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La Tortura es una práctica sistemática y generalizada en México

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Boletines por Frayba Comunicación

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El sistema de justicia construye culpables para perpetuar impunidad.

Erradicar la tortura no es un acto de magia, es brindar de luz a un sistema lleno de oscuridad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) recibió denuncias de 41 casos de Tortura, de enero de 2019 hasta marzo de 2020. De las cuales documentó que 26 ocurrieron en el marco del sistema penal acusatorio que no ha erradicado esta práctica sistemática de violación a derechos humanos. La mayoría de los perpetradores son elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, (FGE) es decir de la propia instancia encargada de investigar el delito.

En octubre de 2019, la FGE respondió a Frayba una solicitud de acceso a la información1 afirmando que: en el año 2018, abrieron 31 carpetas de investigación por el delito de Tortura, de las cuales 26 se encontraban en trámite y solo 1 se vinculó a proceso. En ninguna hay sentencia condenatoria a perpetradores. Lo cual evidencia la lentitud e ineficacia en el combate a la impunidad.

Los datos que la Fiscalía proporcionó a petición del Frayba, dan a conocer que de 23 solicitudes de dictámenes médicos en el marco del Protocolo de Estambul únicamente se habían practicado 3. Además de contar solo con dos psicólogos y ningún médico para realizar peritajes, a pesar de que para el ejercicio 2019, la Fiscalía Antitortura obtuvo un presupuesto de $ 8,143,304.58 para su operación y funcionamiento. Sin embargo, hasta el día de hoy no se demuestran avances significativos en su objetivo de investigar esta grave violación a derechos humanos. Por su parte el 23 de enero de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que de 39 solicitudes, aplicó 1 protocolo2.

Esta falta de eficacia en el actual sistema judicial, mantiene los patrones de no acceso a la justicia para víctimas de Tortura a quienes se estigmatiza y criminaliza. En la carga de la prueba se continúa con la práctica inquisitiva en donde a los presuntos culpables y a las víctimas no se les garantiza la protección y el respeto de los derechos humanos.

La procuración de justicia es una actividad esencial pero en Chiapas se retrasa e impide incumpliendo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes3. En el contexto de emergencia sanitaria por Covid, se han detenido procesos jurídicos de víctimas de Tortura, aumentando los riesgos a su vida, seguridad e integridad porque en los Centro de Readaptación Social para Sentenciados y en el Centro Federal de Readaptación Social no se aplican los debidos protocolos de salud y se carece de atención médica adecuada, afectando de manera particular a quienes tienen secuelas físicas y psicológicas de la Tortura.

Además las autoridades del sistema penitenciario obstruyen la labor de las personas que defienden sus derechos humanos y de las organizaciones que les acompañan. Sin embargo desde la sociedad civil se insiste en fortalecer el afrontamiento a la Tortura con el litigio de casos, el apoyo psicoemocional y construyendo estrategias conjuntas4.

Desde el Frayba denunciamos que la Tortura en México es un mecanismo que anula y aterroriza a la población, especialmente a la excluida y marginada. A los contextos torturantes se suman los desplazamientos forzados internos que sufren las comunidades de Pueblos Originarios en Chiapas. El abandono, las malas condiciones de vida, la discriminación, así como, la falta de acceso a la justicia, entre otros derechos fundamentales, son violaciones marcadas por la discriminación profunda e histórica que contiene el peso de los siglos de represión colonial, aunado a la incertidumbre que representan los impactos psicosociales del sentido de identidad y pertenencia. Estar lejos de su tierra genera entornos de Tortura que afectan la integridad personal y comunitaria, además la angustia que representa el no satisfacer el acceso a los derechos humanos básicos como salud, vivienda, alimentación, educación en condiciones de desplazamiento provoca dolor y sufrimiento profundo que deja desasosiego en los ámbitos individual y colectivo.

Este sistema se perpetúa en la omisión y la complicidad. Es responsabilidad del Estado mexicano prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometido a las víctimas de tortura y sus familiares, debe impulsar investigaciones apegadas a la debida diligencia, sin evadir las funciones propias de la procuración de justicia y rechazar públicamente la Tortura y la impunidad.

Por lo anterior insistimos en urgir al Estado mexicano el cumplimiento de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU. En su informe del Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, sostiene en sus recomendaciones que:[…]la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento […] a) Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal; b) Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos; c) Garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral5.

En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el Frayba mantenemos nuestro compromiso en caminar con las personas sobrevivientes y sus familias en la defensa social integral para erradicar la Tortura en nuestro país. Asi como mantener en la memoria a las víctimas no sobrevivientes.

1 Solicitud con folio: 905619. 21 de octubre de 2019.2 Oficio No. CEDH/UT/001/2020

3 Artículo 33. […] Todo Servidor Público que tenga conocimiento de la comisión del delito de tortura tiene la obligación de denunciarlo de manera inmediata a las autoridades competentes.

4 Una de estas alianza es el Grupo de Litigantes integrante de la iniciativa “Sociedad Civil Unida Contra la Tortura”, un proyecto global de tres años que abarca Asia, América Latina y África, que pretende contribuir a una mejor prevención, rendición de cuentas y reparación de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (TPCID) alrededor del mundo.

5 El Relator Especial visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014. Informe disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9930.pdf