La crisis de derechos humanos que arrastra México, que ha cobrado miles de víctimas desde 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, no aparece como uno de los temas torales en la retórica de los aspirantes a suceder a Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo marcado por tragedias como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de jóvenes en Papantla y Poza Rica, por las masacres de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, y operativos de represión, como en Nochixtlán.
Proceso consultó a defensores que buscan posicionar la grave crisis de derechos humanos en la agenda de los aspirantes, a partir de distintas estrategias, convencidos de que el tema no puede ser ignorado por los candidatos presidenciales Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, así como los independientes Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala.
Para Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, la gran preocupación no sólo es “la falta de formación y sensibilidad” en la materia, sino que “ni siquiera desde el punto de vista humano y ético ha habido consideraciones sobre las víctimas, que son tantas en el país y son una herida abierta; ignorar esa herida es cinismo”.
Ríos Martínez da cuenta de casos concretos en que se advierte la falta de conocimiento, desde pifias como hablar de la “Convención Internacional de Derechos Humanos”, de Meade el 1 de febrero, hasta “la peligrosa alianza que ha hecho López Obrador con el Partido Encuentro Social, con posturas contrarias al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población LGBTI”.
Para el defensor, que representa a 84 agrupaciones de 23 estados del país, lo que la sociedad civil exige son “mensajes y compromisos claros que atiendan la complejidad de la crisis de derechos humanos, la grave impunidad, es decir que se pronuncien sobre estos elementos tan importantes para el ciudadano común y corriente”.
Abuso de poder
La grave situación de los derechos humanos en el sexenio fue expuesta recientemente por el presidente de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
En la presentación de su informe del 28 de marzo expuso una ominosa numeralia: un millón 257 mil personas acudieron a la CNDH “para solicitar su intervención o asesoría por considerarse agraviadas por algún abuso de poder”; de ellos se lograron integrar expedientes por violaciones como detención arbitraria, 5 mil 86; por tortura, 274; 195 por privación de la vida, 89 por desaparición forzada y 11 por ejecución sumaria o extrajudicial, además de 52 homicidios de periodistas, cifra igual a la registrada durante el sexenio de Calderón.
En diversas conferencias de prensa, González Pérez ha anunciado que su equipo elabora una agenda sobre derechos económicos, sociales y culturales y sobre cómo atender la seguridad, evitar la violencia y erradicar la impunidad y la corrupción.
Entrevistado por la reportera días antes de rendir su informe, y en vísperas del arranque formal de la contienda por la Presidencia de la República, González Pérez alertaba que “una contienda en la que no estén cuáles van a ser los compromisos concretos en materia de derechos humanos, estaría realmente vacía, porque lo que sustenta el estado democrático de derecho es precisamente los derechos fundamentales. Tenemos que poner en el centro no a las instituciones del Estado, no al Estado por sí mismo, sino a las personas”.
Las desapariciones de personas forman parte de los asuntos insoslayables en la actual crisis de derechos humanos, apuntaba González Pérez en la charla: “¿Qué respuesta dan a los colectivos de familiares en estas contiendas? ¿Cuál es la propuesta? Porque, ¿qué esperan las familias? Saber el paradero de los desaparecidos. Más que determinar la responsabilidad, que debe haberla, quieren saber la verdad. Ese es un tema de la agenda nacional prioritaria en materia de derechos humanos”.
Las desapariciones, así como las detenciones arbitrarias, la violencia contra las mujeres y las agresiones a los periodistas son, para organizaciones como Amnistía Internacional y Artículo 19, temas relevantes de la agenda de derechos humanos, incluidos en la plataforma mexicosinmiedo.mx, lanzada el lunes 9, destinada a monitorear los mensajes que sobre esos tópicos hagan los candidatos a la Presidencia.
Hasta el cierre de esta edición la plataforma, en la que todavía no se consideraba al Bronco, registraba a partir del 31 de marzo ínfimas menciones de los candidatos en sus cuentas de Twitter sobre los cuatro temas fijados por las organizaciones.
De los 78 tuits emitidos por Anaya sólo había hecho mención de esos temas en cinco ocasiones, lo que representaba 6.41% de sus mensajes. Zavala lo había hecho en seis de 77 tuits, lo que representa 7.79% del total emitido por la esposa de Felipe Calderón. Ni López Obrador ni Meade se ocuparon del tema de derechos humanos en los primeros 13 días de monitoreo.
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva en México de Amnistía Internacional, explica en entrevista que el sustento para dar seguimiento a lo que los candidatos expongan públicamente sobre esos temas radica en cifras oficiales devastadoras: 35 mil 410 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron 2 mil 500 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 671 fueron tipificados como feminicidios, en tanto que 61 mil mujeres fueron víctimas de lesiones.
En materia de detenciones arbitrarias, que forma parte del “top diez de las violaciones más frecuentes” según los registros de la CNDH, añade, en 2017 el organismo documentó 398 quejas, en tanto que en el tema de periodistas, en el último informe anual de Artículo 19, “Democracia simulada, nada que aplaudir”, se dio cuenta de 534 agresiones contra la prensa en 2017, entre ellas 12 homicidios y una desaparición, elevando a mil 986 los ataques a los comunicadores durante el sexenio de Peña Nieto, lo que representa 2.5 veces más que lo registrado durante el gobierno de Felipe Calderón.
Aunado a estas cifras y a niveles de impunidad de 98%, Reneaum Panszi advierte como la “herencia” del gobierno de Peña Nieto “el no reconocimiento de la grave crisis de derechos humanos, lo que eliminó cualquier posibilidad de actuar en consecuencia y, en segundo término, frente al escrutinio internacional, fue replegándose progresivamente. La primera señal fue no aceptar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el del relator especial sobre la tortura, de la ONU, Juan Méndez”.
Al abundar sobre la plataforma mexicosinmiedo.mx, la directora en México de Amnistía Internacional advierte que, en los cuatro temas a monitorear, “la línea transversal es el sistema de justicia”.
Tras señalar que el 27 de junio terminará el análisis, para elaborar un informe que se entregará al próximo presidente, Reneaum destaca que el ejercicio no sólo tiene como objetivo “el tuiteo masivo” a las cuentas de los candidatos para que respondan a los ciudadanos, sino que es fundamental que los aspirantes “vean los problemas desde la perspectiva de los derechos humanos” para el diseño efectivo de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
Visualizar los asuntos nacionales desde la mirada de las víctimas y los ciudadanos “abre la posibilidad de darle control al Estado y fortalecerlo en términos de derechos humanos, de respeto a las víctimas, y cuando reconoces la crisis de derechos humanos, que ese es el gran desafío, es de esperar que actúes en consecuencia”, puntualiza.
Intentos previos
La inquietud de organizaciones civiles por que los aspirantes presidenciales atiendan temas fundamentales de derechos humanos no es nueva, recuerda Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Desde 2006, apunta, hubo acercamientos con candidatos; ese año quien acudiría al llamado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que organizó un encuentro, sería Andrés Manuel López Obrador; en 2012 la experiencia más nítida fue la respuesta a la convocatoria del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia; otra, de menor impacto, fue el #Yosoy132.
En este año electoral, el primer intento de involucrar a los candidatos ocurrió el 31 de enero pasado, mediante una carta enviada a los entonces tres precandidatos Anaya, López Obrador y Meade, soportada por 300 organizaciones del colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.
Los activistas invitaban a los aspirantes a recurrir a su liderazgo para impulsar entre las facciones partidarias del Congreso que apoyaban sus respectivas candidaturas, reformar el artículo 102 constitucional en el periodo de sesiones que culmina este lunes 30.
Aunque el único que respondió positivamente fue Anaya, ello no se tradujo evidentemente en acciones concretas, “y ahora lo que hay que cuidar es que no se quiera dar un albazo legislativo con miras a garantizar la impunidad del grupo en el poder, ante una eventual pérdida de las elecciones”, advierte Solís.
En tanto, la apuesta de diversas organizaciones sociales es influir para que los candidatos expongan públicamente sus propuestas en materia de derechos humanos en el debate del domingo 22, destinado a abordar los temas de política y gobierno; combate a la corrupción y la impunidad; seguridad pública y violencia; y democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
Tras diversas reuniones con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos el presidente, Lorenzo Córdova, un grupo de organizaciones encabezadas por Serapaz, alistan un cuestionario que “se le entregará al INE, y éste lo dará a los conductores del debate (Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento) como insumos para cuestionar a los candidatos” sostenidos en cuatro pilares, apunta Solís.
