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“La Suprema Corte, nos dio la razón”, ejido Tila Chiapas

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Más de 4000 ejidatari@s marcharon este día en Tila, para conmemorar que un 16 de octubre de 1934, fuera pu-blicado en el Periódico Oficial de la Federación, que las 5405 hectáreas “es la legitima propiedad del ejido Tila”. “Aquí estamos para demostrarle a los malos gobiernos paramilitares que sus violencias y muertes no nos van a detener y no van a acabar con nuestra autonomía ejidal. No van a regresar a gobernar, aunque sigan sembrando la muerte en nuestro pueblo”, aseguraron las y los ejidatarios quienes desde diciembre de 2015 retiraron al ayuntamiento de su territorio para iniciar un proceso de autogobierno y libre determinación como pueblo origi-nario. Pese a que su manifestación fue pacífica, el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez lanzó petardos a una parte del contingente, lo que no detuvo la multitudinaria marcha.

Tras la marcha, en entrevista telefónica para medios libres, los indígenas choles aseguraron que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirmaron. Pese a ello, como indican especialistas sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayunta-mieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, denunciaron los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008. Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

De manera muy puntual los ejidatarios expusieron que desde el pasado 25 de agosto del pre-sente año el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, reanudaron las hostilidades contra el ejido, derrumbando un portón que por acuerdo de la Asamblea Ejidal, se había instalado en una de las entradas de la comunidad. Pese a las de-nuncias de ese mismo día 25 realizaron los indígenas choles y las que posteriormente publicaron los días 27 y 29 de agosto por las detonaciones que efectuaron las personas contratadas por la familia Sánchez, estas no fueron tomadas en cuenta por los tres niveles de gobierno, lo que pro-vocó que la escalada de violencia contra los ejidatarios aumentará y que el viernes 11 de septiem-bre fueran atacados por un grupo liderado por Eleasin Bárcenas, causando la muerte de del eji-datario Pedro Alejandro Jiménez.

Las hostilidades contra el ejido Tila no terminaron con el asesinato de uno de sus integrantes y las denuncias de los ejidatarios por detonación de armas de fuego por parte del grupo de la fami-lia Sánchez (integrantes del grupo paramilitar “paz y justicia”), continuaron los días 27 de sep-tiembre y el ocho de octubre. De igual forma los ejidatarios también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron el pasado uno de octubre la incursión dentro del poblado de la policía sectorial y elementos de la guardia nacional acompañados por el grupo de choque.

Por su parte el defensor de derechos humanos Jorge Armando Gómez Alonso, indica que el ayuntamiento debe restituir las tierras al Ejido Tila y el gobierno y Congreso de Chiapas deben declarar nulo el denominado Fundo Legal (que incluye la porción de tierra que han querido des-pojar al ejido). El también investigador indica que en enero de 2019 se publicó el Decreto 132, “Por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, deja insubsistente el Decreto nú-mero 72, de fecha 29 de Julio de 1980”. “El ayuntamiento no quiere acatar la resolución, por lo que dos meses después con un grupo de ejidatarios robaron el nombramiento de las autoridades en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN), falsificando firmas y simulando asam-bleas, para modificar la sentencia de amparo”, evidencia Gómez Alonso.

Dentro de las poblaciones que marcharon en el 86 aniversario del reconocimiento de las tierras ejidales están: Misijá, la comunidad Unión Juárez, la comunidad Chulúm Chico, comunidad Nueva Generación Chulum Chico, la comunidad Nicolás bravo, comunidad Cantióc, comunidad Rio Grande, comunidad Sañojá segunda sección, comunidad Sañojá primera sección, comunidad Chäkpatyol, comunidad Cerro Aan Antonio, comunidad Cerro Santa Cruz, comunidad k’ajtyieja, Barrio Salinas, Barrio Santa Lucia, barrio Concepción, barrio San Juan primera sección, barrio San Juan segunda sección, barrio San Sebastián, barrio San Felipe, barrio Santa Martha y barrio Chi-jtiejá.