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AMLO comete un “error colosal” con la Guardia Nacional, advierte organismos internacionales

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Organizaciones internacionales alertaron sobre los riesgos de perpetrar la crisis de derechos humanos en México a través de la aprobación de la Guardia Nacional, que sería coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

 

“Al redoblar la apuesta de esta estrategia  fallida, López Obrador comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causando en México en los últimos años”, advirtió José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado, la organización con sede en Washington recordó que el uso de las Fuerzas Armadas “para enfrentar a la violencia criminal ha provocado abusos generalizados, incluidas ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas”.

Al destacar que López Obrador heredó del gobierno anterior “una catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran media, por la militarización de la seguridad pública del país”, Vivanco puntualizó que al pretender continuar con esa “estrategia fallida”, se olvida que “las Fuerzas Armadas del país están hechas par la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad”.

La organización no gubernamental resaltó que tras 12 años de “guerra contra el narcotráfico” ha quedado más que demostrado que las Fuerzas Armadas no sólo no han logrado reducir la violencia en el país, sino que “es posible que hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento de la cantidad de homicidios en estos años”.

Ante la pretensión de López Obrador de hacer a un lado las apariencias, que habían mantenido los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de que las fuerzas castrenses cumplían “tareas de seguridad pública como un rol auxiliar y temporal”, el director para América Latina de Human Rights Watch llamó al presidente a desistir de su proyecto de militarización.

“Instamos a López Obrador a reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa”, exhortó Vivanco.

El defensor recomendó al presidente “comprometerse a mejorar las fuerzas de policía civil del país, una tarea que por compleja que sea, es esencial para terminar de manera sostenible la violencia y los abusos que han proliferado en México”.

En la víspera, Amnistía Internacional, lanzó una Acción Urgente, ante la eminente aprobación de reformas constitucionales para poner en manos de los militares la seguridad pública.

La organización con sede en Londres, alertó sobre la iniciativa de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de reformar 13 artículos de la Constitución, para la creación de la Guardia Nacional, haciendo un lado la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 15 de noviembre, que declara que “el empleo permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es inconstitucional”.

La organización criticó que legisladores pretendan cambiar la Constitución para “eximir a los miembros de la propuesta ‘Guardia Nacional’ de la norma constitucional bajo el Artículo 129 que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, excepto en tiempos de guerra”.

Amnistía alertó que la propuesta de López Obrador respaldada por los legisladores, “carece de suficientes mecanismos de supervisión de las acciones de las Fuerzas Armadas, pasa por alto la urgente necesidad de fortalecer las instituciones civiles de policía, y en su lugar propone que la Policía Federal sea parte de la ‘Guardia Nacional’, integrada por fuerzas militares”.

La organización urgió a ciudadanos a pronunciarse en contra de la pretensión presidencial de que dicho cuerpo de seguridad “esté bajo el control de la Sedena y reciba entrenamiento militar”, así como que se amplíen los poderes “para realizar funciones policiales y abriría la posibilidad para que ésta ejecute ordenes judiciales y otras tareas que hasta ahora estaban expresamente reservadas a las instituciones policiales civiles”.