INM, ¿el nuevo “cártel” que extorsiona a migrantes centroamericanos?

La tarde del 6 de diciembre de 2020, la “Policía de Proximidad” de Escobedo, municipio que forma parte de la zona metropolitana de esta capital, acudió --por un reporte que alertaba sobre “vecinos ruidosos”-- a una pequeña vivienda de un piso ubicada en la esquina de la calle Unidad Comercial número 335 y Unidad Americana de la colonia Fomerrey La Unidad, barrio localizado en los límites al norte de la metrópoli.

En ese domicilio la policía observó estacionada una camioneta Pick Up negra y otra que arribó con un grupo de personas a bordo.

Quienes se encontraban en la vivienda y las personas que llegaron en el vehículo marca Toyota modelo Sequoia 2008, con placas de Nuevo León, eran centroamericanos.

Al ser interrogados por la policía no pudieron acreditar su estancia legal en el país, así que los efectivos reportaron a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) la detención de 66 migrantes de origen guatemalteco

“Debido a que los detenidos eran migrantes, se le avisó al Instituto Nacional de Migración y remitimos a los detenidos y la camioneta Toyota al personal de Migración”, explicó en entrevista con Proceso Hermenegildo Lara, secretario de Seguridad del municipio de Escobedo.

El general retirado aseguró que cuentan con todos los documentos que acreditan que su corporación entregó la camioneta modelo Toyota al INM.

“Estamos confiados en ese sentido. La camioneta negra fue remitida a un corralón de la policía de Escobedo y ahí debe estar, eso espero”, precisó el funcionario.

Semanas después de que el vehículo Toyota supuestamente quedó asegurado por personal del INM, apareció incendiado en una brecha del ejido Santa Anita del municipio de Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero, junto con inmigrantes guatemaltecos y dos mexicanos, todos con el tiro de gracia e incinerados.

Un comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas precisó: “Respecto a las investigaciones de los hechos acontecidos el pasado 22 de enero en el ejido Santa Anita, municipio de Camargo, estableciéndose en principio que son dos los vehículos automotor consumidos por el fuego, en uno de los cuales se encontraron 19 restos humanos.

“Las unidades motrices localizadas en el lugar del hecho, kilómetro 25 + 700 de la brecha conocida como Santa Anita o Rancho Piedra, son una camioneta Toyota modelo Sequoia, 2008, con placas de circulación del estado de Nuevo León, y una Chevrolet Silverado, pick up, cabina y media, así como tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62×39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223mm y dos del 7.62×39 mm”.

La aparición de la camioneta “asegurada” en un nuevo hecho violento confirma las denuncias de activistas y defensores de derechos humanos donde se ha señalado que el INM es el nuevo “cártel” que extorsiona a los migrantes centroamericanos, y que sus miembros trabajan estrechamente con los “coyotes”. Incluso ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración ya fueron separados de su cargo por ese delito.

Además, se coordinan con la Guardia Nacional y las policías locales para desviar a los inmigrantes que intentan arribar a la frontera con Estados Unidos hacia las rutas que ellos controlan, para extorsionarlos, secuestrarlos y en los casos más extremos desaparecerlos, según las denuncias.

Disputándose los dólares

“Incluso con la propagación del covid-19, los traficantes de personas continúan con descarados intentos en su actividad sin tener en cuenta las vidas que ponen en peligro, ni la salud de los ciudadanos de nuestra gran nación. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos del sector del Valle del Río Grande continuarán salvaguardando a la nación y la comunidad contra estos elementos criminales”, señaló la Border Patrol en el último comunicado que envió a finales del año pasado a los medios de comunicación.

Y el nuevo éxodo de centroamericanos, que inició a finales de 2020, está provocando que los “coyotes”, bandas del crimen organizado, funcionarios del INM, así como las fuerzas de seguridad local y federal se disputen los miles de dólares que aportan las familias de Estados Unidos a sus parientes y que los migrantes van repartiendo en su trayecto rumbo al “sueño americano”.

Alberto Xicoténcatl, director del refugio para migrantes en Saltillo, el más grande del país, confirmó en entrevista con Proceso que la migración desde Centroamérica no se redujo con la pandemia, al contrario, sostuvo, recientemente se duplicó respecto a otros años.

“Pensamos que con la pandemia la migración se iba a reducir, siempre en temporada de frío baja, pero ahora no sucedió, ha crecido mucho, al menos un 50%”.

Mencionó que los huracanes que azotaron Centroamérica la temporada pasada provocaron un incremento en la pobreza y, como consecuencia, aumentó el éxodo de hombres y mujeres hacia la frontera con Estados Unidos.

De igual manera, mencionó que 95% de los migrantes que arriban a Saltillo son de origen hondureño, le siguen guatemaltecos y al final los salvadoreños.

Xicoténcatl enfatizó que en su éxodo los migrantes ya no usan el ferrocarril como su principal medio para llegar a la frontera norte de México, “ahora prefieren los autobuses de pasajeros y es ahí donde miembros del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional los extorsionan”.

Los migrantes --subrayó-- cuentan y reportan que los funcionarios del INM les piden recursos económicos para dejarlos continuar con su viaje. “Por lo regular no es una cantidad fuerte”.

Esa situación se repite en los distintos retenes en donde los interceptan, ya que existen filtros del INM o la Guardia Nacional en varios estados de la República Mexicana.

No obstante, a los centroamericanos no les interesa interponer una denuncia, debido a que su prioridad es abandonar el país, y esas extorsiones ni siquiera aparecen en los delitos que se reportan en México.

“Las extorsiones a los migrantes siempre han ocurrido en el pasado y ahora se mantienen con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, afirmó Xicoténcatl.

El director del refugio de Saltillo enfatizó que ahora los centroamericanos no son víctimas sólo del crimen organizado, sino que a éste se han sumado la Guardia Nacional, el INM y las policías locales, que en ocasiones se encargan de cobrar las extorsiones, y si no pueden pagar, los desaparecen.

En el caso de las 19 personas asesinadas en Camargo, las investigaciones arrojaron que 12 policías estatales participaron en la masacre. Fuentes de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas comentaron que esos efectivos de fuerzas especiales en realidad trabajaban para uno de los dos cárteles que controlan el estado, y que mataron a los migrantes porque no pagaron la “cuota” o para arruinar el negocio al grupo rival.