A tres días de que se lleve a cabo la consulta convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre megaproyectos durante su administración, voces de distinta índole, desde académicos, defensores y representantes de pueblos indígenas, llamaron a posponer el arranque de la construcción del Tren Maya, programado para el 16 de diciembre.
En una carta dirigida a López Obrador para referirse a los proyectos del Tren Maya y el Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, los especialistas y defensores advirtieron que las seis entidades en que se pretenden llevar a cabo los megaproyectos son considerados como “hábitats críticos que abarcan áreas con alto valor de diversidad” y que el país “ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante”.
Al recordar que está “en grave riesgo la sustentabilidad ecológica del territorio mexicano”, los firmantes advierten que es por ello que “los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios quienes han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país”.
Resaltaron que los proyectos impulsados por López Obrador tienen características similares a los contemplados en el Plan Puebla Panamá, que “han sido fuertemente rechazados por su carácter esencialmente mercantil por el daño ecológico que ocasionan y los conflictos sociales que generan”.
Al señalar que antes de iniciar un megaproyecto con la dimensión que plantea el próximo presidente de la República tienen que dar su beneplácito las dependencias involucradas en temas ambientales, de agua, de la cultura, del patrimonio histórico y arqueológico, así como de los pueblos indígenas, los firmantes de la carta recordaron que tienen que ser consultados los poseedores de las tierras.
“Consideramos fundamental no pasar por alto el principio de ‘consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas’ a que obliga el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo”, misma que no puede sustituirse con una “consulta nacional”.
Al destacar que también tendrá que ser tomada en cuenta la opinión de científicos y académicos, los firmantes apuntaron que la consulta a los pueblos indígenas forma parte del bagaje de “derechos humanos perfectamente establecidos y legitimados, cuyo incumplimiento habrá de dar lugar a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso a instancias correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas”.
Tras considerar que buena parte de quienes votaron a favor de López Obrador fue en respuesta al repudio a más de 30 años de imposición de un modelo económico que opera en contra de los pueblos indígenas y el medio ambiente, puntualizaron que “el verdadero bienestar social con sustentabilidad ecológica no puede derivar de la destrucción de la naturaleza ni del atropello al respeto elemental de los derechos de los pueblos y comunidades que habitan estos territorios”.
Los especialistas de distintas materias y defensores de derechos humanos alentaron a López Obrador a “demostrar que se puede y se debe proceder de otra manera” a la que lo hicieron los gobiernos anteriores en el impulso del desarrollo regional, de lo contrario “se irá desgastando el necesario apoyo que su gobierno requiere para sacar adelante un país con graves rezagos en los más diversos órdenes”.
Entre los firmantes de la carta están el antropólogo Alfredo López Austin, el artista plástico Francisco Toledo, el defensor Miguel Concha Malo, el actor Héctor Bonilla, el politólogo Sergio Aguayo, la ambientalista Adelita San Vicente y los escritores Juan Villoro y Homero Aridjis, entre decenas de investigadores de distintas universidades del país.
A la petición de suspender el arranque del Tren Maya se sumaron Integrantes de la Red Nacional Indígena (RNI), que urgieron al Congreso de la Unión a aprobar la iniciativa de ley por la que se crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), surgido de diversos foros de consulta en el país.
En conferencia de prensa, representantes de la Red Nacional Indígena confiaron en que la consulta convocada para el próximo fin de semana no sustituya la que el gobierno de López Obrador tendrá que garantizar en apego al Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a someter a consulta los megaproyectos en territorio indígena.
Margarito Ruiz, indígena maya de Chiapas, destacó que el ejercicio del fin de semana “no tiene carácter vinculante”, por lo que los integrantes del RNI se suman a la petición de los especialistas y ambientalistas de “suspender la puesta en marcha de la construcción del Tren Maya programado para el 16 de diciembre”.
Marcos Matías Alonso, quien fuera director del Instituto Nacional Indigenista con el gobierno de Vicente Fox, destacó que la urgencia por aprobar la ley por la que se crea el INPI es porque “dentro de sus facultades está la de organizar las consultas a los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales, de ahí que a esa dependencia le tocaría consultar sobre el Tren Maya”.
Carlos de Jesús Alejandro resaltó que “los indígenas no nos oponemos al desarrollo, lo único que pedimos es que se nos tome en cuenta cuando se trata de proyectos que impactan nuestros territorios”.
El abogado indígena Manuel Vázquez Quintero resaltó que, de llevarse a cabo las obras del Tren Maya sin apegarse al derecho internacional, “que por el artículo primero de la Constitución es ley, se tendrá que recurrir a los tribunales, como lo hemos hecho en otros casos”.
Los representantes indígenas exigieron a los legisladores realizar las reformas constitucionales necesarias para “el reconocimiento integral” de los derechos de los pueblos originarios y “cumplir con los acuerdos de San Andrés e implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales”.
