CIDH atrae caso Brenda Quevedo, lleva 15 años privada de su libertad sin sentencia

En 2007 Brenda Quevedo Cruz fue detenida de manera arbitraria acusada de delincuencia organizada y secuestro, en el proceso sufrió tortura y agresiones. Desde entonces ha pasado 15 años privada de su libertad. Ahora su caso será analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar las violaciones a sus derechos humanos que perpetraron las autoridades mexicanas.

El 28 de noviembre de 2007 Brenda Quevedo fue detenida, desde ese momento se abrió ante sí un camino de impunidad compuesto por: violaciones al debido proceso y la presunción de inocencia, además de agresiones físicas en su contra como tortura y malos tratos. Lo anterior debido a que se le relacionó con el secuestro de Hugo Alberto Wallace en julio de 2005.

El Instituto Federal de Defensoría Pública Federal (IFDP), quien lleva la defensa de Brenda Quevedo Cruz, ha desarrollado una estrategia mediante la interposición de diversos incidentes, recursos y promoción de juicios de amparo con el propósito de que su proceso se lleve con estricto respeto y apego a los estándares nacionales e internacionales.

Sin embargo, el hecho de que Brenda Quevedo continúe privada de su libertad viola el artículo 20 constitucional en el cual se señala:

“La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”. 

Ante la serie de negligencias que ha enfrentado Brenda, su caso fue admitido por la CIDH el pasado 5 de enero, con el objetivo de “estudiar a fondo las violaciones a sus derechos”.

Organizaciones exigen que se garantice el acceso a la justicia a Brenda Quevedo

El caso de Brenda forma parte de una constante cadena de injusticia en México, ya que en nuestro país 230 mil personas están privadas de la libertad, de las cuales 5.62 por ciento son mujeres. En el caso de las mujeres, el 50 por ciento se encuentra en prisión preventiva, de acuerdo con la organización Intersecta.

Por ello, el caso de Brenda Quevedo podría sentar un precedente en el país. Ante este panorama organizaciones como EquisJusticia, Data Cívica, Intersecta, Documenta, CEA Justicia, CEPAD y Algazara, denuncian el uso de la prisión preventiva como regla y no como medida excepcional, como es el caso de la prisión preventiva oficiosa que obliga a los tribunales a enviar a las personas a la cárcel

En ese sentido, exigen que se resuelva la privación de la libertad de Brenda Quevedo Cruz, que su caso sea juzgado con perspectiva de género y se le garantice el acceso a la justicia.

Finalmente instaron a que en el marco del cambio de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se garantice el otorgamiento de recursos y el fortalecimiento del IFDP “para que continúe con su labor en la búsqueda del acceso a la justicia, sobre todo para las personas que son más afectadas por el abuso del sistema penal, las violencias y desigualdades estructurales del país”.