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“Las palabras no bastan”, la evaluación de AI al gobierno de AMLO en materia de derechos humanos

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A un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional prendió focos de alerta ante la continuación de la crisis de derechos humanos, desarrollada en los sexenios anteriores, en tanto que “no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada, intensificada principalmente por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006 con el inicio de la llamada ‘guerra contra las drogas”.

Lo anterior forma parte del reciente informe de la organización internacional con sede en el Reino Unido, titulado “México: cuando las palabras no bastan. Situación de derechos humanos a un año de gobierno”.

Al respecto, las directoras regional y para México de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas y Tania Reneaum Panszi manifestaron en un pronunciamiento conjunto su preocupación por los “pocos avances substanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México”.

Guevara reconoció que López Obrador “ha mostrado voluntad” para avanzar en temas como la desaparición de personas, pero “los altísimos niveles de violencia de derechos humanos que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México”.

La defensora advirtió contradicciones entre el discurso y lo que hace el gobierno de López Obrador: “promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente”.

Para Reneaum entre los pendientes en materia de violencia de género está la erradicación de los feminicidios, que de enero a septiembre se reportaron 748 víctimas, pues “no se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”.

La directora de Amnistía Internacional en México consideró que con “un mandato robusto”, López Obrador tiene “una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país”, por lo que urgió “a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”.

El documento concentra su análisis en la política de seguridad pública, la situación de la sociedad civil, la violencia contra mujeres y niñas, y la política migratoria, aunque reconoce que como temas urgentes también están los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra las personas LGBTI, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de derechos sociales y económicos, entre otros.

Militarización vigente

Para la organización internacional, la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, evidencia el mantenimiento de una política de militarización, ya que de los 70 mil 920 miembros,  79.22 % de sus integrantes provienen de las fuerzas armadas bajo el mando del general Luis Rodríguez Bucio, que si bien se ha retirado, las normas legales consideran que los militares en esa condición “siguen siendo personal militar y están sujetos a la disciplina y cadena de mando militares”. El restante 20.78% de los miembros de la corporación provienen de la Policía Federal.

A lo anterior se suma que “los elementos de las fuerzas armadas han sido transferidos a la Guardia Nacional mediante oficios administrativos, pero siguen adscritos a las fuerzas armadas, y su deber de obediencia a la cadena de mando militar sigue intacto”, y su salario es pagado por las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.

La militarización es advertida también en que la Ley de la Guardia Nacional, aprobada en 2019, otorga amplias facultades a la corporación en tareas de investigación de delitos, “incluida la intercepción de comunicaciones privadas, y también la facultó para participar en el control migratorio”, situación que se agrava si se considera que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que regula a la corporación “no se apega al derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.

La organización lamentó que a un año del gobierno de López Obrador  “el uso de la tortura y otros malos tratos, las dramáticas estadísticas de desaparición de personas y las detenciones arbitrarias continúan siendo una alarmante realidad del contexto de derechos humanos en México”, pese a medidas como la elaboración del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desparecidas, así como el anuncio de la aceptación de la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar comunicaciones sobre casos individuales, medidas que sin embargo “no se han llevado a la práctica” al momento de la publicación del documento.

Sociedad civil, denostada y vulnerable

En el tema de la sociedad civil, Amnistía criticó legislaciones como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que faculta a las corporaciones policiacas y a la Guardia Nacional a “determinar si el propósito de una asamblea es legítimo, y sobre esa base, decidir si utiliza o no la fuerza”, así como la reforma al código penal de Tabasco, estado natal de López Obrador, “para permitir la sanción penal de reuniones pacíficas en que las personas manifiesten su oposición al desarrollo o construcción de una obra pública o privada”.

La organización reprobó que México siga siendo “un lugar hostil para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, ya que, de acuerdo con datos del gobierno federal, en lo que va del sexenio de López Obrador, 23 personas defensoras y 15 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, han sido asesinados, algunos de ellos con medidas otorgadas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Amnistía Internacional lamentó que el presidente López Obrador “haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas”, reacción que revelaría “un rechazo del gobierno federal a la crítica y al disenso y, en los hechos, contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de estas personas y organizaciones”.

En materia de defensores y periodistas, la organización consideró indispensable que se apliquen las recomendaciones hechas por la representación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como que “se desarrollen e implementen estrategias integrales de prevención” contra esos gremios.

Feminicidios al alza

El informe advierte sobre el incremento de la violencia contra las mujeres, tanto que entre 2007 a 2017, “la tasa de homicidios casi se triplicó”, mientras que entre enero y septiembre de 2019 se habían registrado 748 víctimas de feminicidio, en 2018 tres mil 548 mujeres habían sufrido muertes violentas, cifra que suma feminicidios y homicidios.

El documento considera como violencia de género, “la prohibición del aborto y la criminalización de su práctica” vigente en la legislación de algunas entidades, que no se ven afectadas por la iniciativa de ley presentada por el gobierno de López Obrador que otorga amnistía a las mujeres que hubieren abortado, toda vez que es aplicable a casos juzgados y ante tribunales federales.

Amnistía Internacional criticó la política migratoria del gobierno de López Obrador, que inicialmente mostró apertura humanitaria al entregar en los primeros meses del año, 14 mil 174 visas humanitarias en la frontera sur para después dejar de otorgar abruptamente la documentación a migrantes, sobre todo originarios de Centroamérica.

Resaltó que, como resultado del uso de la Guardia Nacional para control migratorio, “para finales de septiembre, las autoridades federales de migración habían detenido 158 mil 200 migrantes en situación irregular, incluyendo 46 mil 476 niños, niñas y adolescentes”.

Las cifras continúan con la recepción de 54 mil 377 solicitudes de asilo recibidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en tanto que 102 mil 702 personas fueron deportadas a sus países de origen, 98% eran de Centroamérica y de ellos más de la mitad eran de Honduras; del total de expulsados,  mil 808 eran niñas y niños no acompañados, mientras que derivado del plan Migration Protection Protocols (Protocols de Protección Migratoria) y el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico), había más de 50 mil solicitantes de asilo a Estados Unidos varadas en ciudades en la frontera norte, donde la inseguridad impera.

Recomendaciones

Amnistía Internacional formuló siete recomendaciones al gobierno de López Obrador, relacionados con la exigencia de que los integrantes de la Guardia Nacional no pertenezcan a las fuerzas armadas, y que mientras ello no ocurra, que “no se involucre en tareas de seguridad pública salvo de manera excepcional, limitada y restringida”, así como “que no participe en la investigación de delitos”; reconocer la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas para recibir y examinar las comunicaciones de casos individuales; aplicar una política de prevención y protección de defensores de derechos humanos, así como implementar las recomendaciones de la ONU-DH sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

La organización internacional considera indispensable que “ningún niño o niña permanezca detenido por motivos de inmigración”; acabar con la política de devolución de las personas migrantes en situación irregular, y que las prácticas ameriten sanción administrativa, y realizar “investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por razones de género (feminicidios) garantizando que se lleve a las personas responsables ante la justicia y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias”.