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Presentan informe sobre despojo violento de tierras en Chiapas

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El Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (Copoddh) presentó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) el resumen del primer informe sobre despojo violento de tierras en Chiapas: Un contexto de violaciones de los derechos humanos  durante el año 2019.

El Copoddh documentó un total de 81 desalojos durante el 2019, un promedio de 7 desalojos al mes, “el municipio donde más desalojos hubo es Berriozábal seguido de Venustiano Carranza y el tercer peldaño lo ocupan los municipios de  Tuxtla Gutiérrez, Ocozocuautla y Tapachula. Cada desalojo es una cantidad de hectáreas de tierras despojadas, y a un número de familias desplazadas de sus hogares.

“Esto representa un total de 8 mil 223.1 hectáreas según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque el número es incierto porque toma en cuenta como primer desalojo uno realizado el 15 de febrero de 2019, sin embargo, existe uno anterior que se cometió en el mes de enero y que no es tomado en cuenta en las cifras oficiales”.

Asimismo, aseguran que la aplicación del protocolo de desalojos se extendió a 23 municipios del estado, las principales regiones afectadas por el despojo de tierras es la región Soconusco, Centro, Frailesca, Frontera. “Regiones ricas en recursos naturales y zonas estratégicas para el comercio”.

En cuanto al desalojo forzoso reportaron que de enero a noviembre hubo 67 operativos de desalojo, en donde se concretaron los 81 casos de despojo de tierras. “En un solo operativo se llevaba a cabo hasta 2 o 3 predios despojados mayo y septiembre fueron los meses de mayor desalojo”.

“De este modo tenemos a un total de 6 mil 525 familias afectadas, un total de población de 19 mil 380 y 53 escuelas destruidas, esas son las cifras estimadas fundamentadas con el testimonio de las víctimas y hasta el 12 de noviembre del año pasado sumaban 243 personas detenidas, pero, la Fiscalía reconoció a 227 personas por razones jurídicas.  Del total 243 algunos fueron puestos en libertad y otras vinculadas a proceso”.

Dijeron que este informe tiene como objetivo develar la magnitud e implicaciones de este fenómeno en la entidad, desenmascarar las graves violaciones a los derechos humanos, el desalojo forzoso y desplazamiento forzado interno como parte de una política de gobierno que se generaliza y da continuidad durante el 2020.

“El eje discursivo fundamental del gobierno de Chiapas es “garantizar el derecho de propiedad y de posesión”, una lógica que deja a miles de familias sin propiedad fuera de la cobertura del Estado porque de facto se les excluye de la posibilidad de ser personas con derechos consagrados en la constitución mexicana y de los derechos humanos en general”, concluyen.