Senado propone cambios para igualar participación laboral de mujeres

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, en México solo 30 por ciento de las mujeres participan en el mercado laboral, en comparación con el 70 por ciento de los hombres, pero si la tendencia se igualara, el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecería 70 por ciento, es por ello que la cámara de Senadores aprobó un dictamen para generar condiciones para su integración social y productiva.

Hay que detallar que el PIB es el conjunto de bienes y servicios producidos en un país a lo largo de un año.

En México, las mujeres representan el 63.9 por ciento de quienes laboran en el sector educativo y el 55.7 por ciento de los oficinistas, pero si se consideran los funcionarios y directivos las mujeres son apenas el 39.2 por ciento del total, según las más recientes cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

También se cuenta con estimaciones, por parte del Banco Mundial, quienes consideran que proporcionar acceso a educación y a oportunidades de trabajo a las mujeres incrementaría el Producto Interno Bruto en 22 por ciento.

Pese a la evidencia que existe sobre cómo las empresas dirigidas por mujeres tienen mayor productividad, éste es todavía uno de los retos más importantes en la lucha por la igualdad de género: erradicar los estereotipos y las barreras que enfrentan las mujeres para estar en posiciones de liderazgo.

Ante este panorama la Cámara de Senadores aprobó un dictamen para generar condiciones para su integración social y productiva, porque las y los legisladores coincidieron en la importancia de reconocer y visibilizar la igualdad entre hombres y mujeres, además de impulsar, de manera progresiva, acciones o políticas públicas en las que ellas se conviertan en protagonistas en nuestra sociedad.

Sin embargo, “el panorama no es sencillo”, pues las mujeres se enfrentan a barreras económicas, culturales y familiares que las terminan orillando al mercado informal, tal como lo señala Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal.

Valeria Moy señala que las investigaciones al respecto señalan que las mujeres, incluso cuando tienen hijas e hijos u otras ocupaciones familiares, manifiestan estar dispuestas a participar en el mercado laboral, pero con la condición de que las empresas les otorguen mayor flexibilidad, de horarios y modelos de trabajo.

La especialista indica que esto solo daría una carga doble a las mexicanas, quienes tendrían que cumplir con el trabajo y seguir ejerciendo las labores de cuidados de manera exclusiva.

En el dictamen aprobado por el Senado, que reforma la Ley de la Economía Social y Solidaria, las y los senadores destacaron que es fundamental construir acuerdos que permitan impulsar acciones concretas para acelerar el empoderamiento económico de las mujeres, erradicar la pobreza en aquellas zonas en donde los núcleos familiares son ellas y que constituyen la única alternativa para sacar adelante a su familia. 

Además, subrayaron la importancia de incluir a las mujeres en las actividades económicas de la nación, ya que “no solo es una exigencia acorde con los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino que, en términos económicos, también representan ventajas para el país”.

¿Qué incluye el dictamen?

Para garantizar una plantilla paritaria en centros laborales, prohibir la discriminación e impulsar la capacitación en igualdad laboral el pleno del Senado aprobó diversas reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Las y los senadores consideraron que la ausencia de mujeres en cargos directivos de empresas privadas y públicas se debe a razones multifactoriales, y representa una de las consecuencias de la desigualdad social, económica y cultural a las que las mujeres han estado sometidas, por lo que es indispensable legislar para garantizar la igualdad de forma transversal en todos los ámbitos.

La reforma al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, enviada a la Cámara de Diputados, establece que la integración de la plantilla laboral, de preferencia, deberá estar conformada de manera paritaria, así como sus puestos directivos. 

Plantea además la existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación de género y violencia en contra de las mujeres, el cual defina sanciones internas por su incumplimiento.  

Se agrega que se debe impulsar un plan de capacitación y profesionalización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. 

Las y los senadores consideraron que la ausencia de mujeres en cargos directivos de empresas privadas y públicas se debe a razones multifactoriales, y representa una de las consecuencias de la desigualdad social, económica y cultural a las que las mujeres han estado sometidas, por lo que es indispensable legislar para garantizar la igualdad de forma transversal en todos los ámbitos.  

Posteriormente, la Asamblea aprobó reformas la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de que el Ejecutivo Federal considere como un lineamiento para la Política Nacional en Materia de Igualdad, la participación igualitaria y el reconocimiento de las mujeres en las ciencias de la salud. 

En el dictamen se expone que, en todas las ocupaciones médicas, con excepción de la enfermería, los hombres tienen una mayor percepción salarial que las mujeres, y solo el seis por ciento de las mujeres en el sector salud ocupan posiciones directivas, en las que además ganan 22 por ciento menos que los hombres.

También se aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual se incluyen programas que les permitan a las mujeres víctimas de violencia, su inserción laboral y empoderamiento económico.  

La propuesta enviada al Ejecutivo federal, tiene el objetivo de promover el empoderamiento económico de las mujeres, para que les facilite el pleno desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida que influyen directamente en su empoderamiento, desarrollo integral, plena participación y acceso a una vida libre de violencia. 

Se precisa que cualquier tipo de violencia afecta directamente el desarrollo de las mujeres, por lo que es fundamental impulsar medidas para aumentar su autoestima, autonomía e independencia económica y, mediante ello, estar en posibilidad de romper el círculo de la violencia.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que es fundamental impulsar un código de ética que prohíba y sancione la violencia en contra de las mujeres, y que garantice la integración de una plantilla laboral paritaria. 

Consideró necesaria la creación de un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal de los centros de trabajo.

Embarazo y matrimonio, principal freno

En el primer trimestre del año, cerca de 104 mil 125 personas abandonaron su empleo, de las cuales 93.5 son mujeres quienes sufrieron esta afectación por motivos de matrimonio, embarazo o responsabilidades familiares, porque las mujeres tienen el rol principal de cuidados, al ocupar hasta 40 horas a la semana, lo que equivale a una jornada laboral completa, a las labores del hogar.

La mitad de las mujeres en México forman parte de la fuerza laboral, al corte del cuarto trimestre del 2022 se registró una tasa de participación de mujeres de 45.6 por ciento, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Este nivel de participación laboral refleja una reintegración consolidada de las mujeres a sus empleos, después de la crisis de trabajo provocada por la Covid-19.

Pese a la recuperación pospandemia, las cifras muestran un estancamiento importante: en 10 años, la tasa de participación femenina no ha logrado incrementar apenas dos puntos, lo cual se podría explicar debido a que muchas mujeres no tienen acceso efectivo a derechos básicos como la educación o desarrollo profesional, o destinan mucho más tiempo que los hombres a las tareas del hogar.

La discriminación y los estigmas de género son una realidad que deja a las mujeres en desigualdad de oportunidades laborales respecto de sus pares hombres. La brecha de desigualdad se amplía conforme más alto es el rango del puesto.