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Se dispara la “violencia postcovid” en Chiapas

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La violenta disputa entre grupos de Los Motonetos por la zona norte de San Cristóbal de Las Casas el martes 14 evidenció la precariedad del municipio ante los embates de los grupos criminales. Y mientras las autoridades locales piden el apoyo federal para controlar la situación, la socióloga Araceli Burguete Cal y Mayor comenta a Proceso que la violencia que hoy se vive data de apenas hace unos dos años, es una violencia postcovid que no se ha ponderado. Sentencia: la mayoría de los involucrados en las pandillas y grupos delincuenciales “son jóvenes que el Estado abandonó, que los dejaron a su suerte, fueron excluidos de los espacios laborales”.

En 1994 esta ciudad fue un cinturón de paz para detener los enfrentamientos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército, que cobraron decenas de muertes.

Hoy sus calles coloniales viven una espiral de violencia: grupos civiles armados y pandillas dedicados al narcotráfico, extorsión, tráfico de indocumentados y de madera provocan el terror entre los comerciantes, empresarios, turistas y la población. La autoridad municipal está rebasada; el gobierno estatal, ausente, y las fuerzas federales omisas.

El martes 14, grupos de encapuchados armados con rifles de alto poder se enfrentaron en la zona norte, donde se disputan el control de la Central de Abastos y un mercado público.

Esa región fue controlada por estas bandas. Hubo bloqueos de vialidades, se limitaron los accesos a más de 30 colonias, vehículos incendiados y disparos. La población buscó refugio donde pudo.

La del martes 14 no es la primera irrupción de un grupo armado en la zona norte de la ciudad, pero sí la más documentada, según muestran los videos y fotografías que circularon ampliamente en las redes sociales.          La Vieja Jovel, ciudad colonial declarada Pueblo Mágico en 2003, a la que en 2021 llegó más de un millón de turistas que dejaron una derrama de unos dos mil 250 millones de pesos pese a la pandemia, hoy presa de estas bandas que en motocicletas recorren impunemente sus calles, desafiando a los cuerpos policiacos y militares.

A los criminales, conocidos como motonetos, no les preocupa que a la entrada de la ciudad esté instalada la 31 zona militar y que en sus inmediaciones haya tres campamentos y el 43 Batallón de la Guardia Nacional. Portando armas largas, rifles de asalto y pistolas, a plena luz del día vigilan sus calles y cobran cuotas por “derecho de piso” a comerciantes en la formalidad e informalidad.

Los Motonetos es un conglomerado de grupos que operan en toda esta región norte; se han contabilizado de 10 a 15: Los Vans, Los Torres, Los Patos, los de Huitepec Los Alcanfores, Los Narcisos, los del Lobo, Los Gerónimos, Élite, Los Ántrax, entre otros.

Algunos que se incubaron en el gobierno municipal de Marco Cancino González, durante el periodo 2015-2018, cuando también tomaron fuerzas grupos como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), el Frente Popular Sentimientos de la Nación (FPSN), la Asociación Cooperativa de Transportes del Estado de Chiapas (Acotrach) y la Organización de los Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (Opeach).

Necesario, el apoyo federal

En entrevista con Proceso, el alcalde Mariano Díaz Ochoa, admite esos grupos superan a los cuerpos policíacos en armamento y número.

Díaz es un político que de 1999 a la fecha ha ocupado tres veces la alcaldía: entre 1999-2001 y 2008-2010 por el PRI y en 2021 llegó por el PVEM.

Dice que la disputa real es por el control del Mercado de la Zona Norte y los cobros de cuota, derecho de piso o venta de locales dentro y en sus alrededores, aunque no descarta que haya otro tipo de venta ilegales como armas o drogas.

Para combatirlos, es necesaria la intervención decidida de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, por el uso de armas de fuego de alto calibre y el tráfico de drogas que portan los agresores.

El alcalde descarta que los hechos violentos de San Cristóbal de Las Casas estén relacionados o vinculados con otros incidentes violentos en los que grupos armados o cárteles se disputan territorios en la geografía chiapaneca, como en Frontera Comalapa o Teopisca, donde el alcalde Rubén de Jesús Valdez Díaz fue ejecutado fuera de su domicilio el miércoles 8 de junio.

“La zona indígena es impenetrable para estos grupos. Los pueblos indígenas se manejan solos. No es que yo sea sectario; los conozco. Ellos tienen su propia forma de organización y liderazgos para manejar toda la ilegalidad. Es como en Chamula, que es impenetrable, ellos manejan sus negocios lícitos y no lícitos”, sostiene.

En los primeros nueve meses de su tercer mandato, Díaz Ochoa ya lleva tres directores de la policía municipal. Uno de ellos fue Manuel Yáñez, elemento activo de la Guardia Nacional, quien chocó con el alcalde porque exigía dignificar el papel de la policía y el alcalde no lo respaldó. Duró cinco meses en el cargo.

Aunque el alcalde asegura que el martes 14 avisó de inmediato a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, las fuerzas federales y estatales no llegaron sino hasta cuatro horas después de que se desató la violencia.

Un día antes, en el cuartel de Rancho Nuevo de la 31 Zona Militar, cerca de San Cristóbal de Las Casas, se había puesto en marcha la Fuerza de Tarea de la VII Región Militar con 500 uniformados del Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal, para “disminuir los actos delictivos en la región tseltal, tsotsil y llanos” de los Altos de Chiapas, pero en su primer operativo del martes 14 se enfilaron hacia Teopisca, donde la semana pasada fue asesinado su alcalde; otro grupo llegó hasta Comitán.

Alejandro, un mando militar destacamentado en un retén que se puso en la salida a San Juan Chamula, dijo que la notificación para regresar a San Cristóbal les había llegado poco después de las 15 horas (cuando los incidentes iniciaron al mediodía). El contingente llegó hasta después de las 16 horas a la ciudad.

El gobernador Rutilio Escandón volvió a evadirse. Su personal de comunicación social difundió un mensaje suyo videograbado, donde dijo que se había actuado por parte de las corporaciones “para restablecer el orden” y aseguró que ya se tiene identificados a los responsables.