JA Teline V - шаблон joomla Форекс
21
Mon, Aug
138 New Articles

“Con dolor e indignación”, peregrinan a 10 años de la masacre en Viejo Velasco

Principal
Typography
“…es muy difícil recordar esta gran violencia que vivimos, porque el día de los hechos yo estaba ahí”.
“…estaba embarazada de cuatro meses, salí corriendo hacía el monte, en el camino encontré a los palestinos y comenzaron a dispararme, no sé cuántas balas fueron las que me dispararon, gracias a Dios no me pegaron.” 

 

(testimonio de los familiares y víctimas)

A diez años de la cruel Masacre en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, con dolor e indignación estamos peregrinando por la Memoria de nuestros hermanos asesinados en la madrugada del día 13 de noviembre del 2006. Esta masacre fue perpetrada por 40 civiles Sub-comuneros de Nueva Palestina y de la comunidad Lacandona, acompañados por un grupo de 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas; cinco Fiscales del Ministerio Público; dos Peritos; el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la Secretaria de Desarrollo Social, que portaban armas de alto calibre. El saldo de esta injusticia ocasionó la muerte de: Antonio Mayor Benito Pérez, Filemón Benítez Pérez y María Núñez Gonzáles y cuatro desaparecidos: Miguel Moreno Montejo, Antonio Peñate López, Mariano Pérez Guzmán y Pedro Núñez Gonzáles, todos indígenas Ch’oles y Tseltales que vivían en Viejo Velasco.

Ante los hechos de violencia ocurridos, un día después de los actos, Diego Arcos Meneses promotor de salud y otros habitantes de buen corazón de la Comunidad Nuevo Tila, que se localiza a una hora de distancia, fueron a ayudar a las víctimas: Limpiando las heridas de los lastimados; alimentando con frijol y frutos del campo, llevando ropa para cubrir a los niños y adultos, fueron sorprendidos por la Policía Estatal, deteniendo injustamente a nuestro hermano Diego Arcos Meneses, quien pasó un año en el reclusorio, acusado de homicidio calificado y girando órdenes de aprehensión para: Juan Peñate, Antonio Álvarez, Domingo Álvaro y Alejandro Álvaro, todos de la comunidad Nuevo Tila.

viejovelasco6

Ocho meses después de la Masacre, en junio de 2007, se encontró una osamenta junto con una soga y restos de ropa en el camino de viejo Velasco a Paraíso, cubierta de vegetación. El Ministerio Público se hizo cargo en levantar esos restos. Sin respeto ni piedad recogieron los huesos, les trataron como animales. Los dos restos los pusieron en una sola manta y se los llevaron, negándonos el derecho de saber la verdad durante cuatro años.

En un primer intento, hicimos llegar al Ministerio Público la petición para que nos dieran los estudios de los huesos que se habían encontrado, lo único que nos dijeron fue que los desaparecidos en la masacre de Viejo Velasco se habían ido a los Estados Unidos a trabajar; y además nos dieron huesos con restos de carne fresca que no coincidían con los restos que nosotros encontramos en junio de 2007. Para nosotros eso fue una burla, lo que hizo el Ministerio Público no es de respeto. Negar el legítimo derecho a la verdad a los familiares es un atropello de parte del Ministerio Público.

Ante la omisión y la incapacidad de los tres niveles: Federal, Estatal y Municipal, las comunidades, familiares y víctimas logramos, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense en el 2011, tener los estudios correspondientes de los restos encontrados en la zona de la Masacre, determinando que los restos pertenecen a Pedro Núñez Gonzáles y Miguel Moreno Montejo, quienes les dimos cristiana sepultura en noviembre del 2012. Los otros dos hermanos siguen desaparecidos hasta la fecha.

Desde los primeros días de cometida la Masacre, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando Medidas Cautelares para que el Estado mexicano buscara a nuestros hermanos desaparecidos y la protección de todas las personas afectadas en los hechos. Desde ese momento hasta hoy, a diez años, no hemos tenido resultado alguno. En el 2010, la CIDH elevó las medidas cautelares a demanda formal en contra del gobierno mexicano, que ahora debe responder sobre su responsabilidad.