiento feminista y la “Marea Verde” persiste un estigma fuerte entorno al aborto en México basado en la idea de que la maternidad es una función obligatoria de las mujeres, esto es la base para la criminalización legal y social hacia este procedimiento, al derecho a decidir  o a la autonomía corporal, lo que afecta aún más a migrantes, indígenas o en situación de calle, que cuentan con menos apoyo para acceder a un aborto de manera segura. 

Al participar en la presentación del informe “El camino hacia la Justicia Reproductiva: una década de avances y pendientes”, expertas en los derechos de las mujeres comentaron que este panorama es resultado de la ausencia de un marco que garantice el aborto legal, seguro y gratuito en México debido a que en algunos estados las mujeres pueden decidir por voluntad propia interrumpir un embarazo mientras en otros no, sin embargo la despenalización sigue sin garantizar este servicio. 

Para las expertas, la desinformación, los prejuicios y los estereotipos, son los principales obstáculos que influyen en la sociedad y en el actuar de las autoridades del Estado para perseguir, judicializar, y señalar a las mujeres que no desean tener un embarazo, alzar su voz o no cambiar sus planes de vida. Acciones que orillan a las mujeres a abortos inseguros, aumentan las muertes maternas, las condena a una maternidad no deseada o a tener una vida llena de precariedades. 

Esta criminalización hacia el aborto, dijeron, no sólo afecta a las mujeres, sino a todas las personas que cursan un embarazo no deseado, y que deben tomar decisiones con respecto al marco restrictivo y a la falta de servicios de salud en sus entidades. Esto es aún peor para las mujeres que sufren abortos espontáneos o partos fortuitos, quienes son tratadas “como sospechosas” debido a que el personal de salud desconoce la normativa o no está sensibilizado en el tema. 

En el país se reconoce los Derechos Humanos a la igualdad, añadieron, a la no discriminación, a la salud, a la libertad y a que toda persona decida de manera libre sobre el número y esparcimiento de sus hijos, a pesar de ello el aborto está aún regulado como un delito de manera distinta en los 32 estados, algunos lo consideran como un delito con excluyentes de responsabilidad penal y otros con causas de no punibilidad. 

La causal por violación sexual, enfatizaron, es la única contemplada en todas las entidades y sólo en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz permiten el aborto voluntario durante las primeras 12 semanas de gestación, lo anterior se traduce en la práctica en “discriminación”, pues implica que las mujeres tienen más o menos posibilidad de acceder a un aborto bajo un marco legal según donde se encuentren.

Actualmente 29 entidades contemplan la causal del aborto imprudencial o culposo, 24 la de peligro de muerte para la mujer, 26 de alteraciones graves en el producto, 17 la causal de peligro de salud de la mujer, 16 inseminación artificial no consentida y dos causas económica precarias, de acuerdo con el informe. 

Datos del informe  “El camino hacia la Justicia Reproductiva: una década de avances y pendientes” evidencian que existen 172 registros de sentencias condenatorias por el delito de aborto y 380 juicios penales a nivel nacional. Además de ello, hay otras 142 sentencias por el delito de aborto, de las cuales 38.02 por ciento fueron contra mujeres, lo que demuestra que 10.39 por ciento de las denuncias por aborto llegan a juicios.

Tan sólo de enero a noviembre de 2021 se han realizado 9 mil 15 abortos en clínicas de la Ciudad de México, la mayoría de las pacientes eran originarias del Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Querétaro, Jalisco, y Guanajuato.

Helena, un caso que se repite

La falta de homologación de los Códigos Penales y la criminalización provocan que casos como el de Helena, una joven que fue acusada de aborto mientras era atendida en un hospital comunitario en San Luis Potosí en 2009, se sigan cometiendo en el país. La joven fue trasladada a los separos donde permaneció una noche y la liberaron al día siguiente por falta de pruebas, sin embargo la investigación quedó abierta, por lo que tres años después se giró una orden de aprehensión en su contra. 

Comentaron que Helena fue sujeta a un proceso legal acusada de haberse provocado un aborto con pastillas, por lo que tuvo asumir el pago de 3 mil pesos por concepto de una fianza para obtener su libertad provisional. Más tarde, el Juez Tercero Mixto de Ciudad Valles la sentenció a un año de prisión por encontrarla responsable del delito de aborto, pero gracias al apoyo de su familia y organizaciones civiles, un juez del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí revocó la sentencia del primer juez en 2013 y la joven obtuvo su libertad. 

En opinión de las expertas, la “Marea Verde” en México impulsó cambios culturales y modificaciones a las normativas, por ejemplo, desde agosto de 2018 hasta mayo de 2021, se han identificado un total de 63 iniciativas relacionadas con el reconocimiento del aborto, algunas proponen la despenalización hasta las 12 semanas de gestación, otras el aborto como un servicio básico de salud, o la eliminación de la cláusula de “protección a la vida desde la concepción” en la constitución local.

Al hablar sobre los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Coahuila y Sinaloa, la ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat, señaló que “las dos resoluciones de la SCJN, sobre interrupción legal del embarazo y vida desde la concepción están íntimamente relacionadas. Hay situaciones de hecho que eran invisibles; ahora, son situaciones de las que debe hacerse cargo el Estado. En el asunto de objeción de conciencia, se reconoció que su ejercicio no debe volverse una forma de socavar los derechos de las mujeres”.

Ríos Farjat dijo que es necesario que los todos los Códigos Penales sean homologados y la objeción de conciencia sea regulada para así asegurar que las mujeres puedan acceder a un aborto sin miedo, de manera pronta y segura en su entidad, ya que la penalización en las normativas pone en riesgo la vida de ellas, en especifico de quienes se encuentran en situaciones vulnerables o sin un seguro médico. 

Para la ministra, los fallos de la Corte son un precedente y un primer piso para “ya no dar vuelta atrás hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, por ello lo que sigue “es legislar, lograr un tránsito cultural y de ahí ser más exigentes en el ámbito administrativo, en el que también hay barreras”. 

Las expertas, entre ellas la integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación contras las Mujeres y niñas, Dorothy Estrada Tanck, y la directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Ramos Duarte, concluyeron que es indispensable que la “Marea Verde” continúe haciendo olas a favor de la libertad y  la autonomía de las mujeres, crear más alianzas, hacer debates públicos, y unir más voces a la lucha. 

A pesar de que el camino aún es largo, comentaron, la lucha en los últimos años ha comprobado que la insistencia es la mejor manera para exigir los derechos y evidenciar las necesidades de las mujeres, aunque no debería ser de esa forma.  El movimiento feminista cada vez, es un grito más unificado por el aborto legal, seguro y gratuito, que promueve una cultura de acceso a la información con perspectiva de género.