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La mano de Trump llegó a Chiapas

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En la carretera Metapa de Domínguez-Tapachula sólo quedan algunas carriolas vacías, chanclas tiradas y bolsas de plástico con ropa.

Metros más adelante, unos 300 agentes de la Policía Federal (PF), del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Militar (PM) terminan de subir en autobuses a los migrantes centroamericanos que venían en caravana desde que entraron a México por Ciudad Hidalgo, la madrugada del miércoles 5.

La caravana –más de 500 hombres, mujeres, niños y adolescentes, hondureños en su mayoría– avanzaba en fila por la orilla de la carretera, bajo el sol y en el calor sofocante que derrite esta región de la costa chiapaneca. Cuando rebasaron la curva que marca el libramiento de Metapa se toparon con tres autobuses, furgonetas del INM, patrullas de policía y camiones militares, así como un grupo amplio de agentes uniformados, esperándolos.

Al darse cuenta de que la caravana estaba atrapada, decenas de personas corrieron y se perdieron en los montes. Otro grupo prefirió dar la vuelta y regresar. Pero la mayor parte se aglutinó cerca de los autobuses y de pronto la carretera se convirtió en un caos: agentes del INM agarraron por la fuerza a varios jóvenes, que trataron de escapar a empujones. Hubo gritos de indignación y llantos de niños.

Exhaustos, confusos y deshidratados por la larga caminata, y cercados por militares, policías y agentes migratorios, prácticamente todos los integrantes de la caravana se resignaron: poco a poco hombres y mujeres, con sus bebés empapados de sudor en los brazos, montaron en los camiones bajo la custodia de los uniformados.

“Nosotros nos vamos a subir, pero necesitamos ayuda porque yo sé que lo que van a hacer es deportarnos”, dijo un joven hondureño a un agente del INM, con la cabeza agachada y los ojos rojos por contener lágrimas. “No nos mienta”, suplicó una señora a su lado; recordó que en Honduras “nos matan si no queremos vender drogas”.

El operativo del miércoles 5 desmanteló la octava caravana que las autoridades registraron en Chiapas desde octubre pasado, y la Guardia Nacional se estrenó como fuerza migratoria; o al menos esto informó el INM en un boletín que emitió horas después, aunque la realidad resultó confusa: los efectivos desplegados en Metapa vestían uniformes de la Semar y de la PM, pero no portaban ningún distintivo que mostrara su pertenencia al nuevo cuerpo de seguridad.

En su comunicado, el INM aseveró que los migrantes “accedieron” a trasladarse a la Estación Siglo XXI, y que sus agentes revisaron la condición migratoria de las personas “de manera pacífica” y “cuidando su integridad”. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, por su parte, aseveró que la detención se llevó a cabo bajo “engaño y desgaste”, lejos de mostrar interés por los derechos de las personas.

Pacto en Washington

La situación de los migrantes indocumentados ya es precaria en este estado. Y el panorama se oscureció el viernes 7, cuando el gobierno mexicano se comprometió ante la administración de Donald Trump a incrementar “significativamente” sus esfuerzos para “reducir la migración irregular”, los cuales incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en el país, pero con prioridad en los 11 municipios fronterizos con Guatemala y Belice.

Este compromiso forma parte del acuerdo que la delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el gobierno de Estados Unidos pactaron la noche del viernes 7 para evitar que Trump cumpliera su amenaza de imponer un arancel de 5% sobre los productos mexicanos a partir del lunes 10.

A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador detuvo y deportó a más de 80 mil 537 personas entre diciembre de 2018 y mayo de este año –54% más que durante el mismo periodo del año anterior– y alcanzó el ritmo inédito de 532 deportados cada día en mayo, Trump exigió y obtuvo el compromiso del gobierno lopezobradorista de que sean muchos más.

De hecho, aunque el magnate anunció que el arancel no entrará en vigor el lunes 10, el acuerdo plantea que “en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los efectos esperados”, los gobiernos “tomarán medidas adicionales”.

“Más fácil agarrarlos cansados”

Chiapas es la principal entrada de México para cientos de miles de personas de Centroamérica, Haití, Cuba y otros países que persiguen el “sueño americano”.

Con el inicio de la temporada de lluvias subieron las aguas cafés del río Suchiate, que marca la porosa frontera México-Guatemala. Ahí, entre el poblado chiapaneco de Suchiate y el municipio guatemalteco en Tecún Umán, se observa el vaivén incesante de las balsas que pasan a México con familias migrantes y vuelven al lado guatemalteco cargadas con papel de baño, café, pañuelos, refrescos y otros productos básicos contrabandeados.

Del lado mexicano, a unas cuadras del “Paso del Coyote” –uno de los embarcaderos informales de las balsas–, se encuentra el pequeño despacho de Sergio Seis Cabrera, quien dirige la oficina de Atención a Personas Migrantes del Ayuntamiento de Suchiate desde 2015. El funcionario explica a Proceso la nueva estrategia del gobierno federal para desarticular las caravanas.

“Todo lo están haciendo unos kilómetros antes de llegar a Tapachula. Comienzan a rodearlos, y los propios migrantes que están en la caravana se van desmantelando, porque algunos no pueden seguir el ritmo del que va adelante, se van quedando y se van quedando... entonces se vienen agotando, y es más fácil agarrarlos cansados. Es lo que hicieron ayer. Así es la estrategia que tiene ahorita migración con la Guardia Nacional.”

El miércoles 5, mientras iniciaban las negociaciones en Washington, la Fiscalía General de la República detuvo e imputó el delito de “tráfico de migrantes” a los defensores de derechos humanos Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, de Pueblos Sin Fronteras, grupo que acompañó el éxodo centroamericano.

En el acuerdo con Estados Unidos, el gobierno de López Obrador aceptó tomar “acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales”.

El gobierno mexicano también multiplicó los controles y la presencia militar en el sureste del país, para detener y deportar a los centroamericanos que viajan solos o con redes de tráfico; el INM incluso envió una notificación a los transportistas privados de la región, en la que amenazó con procesarlos en caso de que dejen subir a personas indocumentadas a sus vehículos.

En varios recorridos por las carreteras de la costa de Chiapas, este semanario se encontró con un gran número de retenes, móviles o formales. Agentes del INM se asoman a los transportes; los agentes de la PF revisan el interior de los vehículos con arcos móviles de rayos gamma y los militares vigilan instalaciones migratorias. En los retenes formales las tres instituciones operan juntas.

Algunos, sin embargo, logran pasar a través de las mallas. “Si pagan, pasan”, afirma Olga Sánchez Martínez, fundadora del albergue El Buen Pastor, en Tapachula. “El otro día un chavo dio 100 dólares, otro lo que tenía, 60 dólares y otro me dijo que 30 quetzales cada uno. Siguen cobrando. Y pasan. El detener a la gente es eso: caemos en el negocio de las autoridades”, dice la activista.

A punto del colapso

Con la multiplicación de los controles migratorios, muchos migrantes y solicitantes de refugio prefirieron permanecer en Tapachula, pese a que las autoridades realizan redadas en hoteles y que militares patrullan las calles.

Cuando construyó su albergue, en los noventa, Sánchez lo pensó para 250 personas. Desde el pasado noviembre el número de ocupantes no baja de 600 y cada día llegan más. Sus ocupantes duermen en colchonetas amontonadas en el piso, bajo el techo del horno de pan o en unas tiendas de campaña plantadas en el patio del edificio de dos pisos, en el sur de la ciudad.

“Siento que esta migración inició para quedarse. No se ha detenido. Día con día entran 30 o 40 y se van 20. Ya no hay espacio”, asevera. Y abunda: “Tengo 200 familias; antes no venían de la tercera edad ni mujeres con niños, ahora sí. Ahora vienen todos: el papá, la mamá y los seis hijos, el abuelito, el primo. Viene una migración forzada por la violencia en su país.”

Según Sánchez “lo que más buscan ellos es seguridad, porque donde los vean los bajan de las combis y los deportan. Incluso dentro de la ciudad. Se está desbordando esto, no hay un orden, sólo piensan en deportar y deportar, pero yo creo que podemos vivir con toda esta gente que viene”.

Desde hace varios meses, a las 08:00 horas el centro de Tapachula se convierte en un inmenso centro administrativo: filas de solicitantes de asilo se amontonan frente al edificio de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados –con listas de espera de hasta 270 personas por día, según constató este semanario–, mientras que otros 50 esperan en el centro Fray Matías, ubicado a unas cuadras, para recibir asesoría legal.

De la Estación Migratoria Siglo XXI, el mayor centro de detención migratoria de toda América Latina, salen entre seis y ocho autobuses por día, llenos de deportados. Desde el mes pasado la empresa ETN, del empresario Roberto Alcántara Rojas –un hombre cercano al expresidente Enrique Peña Nieto–, opera dentro de la estación, pues el INM le otorgó un contrato de hasta 295 millones de pesos para retornar a los centroamericanos a sus países en 2019. “El jueves pasado parecía una terminal de autobuses”, señala Lacruz.

En noviembre pasado Proceso entrevistó a Tonatiuh Guillén, comisionado del INM, quien dio su palabra de que, una vez en funciones, permitiría a la prensa ingresar a los centros de detención migratoria. Este semanario solicitó un permiso para ingresar al centro de detención; le fue negado.

De igual manera el INM rechazó a este semanario una entrevista con Carmen Yadira de los Santos, su delegada en Chiapas. De acuerdo con el área de comunicación social, Guillén es el único personaje habilitado para ofrecer comentarios sobre la situación, pero éste “no da entrevistas por el momento”.