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“No basta la rabia, queremos justicia”: emprenden en Chiapas campaña contra la violencia de género

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Organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes denunciaron el incremento de la violencia de género en Chiapas y exigieron liberar a mujeres encarceladas injustamente, así como justicia para las madres y familiares de las víctimas de feminicidios.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra Las Mujeres, organizaciones civiles dieron a conocer el arranque de la campaña “No basta la rabia, queremos justicia. Violencias contra niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas” para visibilizar los casos y exigir que se respeten los derechos de los familiares y las víctimas.

La Colectiva Cereza, Colectiva Tsatsal Ontonal y Melel Xojobal A.C se sumaron a la exigencia de acabar con la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Las madres de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia feminicida alzaron hoy su voz para exigir justicia y denunciaron el sistema de justicia de Chiapas por las múltiples irregularidades en las carpetas de investigación.

Pidieron que la Fiscalía del Estado investigue debidamente las muertes violentas de mujeres y niñas, a pesar de que así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del caso de feminicidio de Mariana Lima.

Denunciaron también que “tampoco se ha investigado conforme a los protocolos, ni con perspectiva de género, ni con la debida diligencia como se ordena en esa resolución que debería ser observada por todas las autoridades que atienden estos casos. Sufrimos violencia institucional, el personal de la Fiscalía y de los juzgados nos maltrata, en lugar de investigar al asesino nos investigan a nosotras, a nuestras familias, no nos reciben en las oficinas, atacan a nuestras hijas las culpabilizan a ellas de sus feminicidios”.

Con esas resoluciones “nos matan otra vez, nos dañan moral y psicológicamente y nos desgastan económicamente”, expresó una madre de víctima de feminicidio.

Por su parte, víctimas de violencia institucional exigieron llegar a la verdad de los hechos en la causa de la familia de Chictón y la participación independiente del Poder Judicial de la Federación para reponer la etapa de investigación que se cerró de forma corrupta; demandaron la inmediata resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la pronta reparación del daño para toda la familia criminalizada injustamente y cuyo padre fue asesinado en prisión.

Representantes de la organización Melel Xojobal advirtieron su preocupación sobre el incremento de las violencias y su gravedad contra niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Señalaron que del 2011 al 2021, 70 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio y que la mayoría de los casos están en la impunidad.

Mencionaron que Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, y Tapachula son los municipios donde se registran los mayores porcentajes y que el 43% de los casos se trataba de niñas y adolescentes indígenas.

Asimismo, apuntaron que otras víctimas de feminicidio son las niñas y niños que se quedan huérfanos por el asesinato de sus madres y no cuentan con ningún apoyo del Estado.

Mencionaron que el promedio de hijos que pierden a su madre por ser víctimas de feminicidio es de 2.4 y que, en este año, 36 niñas y niños se encuentran en esta situación.

Para terminar, señalaron su preocupación por el alarmante incremento en la desaparición de niñas, niños y adolescentes en 2021, con una cifra récord de 574 donde las niñas y adolescentes mujeres representan el 72% del total.

Sobre las mujeres privadas de libertad, la Colectiva Cereza denunció que el Sistema de Justicia Penal reproduce la violencia contra las mujeres y el racismo y no garantiza condiciones de seguridad para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y, en cambio, se les criminaliza injustamente.

Aseguraron que las mujeres en prisión reciben malos tratos y con la pandemia se ha obstaculizado el de por sí precario acceso a la justicia, por lo que se encuentran en un estado de absoluto abandono jurídico.

Exigieron que se agilicen los trámites en los procedimientos jurídicos, que se juzgue con perspectiva de género y que las autoridades investiguen a los verdaderos responsables y dejen de fabricar carpetas de investigación.

Demandaron a la Fiscalía General del Estado la libertad de Marisela López Bautista,  Marleni Villatoro González, y María López Pérez quienes han sido en privadas de la libertad y condenadas injustamente y se cumpla el derecho a la preliberación de Arely Domínguez Méndez.