CNDH alerta sobre vulnerabilidad de menores por crimen organizado

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los menores ante la violencia desatada por el crimen organizado.

Además, criticó la ausencia o ineficacia de políticas públicas para atender a la población infantil que en los últimos tres gobiernos federales se ha convertido en víctima.

A unos días del ataque armado contra miembros de la familia LeBarón, donde seis menores perdieron la vida y seis más resultaron lesionados, el primer visitador general Ismael Eslava presentó el “Estudio sobre niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México”, que da cuenta del incremento de homicidios y desapariciones entre ese sector poblacional.

“Sin importar su modo de vida, niñas, niños y adolescentes serán siempre víctimas cuando se incorporan a modos de vida de alto riesgo; cuando viven en su entorno familiar la violencia de las instituciones; cuando son objeto de violencia o simplemente la negligencia de las autoridades”, destacó Eslava al presentar el reporte, realizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dicho estudio presenta cinco historias de vida de jóvenes de Tamaulipas, Estado de México, Michoacán y Baja California, así como de un migrante, en las que “se aprecia el difícil tránsito de las y los protagonistas para hacerse de un lugar en las vidas trastocadas por la violencia, las cuales son a menudo objeto de la incomprensión y la estigmatización, sólo por su aparente relación con la actividad delictiva”.

Tras recordar que la CNDH emitió medidas cautelares a los gobiernos de Chihuahua y Sonora por el ataque armado a la familia LeBarón, Eslava apuntó que “la gravedad y la saña del ataque denota el nivel de riesgo en que se encuentran muchas regiones del país, donde miles de personas están expuestas a la violencia criminal que parece no tener fin y que requiere de la intervención de los tres niveles de gobierno para lograr la pacificación por la vía del derecho”.

Tomando como referencia indicadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el primer visitador general resaltó como evidencias de la vulnerabilidad en que se encuentra la niñez mexicana, que entre 2007 y 2017 se triplicó el número de víctimas de homicidio entre personas de cero a 19 años, al pasar de mil dos a dos mil 858.

En un análisis detallado, destacó que el aumento fue mayor entre 2016 y 2017, de 22.5%, en tanto que entre 2015 y 2018 las cinco entidades con mayores registros de homicidios de menores de 19 años fueron Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California.

Por otro lado, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, a abril de 2018, precisa que de 36 mil 265 menores desaparecidos, en el fuero común 18% tienen entre uno y 17 años, y 92.7% de los casos ocurrieron entre 2010 y 2018, siendo los estados más afectados Colima (54.3%), Sonora (48.2%), Puebla (34.7%) y Baja California (32.6%).

Respecto del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, Eslava señaló que “en México no existen datos precisos”, pero que es posible tener una estimación a partir de las cifras de personas desaparecidas, “pues la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (de la ONU) ha documentado casos sobre reclutamiento forzoso y desaparición de niños y jóvenes por parte del crimen organizado en los estados de Chihuahua y Guerrero, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada de casos sobre secuestros de personas menores de edad en contexto de movilidad”.

De igual manera, sostuvo que el estudio reveló que “la existencia y el incremento de la victimización en personas menores de 18 años es consecuencia de políticas y acciones de Estado para garantizar su protección y ejercicio de sus derechos”, empezando porque apenas con el gobierno de Enrique Peña Nieto se crearon los Sistemas Nacional y Locales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), por lo que “las acciones aún son limitadas e insuficientes, considerando las dinámicas actuales de violencia y los niveles de victimización del país”.

Además, se estableció que no hay programas dedicados a abatir la violencia contra la población infantil; incluso en la última reunión del SIPINNA, el pasado 30 de abril, se acordaron siete acciones dirigidas a los menores “víctimas de violencia asociada con el crimen organizado durante la presente administración, entre las que se encuentran la creación de una ruta para la búsqueda de personas menores de edad desaparecidas y la prevención y desvinculación de grupos de delincuencia organizada, sin embargo, no han sido definidas las metas y objetivos de las políticas”.

La falta de atención es grave, señaló el visitador, si se considera el impacto sufrido por la desaparición o asesinato de familiares progenitores, familiares consanguíneos y cercanos a miles de niños que no tiene registro oficial, siendo el más cercano el establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): unos 30 mil menores huérfanos derivados de la violencia del crimen organizado, entre 2006 y 2010.

Al abandono institucional, Eslava enlistó a los 6 mil 891 adolescentes que hasta 2017 estaban sometidos al Sistema de Justicia Penal, de los cuales 2.5% fueron procesados por delincuencia organizada, y los delitos más frecuentes por los que fueron sometidos a prisión son: secuestro (34.9%), acopio de armas (23.6), venta de droga (17.4), homicidio (17.2), robo (14.7) y extorsión (1.4%).

“No son eficientes los programas dirigidos a menores afectados por el crimen organizado, ante la falta de compresión de las distintas formas de violencia a que están expuestas, para lo que se requiere un tratamiento integral”, abundó.

Y, tras señalar que se requiere investigaciones más profundas sobre la situación de la niñez y la adolescencia en el contexto del crimen organizado, advirtió que “la resiliencia frente a la violencia cotidiana de niñas, niños y adolescentes se asume como un problema privado con el que cada persona y su familia deben lidiar”, sin tomar en cuenta que “detrás de cada evento violento (…) se encuentra la responsabilidad de autoridades y personas adultas que debían tomar medidas de prevención y atención”.

Ismael Eslava enlistó 20 recomendaciones dirigidas a diversas autoridades, y puntualizó que para la CNDH “la manera más adecuada de hacer frente a la violencia e inseguridad en México que afecta a las niñas, niños y adolescentes, es el diseño e instrumentación de políticas públicas de carácter integral que tomen en consideración las causas estructurales que originan esos problemas, el trabajo directo sobre los factores de riesgo, así como el refuerzo en la protección ciudadana desde un enfoque que considere la centralidad de los derechos humanos” .

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