Defensoras de derechos de las mujeres denunciaron omisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto para detener la violencia feminicida que ha cobrado la vida de ocho mil 904 víctimas, entre 2014 y 2017, de cuyos casos sólo 24% fueron investigados como feminicidios.
En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Asmira Noemi Navarro, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, acusaron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de no responder a sus solicitudes de audiencia para abordar las deficiencias de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en la implementación de la Alertas de Violencia de Género (AVG).
Acompañadas del secretario técnico de la Red de Organismos Civiles todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Fernando Ríos, las activistas urgieron al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a fortalecer a la Conavim y “garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
También se dirigieron a quien ha sido mencionada como próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien le recordaron que esa dependencia tiene gran relevancia en las declaratorias de AVG.
Las defensoras recordaron a Peña Nieto y Navarrete Prida “que aún le quedan 109 días para que concluya su mandato como servidores públicos”, por lo que rechazaron “toda inacción del gobierno actual para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo reconociendo el contexto de prevalencia y agudización”.
La Segob ignora su petición
El 12 de abril, explicaron, enviaron una carta privada al titular de la Segob en la que enlistaron una serie de preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, hasta ahora no han tenido respuesta.
Entre las principales fallas de la Conavim para implementar las AVG, según las denunciantes, destacan “la falta de investigación exhaustiva sobre los problemas denunciados por las organizaciones de la sociedad civil al solicitar las declaratorias de AVG”; aprovechamiento de los vacíos legales del reglamento para evitar las declaratorias; “falta de garantía a la participación y voto de las organizaciones civiles, desconociendo su interés legítimo y legal, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia”.
Las inconformes agregaron que los responsables de la Conavim han llegado a argumentar que el reglamento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia “no le es obligatorio”. Peor aún, acusaron que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) incumplió con su compromiso de reformar esa ley, “pese a la agudización de los casos de violencia, desaparición, trata, feminicidios, entre otros tipos de violencia”.
Además, destacaron que avisaron de dichas fallas a Alfonso Navarrete, sin que éste haya respondido a la solicitud de un encuentro con las activistas, ni “aún cuando la violencia feminicida constituye violaciones graves a los derechos humanos, particularmente, porque la mayoría de los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres ocurren como consecuencia de los contextos de alta criminalidad y de violencia generalizada”.
Las activistas consideraron grave la omisión del funcionario, debido a que la violencia feminicida va en aumento, sin que haya acciones concretas ante patrones identificados en informes de las AVG de entidades como el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Morelos, Sinaloa, entre otros que “fueron catalogados como estados altas criminalidad”.
Ante inoperancia, amparos
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, lamentó que, ante la inoperancia de las instituciones encargadas de implementar las AVG, las organizaciones tengan que recurrir al Poder Judicial Federal.
“Hemos tenido que activar procesos amparo para que el mecanismo funcione, que investigue, para que se lleven a cabo medidas de seguridad, de prevención y de procuración de justicia que permitan detener el problema de violencia feminicida que hemos estado denunciando”, dijo.
Además, recordó que el OCNF documentó ocho mil 904 asesinatos de mujeres ocurridos de 2014 a 2017, de los cuales dos mil 188, es decir sólo 24%, fueron investigados como feminicidios.
Para las defensoras resulta grave que las instituciones se resistan a abrir investigaciones como feminicidios y que, “de manera alarmante preocupa la brutalidad, saña e impunidad que impera en los casos registrados, lo que hace necesario el fortalecimiento, operatividad y compromiso de las autoridades de todos los niveles de gobierno”.
Ante la desatención del tema, recordaron a Peña Nieto y a Navarrete Prida que su administración no ha terminado y reprobaron que ambos no tomen las medidas necesarias para la “prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo reconociendo el contexto de prevalencia y agudización”.
Fernando Ríos, secretario técnico de la TDT, recordó que el periodo de transición “no exime al actual gobierno de realizar acciones urgentes para detener la violencia feminicida”.
