La Red Nacional de Periodistas reclamó a las distintas instancias del Estado mexicano la simulación e insuficiencia de las acciones para garantizar los derechos a la libertad de expresión, información, a la comunicación y a una vida libre de violencias.
Este colectivo nacional expuso que, en el contexto de violencia y censura generalizado en el país, ha dejado 430 casos documentados de agresiones contra mujeres periodistas en los dos últimos sexenios presidenciales, 19 feminicidios y dos desaparecidas.
Una de las comunicadoras víctimas de estos crímenes fue la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, asesinada durante el sexenio del gobernador priista Javier Duarte, el 28 de abril de 2012.
La Red también exigió al Congreso de la Unión reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la violencia mediática como otra forma de agresión.
El pronunciamiento fue elaborado por reporteras de 78 medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en 19 estados del país, participantes en el séptimo encuentro de la Red efectuado este fin de semana en Oaxaca.
Como acuerdo del encuentro, la Red demandó al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria sobre el artículo 134 constitucional en materia de regulación de la publicidad oficial, “que establezca normas que garanticen que el gasto de comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, además de que se respeten los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Durante dos días, en el encuentro se revisó la situación de las comunicadoras en todo el país y los reportes que sobre la violencia contra las mujeres periodistas y la violencia política y misoginia en las campañas ha generado la organización civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
Entre ellos, destaca que 56% de las agresiones cometidas contra comunicadoras son originadas por agentes del Estado en las instancias locales, estatales o nacional, con una evidente carga de género que estriba en acoso, hostigamiento y abuso sexual, difamación y calumnias con cargas sexistas, así como un impacto a la vida profesional, personal y familiar.
En esta reunión se acordó también denunciar condiciones laborales precarias, jornadas de trabajo masculinas, ausencia de derechos laborales, brechas salariales de género y las violencias al interior de algunas redacciones, condiciones que vulneran el pleno ejercicio periodístico.
“Hemos evidenciado la ausencia de las mujeres en las noticias donde sólo 24% de los contenidos mediáticos contemplan a las mujeres como fuentes de información y, cuando son representadas, lo son desde el sexismo, la discriminación y son revictimizadas”, indicaron las periodistas.
Por ello, se reprobaron las acciones de las distintas instancias y se exigió que las autoridades cumplan los acuerdos internacionales, y específicamente la recomendación 25 de la CEDAW sobre la protección de mujeres periodistas; cumplir los acuerdos pactados en casos específicos de reporteras violentadas, y que se haga cumplir la Ley Federal del Trabajo sin favorecer a empresarios de medios en detrimento de la condiciones o demandas laborales de comunicadoras.
También se expresó un rechazo a leyes estatales que simulan proteger a periodistas, como la llamada “Ley Borge” en Quintana Roo, “y en aquellos casos en que la instancia de protección estatal funciona y cuenta con el reconocimiento de los periodistas, que se fortalezca y mantenga su carácter independiente”.
