CNDH advierte riesgos para la prensa ante descalificativos gubernamentales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el incremento de riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión ante “la polarización y la descalificación hacia algunos periodistas, alentadas desde sectores de gobierno”.

En un posicionamiento público, el organismo consideró que tales prácticas, “fomentan la división social y agudizan la situación crítica de la violencia contra la prensa en México”, que en lo que va de este año, ocho periodistas han perdido la vida y 149 desde 2000, en tanto que 21 permanecen desaparecidos, de acuerdo a los reportes de la CNDH.

“Para este Organismo Constitucional Autónomo, si bien la deliberación y la discusión pública son parte importante de la vida democrática y en ocasiones esos debates y críticas pueden ser vigorosos y hasta incómodos, ello no debe trascender a descalificaciones, estigmatizaciones o insultos hacia comunicadores y medios, sobre todo en circunstancias como las que enfrentamos desde hace años, de alta incidencia de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país”, puntualizó la CNDH en un comunicado.

El riesgo de difundir las descalificaciones en plataformas digitales y en los medios electrónicos de comunicación, radica en que “gran cantidad de sectores sociales y auditorios de muy distintos perfiles puedan replicar ese discurso agresivo y crear un contexto poco favorable para la libertad de expresión y, en consecuencia, fomentar las agresiones contra la prensa”.

En cuanto hace a redes sociales, recordó que de acuerdo a una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “los servidores públicos no dejan de serlo al usar cuentas o perfiles personales, y mucho menos cuando mediante ellos dan a conocer información sobre actividades propias de su encargo”.

Para el organismo el servicio público “debe verse como vocación y nunca como plataforma u oportunidad para denostar o descalificar a la prensa que no coincide con una postura, ideología o decisión de gobierno”.

“No debe pasar inadvertido que tales agresiones se dan en el contexto del discurso amenazante de funcionarios que fomentan ambientes poco propicios para el ejercicio del periodismo e incrementa el riesgo de quienes lo ejercen”, señaló el organismo.

Sin hacer mención al presidente Andrés Manuel López Obrador, como uno de los principales funcionarios públicos que utiliza la tribuna pública para hacer señalamientos contra algunos medios de comunicación, la CNDH resaltó que “si bien quienes ostentan un cargo público pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, la misma requiere ciertas connotaciones y características distintas que cuando es ejercida por particulares”.

La CNDH consideró que “en los servidores públicos deben imperar la autocontención, tolerancia a la crítica y responsabilidad permanente ante la posición, poder de influencia y jerarquía que sus palabras y acciones tienen al interior de las instituciones en que laboran y en todos los sectores sociales que siguen o son influenciados por los discursos y determinaciones que lleven a cabo quienes tienen un cargo en cualquiera de los tres niveles de gobierno”.

El organismo retomó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Perozo y otros vs. Venezuela, para explicar que “el respeto permanente hacia la prensa es un estándar aprobado internacionalmente y obligatorio para todos los servidores públicos”.

En ese caso, resaltó que la CoIDH analizó actos violentos contra personal e instalaciones de un canal de televisión, así como señalamientos contra los trabajadores de “enemigos del pueblo”, “fascistas” o “traidores”, por parte de altos funcionarios de gobierno, situación que para el tribunal regional colocó a los empleados del medio de comunicación “en una posición de mayor vulnerabilidad frente al Estado y a ciertos sectores de la sociedad”.

Al citar la resolución de la CoIDH, la CNDH destacó que “las declaraciones públicas contribuyeron a exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión de ciertos sectores de la población hacia las víctimas, por lo que si bien los servidores públicos gozan de la libertad de expresión ésta debe sujetarse a ciertas connotaciones para evitar que sus declaraciones expongan a los periodistas a mayor riesgo de violencia”.

Al advertir que se mantendrá atenta “de la conducta de los servidores públicos hacia periodistas y medios de comunicación”, con el pronunciamiento la CNDH se sumó a las condenas expresadas por las organizaciones internacionales PEN International, Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, luego de que se denunciaran las amenazas a los columnistas del diario El Universal, Guillermo Sheridan y Héctor de Mauleón.