Activistas exigen atender el descontrolado incremento de feminicidios en Chiapas

La red de activistas y organizaciones civiles que conforman la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas exigió al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, que atienda de manera puntual el incremento descontrolado de crímenes contra mujeres en el primer bimestre de 2019.

Las integrantes de la Campaña exigieron que las acciones recomendadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) sean extensivas a todos los municipios de la entidad, dada la gravedad de la violencia feminicida.

Asimismo, pidieron al Congreso local que destine un presupuesto para implementar en todos los municipios las medidas dispuestas en la DAVGM.

A Escandón Cadenas le exigieron que remueva a la Fiscalía General del estado (FGE) como encargada de dar seguimiento a dicha Declaratoria, es decir, que designe a otra dependencia, de común acuerdo con las peticionarias, para que no sea juez y parte de la violencia feminicida y tenga capacidad de actuar.

Señalaron que en el primer bimestre de este año se registró un grave incremento de casos de violencia contra las mujeres, que han sido desaparecidas, agredidas, violentadas sexualmente y asesinadas.

Datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, así como de diversos colectivos y organizaciones civiles que han documentado la violencia feminicida en Chiapas, coinciden que tan sólo en lo que va de 2019 se han registrado 18 muertes violentas de mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años.

De ese total, únicamente seis fueron calificadas por los impartidores de justicia como feminicidio.

Los colectivos han documentado al menos 27 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales 12 fueron clasificados como violencia física, 12 como violencia sexual --10 contra niñas y adolescentes-- y tres como violencia patrimonial.

Señalaron que a estas cifras se suma la desaparición de 14 mujeres adultas y 19 niñas y adolescentes (de entre tres y 17 años de edad), de las cuales 15 han sido localizadas.

“No obstante la gravedad sobre el incremento de la violencia feminicida en Chiapas, nos preocupa la actuación de las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia en la entidad, ya que continúan realizando prácticas discriminatorias de género, clase y etnia que obstaculizan el acceso a la justicia a las mujeres, reproduciendo la violencia patriarcal, el abuso de poder, la discriminación y menosprecio a las víctimas que se atreven a denunciar, exigir verdad y justicia evidenciando la negligencia de las instituciones y sus titulares”, subrayaron las activistas.

De manera particular destacaron la actuación de la FGE, además de que el Poder Judicial, a través de los juzgados de distrito federal y estatal, “ha demostrado su incapacidad para juzgar con perspectiva de género, haciendo caso omiso a manuales y protocolos de actuación”.

En contextos de violencia y creciente conflictividad, la violencia feminicida “es una de las expresiones más claras y atroces de la ineficacia e incapacidad de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones de prevención, seguridad y cero tolerancia que erradiquen la violencia hacia las mujeres”, puntualizaron.

Explicaron que la impunidad, ausencia de protocolos de actuación, criterios de investigación y juicio carentes de perspectiva de género, así como el desconocimiento del marco normativo de derechos de protección a las víctimas de violencia de género y feminicidio, da cuenta del deficiente y negligente papel de la FGE como entidad responsable de dar seguimiento a la implementación de la DAVGM.

A nivel nacional, recalcaron, el panorama es menos alentador, porque actualmente 56% del territorio se encuentra en Alerta de Violencia de Género.

Finalmente, reiteraron su preocupación ante este contexto de violencia feminicida, pues las cifras mencionadas “representan tan sólo una mirada parcial de la dimensión real de la violencia que vivimos las mujeres en Chiapas, (por lo que) exigimos a las autoridades asumir la violencia feminicida como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública”.