La organización Seguridad Sin Guerra llamó a “impedir el golpe a la Constitución” del presidente Andrés Manuel López Obrador por el decreto que anunció para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A través de un comunicado, el colectivo recordó las decisiones de administraciones anteriores que involucraron al Ejército como “la guerra” de Felipe Calderón Hinojosa y Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto.
“Por años, la expansión militar ha sido una decisión inconstitucional (…) pero ni Calderón o Peña se atrevieron a lo que ha hecho y anunciado López Obrador”, afirmaron.
Pidieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre esta decisión, llamando a la sociedad a manifestarse en contra y al Congreso a negarse a esta reforma.
“Entregar la Guardia Nacional a la Sedena por un acuerdo presidencial, es un golpe militar a la Constitución”, señala el documento.
El colectivo instó a la SCJN a que realice audiencias públicas con las víctimas y expertos para deliberar estos asuntos “que no han querido resolver”.
Seguridad Sin Guerra consideró que ante “el silencio” de la Corte, López Obrador ha militarizado a la Guardia Nacional.
Y señaló que esta decisión se agrega al “acuerdo militarista” de 2020, que permitió que las Fuerzas Armadas participaran en tareas de seguridad pública, y al anuncio de reforma para “entregar” a la Guardia Nacional a la Sedena.
“Ahora se suma la declaración de lo poco que le importa a López Obrador la Constitución y la democracia”, expresaron.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que buscará por un acuerdo o decreto que la Guardia Nacional dependa completamente en cuestiones de seguridad de la Sedena, sin pasar por el Legislativo.
Reforma de la GN: constitucionalistas prevén su estancamiento en la Corte
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un decreto para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que generó diversas reacciones no solo de expertos en seguridad y constitucionalistas, sino de organismos como Amnistía Internacional (AI).
La oposición en el Congreso de la Unión anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia de inconstitucionalidad, escenario en el que especialistas prevén un letargo pues estiman que los ministros pospondrán el análisis dada la carga de asuntos pendientes.
¿Qué sigue?
La eventual controversia de la oposición se sumaría a la 90/2020 promovida en contra del Acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas permanentes de seguridad pública y que aún sigue pendiente en la Corte.
David Saucedo, especialista en seguridad pública, expresa: “Creo que en la SCJN, en términos simples y llanos, se van a hacer patos. Creo que no van a entrar al debate del tema. Creo que van a congelarla, hay otros asuntos, le van a poner un turno muy distante. No le van a dar prioridad”.
Añade: “Creo que el presidente con decreto o sin decreto va a seguir avanzando en lo que en los hechos existe: una Guardia Nacional que es totalmente militar, militares en funciones y con procesos de reclutamiento en la Sedena en donde ya a los jóvenes se les dice que van directamente a la GN”.
De su lado, Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abunda: “Y, si la Corte no se toma en serio su papel, lo que puede pasar es que se acabe el sexenio del presidente López Obrador y sencillamente no resuelva esta segunda posible impugnación”.
Explica que “los alcances de esta decisión son todavía más graves porque el anterior acuerdo lo que hacía era disponer de manera indiscriminada de fuerzas armadas para tareas de inseguridad pública, pero por lo menos mantenía la ficción de que la Guardia Nacional era una institución de carácter civil”.
El constitucionalista Hugo Concha confía que frente a este “absurdo (decreto) que rompe con el orden constitucional de cualquier estado que busca ser una democracia, no hay ningún constitucionalista respetable que vaya si quiera a dar un argumento en su defensa”.
Y, si llega a la Corte, “tiene más de ocho asuntos militares detenidos entre amparos, controversias de municipios y no los ha resuelto. Algunos de ellos datan de 2016. La Corte tiene muy claro para dónde va este tema, esto es, no tendrá posibilidad de defenderlo, porque de lo contrario, se verá a la orden de lo que le gusta al presidente”.
Es así que –indica el constitucionalista– por la vía de los hechos y no del derecho, es como el Ejecutivo Federal busca militarizar al país, frente a una SCJN que no hará nada.
“Tenemos una Corte que sabe que si hace su trabajo y le tiene que decir al presidente: esto está mal, se va a meter en una guerra sin cuartel. Entonces, prefiere guardar los asuntos”, externa.
Una Guardia Nacional dependiente de la Sedena
Este cuerpo de seguridad pública, que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, fue creado por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, como parte de la estrategia del presidente López Obrador para combatir la delincuencia organizada en el país.
El Gobierno federal prometió que mantendría una naturaleza civil, aunque desde su creación, la “cabeza” es y ha sido de tipo militar, pues ha estado dirigida por el general Luis Rodríguez Bucio. Con información de Latinus y EXPANSIÓN política..
“Ni Calderón ni Peña se atrevieron”: organización civil rechaza traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena
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