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Centro Prodh emplaza a AMLO a revertir el “historial de impunidad” del Ejército

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El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) emplazó al presidente Andrés Manuel López Obrador a revertir el “historial de impunidad” del Ejército Mexicano, con acciones encaminadas a transparentar archivos castrenses y llevar a la justicia a  responsables de los casos graves en los que han estado involucrados.

La organización civil defendió el papel que han jugado la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este miércoles fueron blanco de señalamientos del presidente en su conferencia matutina.

López Obrador sostuvo que organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos de la ONU y la OEA “se quedaron callados ante las masacres” ocurridas durante los gobiernos anteriores.

En su defensa al Ejército mexicano –que, dijo, “cuida y protege los derechos humanos”--, por los señalamientos de responsabilidad en ejecuciones arbitrarias ocurridas en Nuevo Laredo, el año pasado, el Ejecutivo subrayó: “Los del Alto Comisionado quisieran equipararnos con los gobiernos anteriores”.

Abundó: “En los gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos, de la sociedad civil, se quedaron callados ante las masacres, incluso los organismos de la ONU, defensores de derechos humanos, de la OEA, y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales, y eso no”.

Ante las afirmaciones del mandatario, el Centro Prodh precisó en su cuenta de Twitter que la labor de la ONU-DH en México es “fundamental” y que “su trabajo debe ser respetado” al mostrar “objetividad ante todos los gobiernos”.

La organización, que representa legalmente a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, recordó que la ONU-DH tuvo un papel crucial en este caso en la elaboración del informe “Doble injusticia”, sobre la práctica de la tortura cometida contra algunos de los procesados por ese caso, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Tras recordar que la ONU-DH sigue colaborando con el actual gobierno, “con la contratación de expertos internacionales” para esclarecer el caso Ayotzinapa, la organización puntualizó: “El trabajo de los defensores de derechos humanos de la sociedad civil es igualmente fundamental”.

De igual manera, manifestó que la sociedad civil, ONU-DH y la CIDH “nunca callamos antes las masacres del pasado”, y prueba de ello es que el Centro Prodh documentó y denunció abusos cometidos en la masacre de Tlatlaya, donde 22 personas murieron a manos de miembros del Ejército mexicano en mayo de 2014.

“Precisamente por esa experiencia, seguiremos señalando los riesgos de la creciente militarización”, advirtió el Centro Prodh, e incluyó en su mensaje un video sobre un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Nuevo Laredo, en el que se revela la orden de ejecutar al menos a una persona sobreviviente de una persecución ocurrida el año pasado.

“Hechos como las ejecuciones extrajudiciales del Ejército en Nuevo Laredo muestran que las inercias de uso indebido de la fuerza e impunidad castrense no se han roto”, alertó el Centro Prodh.

Asimismo, insistió en que, para revertir el “historial de impunidad” que arrastra el Ejército mexicano, “ordenar que se respeten los derechos humanos es necesario, pero insuficiente”.

Ante “el actual empoderamiento castrense”, abundó, el camino para cerrar el pasado ominoso radica en “transparentar los archivos de la Guerra Sucia, llevar ante la justicia a los responsables en casos tan emblemáticos como Tlatlaya” y las muertes de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, víctimas de ejecución arbitraria en marzo de 2012.

Finalmente, alentó a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reconocer públicamente la responsabilidad del Ejército en la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, en diciembre de 2009, así como “investigar a fondo” casos como el de Nuevo Laredo y “diseñar controles civiles externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.