La Ley de Seguridad Interior (LSI) está a punto de ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con dos votos más, el máximo tribunal del país echaría abajo la ley con la que se pretende justificar la participación de los militares en tareas de seguridad pública, como ha ocurrido en los dos sexenios anteriores, y que el próximo gobierno pretende mantener.
Luego de dos sesiones de los juicios constitucionales contra la LSI, seis ministros se han pronunciado por declarar inconstitucional la norma aprobada por el anterior Congreso y sancionada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Para que una ley sea expulsada del orden jurídico del país se necesita una mayoría calificada de ocho votos del pleno.
Los ministros que están por la inconstitucional argumentaron que hubo vicios parlamentarios durante la aprobación de la ley, además de que ésta “encubre” la presencia del Ejército y la Marina en funciones de seguridad pública.
El exprocurador general de la República en el gobierno de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora, fue enfático en su rechazo.
De mantenerse la LSI “podría perpetuarse el incentivo perverso” de que las autoridades civiles se desentiendan de su obligación constitucional de dar seguridad a los ciudadanos”, expresó el también director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la gestión de Vicente Fox.
Ambos gobiernos incentivaron la participación de los militares en el combate al narcotráfico.
El Ejecutivo federal puede disponer de las Fuerzas Armadas, pero el Congreso no está facultado para legislar en materia de seguridad interior”, por lo que la norma es “un fraude” constitucional, dijo Medina Mora.
El ministro Arturo Zaldívar, quien aspira a asumir la presidencia de la SCJN en enero próximo, dijo que la ley “encubre una función de seguridad pública”, aunque lleve el nombre de seguridad interior.
Coincidió en que ésta es una facultad exclusiva del titular del Ejecutivo Federal. Lo mismo expresó el ministro José Ramón Cossío Díaz.
A esos tres votos se sumaron los de los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, quienes de plano propusieron desechar en su totalidad el proyecto en discusión.
La propuesta de resolución fue presentada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien plantea rechazar sólo algunos artículos y declarar constitucional la participación “subsidiaria” de los militares en tareas de seguridad pública.
