Marchas, bloqueos de carreteras, tomas de oficinas públicas, reclamos y otras protestas se han registrado en Chiapas a un año del sismo de 8.2 grados que sacudió la entidad y afectó 97 de sus 122 municipios.
Según datos oficiales, el terremoto del 7 de septiembre de 2017 dejó daños –en muchos casos pérdida total– en las viviendas de más de 46 mil familias, principalmente en zonas rurales. También sufrieron las consecuencias más de 800 escuelas, 184 hospitales, clínicas, centros de salud y edificios públicos, así como 462 iglesias y monumentos históricos.
Fernando Ríos, miembro de la Red Todos los Derechos para Todos (RedTDT), dice que los gobiernos estatal y federal les fallaron a los damnificados, muchos de los cuales aún esperan la ayuda prometida.
La RedTDT, junto con los centros Digna Ochoa, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Matías de Córdova, Voces Mesoamericanas y el Servicio y Asesoría para la Paz realizaron un diagnóstico en Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, que se cuentan entre los 97 municipios afectados.
En las comunidades de Paredón, Huizachal, Gustavo López y Nuevo Urbina, en la región costera, constataron que cientos de familias se quedaron con el folio asignado, pero los recursos nunca llegaron. Los más afortunados obtuvieron 85 mil de los 120 mil pesos que públicamente les prometió la autoridad.
Dicen que a la población afectada no le importa que el gobierno federal le eche la culpa al estatal por no aportar su parte; para ellos el responsable es el Estado Mexicano, que asumió el compromiso incumplido.
Y no sólo son viviendas. En la región fronteriza del río Suchiate varios municipios siguen esperando que se reconstruyan o rehabiliten al menos 40 escuelas, sobre todo de nivel básico, que no funcionan desde el sismo del 7 de septiembre de 2017.
Javier Ovilla Estrada, líder de uno de los comités de padres de familia, expuso que, pese a las marchas, los bloqueos de carreteras y la toma de puentes fronterizos internacionales, el gobierno estatal no escucha sus demandas y los trae “a puras minutas”. En tanto, dice, miles de niños toman clases en aulas a punto de colapsar, bajo unos árboles, en bodegas o galeras improvisadas en Suchiate, Tuxtla Chico y Tapachula.
Compromisos sin valor
El pasado viernes 7, aniversario del sismo, amaneció bloqueado el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, en donde maestros, padres de familia y alumnos colocaron piedras, palos y llantas.
Consultados ahí, explicaron que poco después del sismo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y el gobernador Velasco Coello llegaron al Centro de Atención Múltiple 34, ubicado en esta zona. Ambos les prometieron reconstruir esta escuela, lo que siguen esperando.
A la protesta acudieron niños con capacidades diferentes, algunos en silla de ruedas. “Que el gobierno nos voltee a ver. Se van a ir y nos van a dejar así”, clamó Josefa López Flores, madre de familia.
El recuento de daños oficial arrojó 46 mil 773 viviendas afectadas, 14 mil 73 de las cuales deben demolerse para construir otras, en tanto que 32 mil 700 tienen daños parciales.
Si bien se entregaron 45 mil 216 tarjetas Bansefi, de las cuales 13 mil 550 amparan por daño total y 31 mil 666 por daño parcial, quedaron pendientes 1 mil 557, de las cuales actualmente 41 están en proceso de cambio de nombre y 1 mil 516 ya están en sucursales de la institución bancaria, listas para su entregada.
A las personas que ya recibieron su tarjeta se les depositaron mil 564 millones 892 mil pesos, de los cuales ya retiraron mil 525 millones 357 mil 337 pesos. Asimismo, en el reporte del pasado 9 de abril consta que 9 mil 889 de las 14 mil 73 familias que sufrieron la pérdida total de su vivienda y recibieron su tarjeta, ya iniciaron su reconstrucción.
Según Luis Manuel García Moreno, secretario estatal de Protección Civil, con la entrega de recursos a través de las tarjetas el gobierno de Velasco Coello cumple su compromiso de apoyar a la población damnificada, con la confianza de que harán buen uso de los recursos.
Sin embargo, los mencionados organismos defensores de los derechos humanos señalan que a la mayoría de quienes consiguieron registrarse en el censo les dieron tarjetas de Bansefi sin fondos y después de meses les empezaron a depositar a cuentagotas. Ante la urgencia de la reconstrucción, los precios de materiales subieron sin control y el dinero no acaba de llegar.
Tan solo en Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Tonalá y Mapastepec, más de 4 mil damnificados no recibieron ningún apoyo porque no figuran en el censo. Unos mil 200 de Arriaga, mil 600 de Tonalá y 900 de Pijijiapan sí fueron registrados y recibieron folios, pero no las tarjetas ni el dinero, por lo que sus casas –con lo poco que ellos pueden reunir o les prestó un banco– siguen en obra negra, algunas sin techo o paredes. Otros de plano siguen viviendo en carpas, rentan lugares improvisados se quedaron en sus ruinas.
Y a los que sí recibieron recursos les depositaron apenas el 70%, es decir, la aportación federal, ya que el 30% que le tocaba al gobierno chiapaneco no llega. Cuando la titular de la Sedatu, Rosario Robles, le reclamó al gobierno de Velasco su incumplimiento, éste le respondió en una misiva oficial, en la que calificó sus acusaciones de “lamentables e imprecisas”.
El secretario de Protección Civil del estado, García Moreno, reprochó a Robles Berlanga “el no haberle cumplido a los chiapanecos y abandonarlos, ya que lleva prácticamente un año sin poner un pie en Chiapas”. Además, la acusó de no precisar que ella pretendía que el estado se endeudara para cubrir su porcentaje de recursos para la reconstrucción, pero el gobierno de Velasco no estuvo de acuerdo. Sin embargo, remató con el “compromiso” de seguir trabajando con el gobierno federal y los municipales para la recuperación de las viviendas y la atención a las familias afectadas por los sismos del año pasado.
Varios activistas, como Nataniel Hernández, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, llamaron a los gobiernos de Velasco Coello y Peña Nieto a concluir la reconstrucción de viviendas, escuelas y centros de salud, así como a investigar, resolver y evitar actos de corrupción en el manejo de los recursos.
Durante la semana del primer aniversario del sismo visitó Chiapas el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien informó que al organismo autónomo llegaron quejas de damnificados del segundo sismo (el del 19 de septiembre), quienes no han sido atendidos en Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca.
Por esa razón, la comisión emitirá un informe detallado y exhortará a las autoridades estatales y federales a que cumplan sus compromisos, ya que se están documentando violaciones graves a derechos humanos, como el derecho a una vivienda digna.
Este reportaje se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.
