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“La autocensura es la única manera de mantenerte seguro”: asesinatos de periodistas en México intimidan y silencian al gremio

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Justo después del atardecer del jueves 10 de febrero, dos hombres en una camioneta Dodge Ram blanca se detuvieron frente al pequeño estudio de radio de Heber López Vásquez, en el sur de México.

Un hombre salió, entró y mató a tiros al periodista de 42 años. Óscar, el hijo de 12 años de López, la única persona que estaba con él, se escondió, declaró el hermano de López a Reuters.

López fue uno de los 13 periodistas mexicanos asesinados en 2022, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización de defensa de derechos humanos con sede en Nueva York.

Fue el año más mortífero registrado para periodistas en México, ahora el país más peligroso para reporteros en el mundo fuera la Ucrania en guerra, donde el CPJ dice que 15 comunicadores fueron asesinados el año pasado.

Un día antes, López —quien dirigía dos sitios de noticias en línea en el sureño estado Oaxaca— había publicado un artículo en Facebook en el que acusaba a la política local Arminda Espinosa Cartas de corrupción relacionada con su campaña de reelección.

Mientras yacía muerto, una patrulla cercana respondió a una llamada de emergencia, interceptó la camioneta y detuvo a los dos hombres. Más tarde se supo que uno de ellos era hermano de Espinosa, la política de la historia de López.

 Espinosa no ha sido acusada en relación con el asesinato de López. No ha respondido a múltiples peticiones de comentarios y Reuters no ha podido encontrar ningún comentario suyo anterior sobre su papel en la posible corrupción o sobre la historia de López.

Su hermano y el otro hombre siguen detenidos, pero aún no han sido juzgados. Su abogado no respondió a las numerosas peticiones de comentarios.

“Dejé de cubrir narcotráfico y corrupción y la muerte de Heber todavía me da miedo”, dijo Hiram Moreno, un veterano periodista oaxaqueño que recibió tres disparos en 2019, sufriendo heridas en una pierna y la espalda, después de escribir sobre negocios de drogas de grupos criminales locales.

Su agresor nunca fue identificado. “No se puede contar con el gobierno. La autocensura es la única manera de mantenerte seguro”, lamentó.

Se trata de un patrón de miedo e intimidación que se repite en todo México, tras años de violencia e impunidad que han creado lo que los académicos denominan “zonas de silencio”, donde los asesinatos y la corrupción permanecen sin control ni son documentados.

“En las zonas de silencio la gente no tiene acceso a la información básica para conducir sus vidas”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

“No saben por quién votar porque no hay investigaciones sobre corrupción. No saben qué áreas son violentas, qué pueden decir y qué no, así que se quedan callados”, añadió.

El portavoz del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no respondió a una solicitud de comentarios sobre los ataques a los periodistas.

Desde el inicio de la guerra contra las drogas en México en 2006, 133 periodistas han sido asesinados por motivos relacionados con su trabajo, determinó el CPJ, y otros 13 por razones indeterminadas. En ese tiempo México ha registrado más de 360 mil homicidios.

Las agresiones contra periodistas se han extendido en los últimos años a zonas antes menos hostiles —como Oaxaca y Chiapas—, amenazando con convertir más partes de México en zonas muertas para la información, afirman grupos de derechos como Reporteros sin Fronteras y 10 periodistas locales.

López fue el segundo periodista asesinado desde mediados del 2021 en Salina Cruz, en Oaxaca.

Se ubica en el Istmo de Tehuantepec, una franja de tierra que conecta el Golfo de México y el Pacífico y que se ha convertido en un punto de desembarco de precursores químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina, según tres analistas de seguridad y una fuente de la DEA.

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La última historia de López, una de las varias que escribió sobre Espinosa, cubría los supuestos intentos de la política para conseguir que una empresa que construía un rompeolas en el puerto de Salina Cruz amenazara a los trabajadores para que votaran por ella o, de lo contrario, serían despedidos.

La infraestructura es parte del Corredor Interoceánico, uno de los proyectos de desarrollo emblemáticos de López Obrador en el sur de México.

José Ignacio Martínez, reportero de crímenes en el istmo, y nueve de los compañeros periodistas de López dicen que desde su asesinato tienen más miedo de publicar historias que profundicen en el proyecto del corredor, narcotráfico y la connivencia del Estado con el crimen organizado.

Un medio de comunicación con el que habló Reuters, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que había hecho una investigación sobre el corredor, pero que no se sentía seguro para publicar después de la muerte de López.

El portavoz de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones de corrupción relacionadas con el corredor.

En 2012, el gobierno creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Conocido simplemente como el Mecanismo, el organismo proporciona a periodistas botones de pánico, equipos de vigilancia, custodia policial a domicilio, guardias armados y reubicación.

Desde 2017, nueve reporteros protegidos por el Mecanismo han sido asesinados, descubrió el CPJ.

Periodistas y activistas pueden solicitar protección al Mecanismo, que evalúa su caso junto con un grupo de defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de organizaciones sin fines de lucro, así como funcionarios de agencias gubernamentales que conforman una junta de gobierno.

Según el análisis, no todos los que solicitan protección la reciben. Actualmente hay mil 600 personas inscritas en el Mecanismo, entre ellas 500 periodistas.

Uno de ellos era Gustavo Sánchez, periodista asesinado a quemarropa en junio del 2021 por dos sicarios en motocicleta. Sánchez, quien había escrito artículos críticos sobre políticos y grupos criminales, se inscribió en el Mecanismo por tercera vez tras sobrevivir a un intento de asesinato en 2020. La protección nunca llegó.

El fiscal de Oaxaca dijo entonces que la cobertura que Sánchez hacía de elecciones locales sería una de las principales líneas de investigación de su asesinato. Nadie ha sido acusado en el caso.

El homicidio de Sánchez llevó a la Comisión de Derechos Humanos de México a elaborar una investigación de 100 páginas sobre las fallas de las autoridades. Las pruebas “revelaron omisiones, retrasos, negligencia e incumplimiento de deberes por parte de al menos 15 servidores públicos”, según el informe.

Enrique Irazoque, jefe del departamento de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que el Mecanismo aceptaba las conclusiones, pero destacó el papel que desempeñaron las autoridades locales en la falta de protección.

Quince personas del gobierno y de la sociedad civil dijeron a Reuters que el Mecanismo carece de recursos suficientes para el tamaño del problema. Irazoque estuvo de acuerdo, aunque señaló que su equipo de 40 personas aumentó el año pasado a 70. Su presupuesto para 2023 aumentó a unos 28.8 millones de dólares, frente a los 20 millones de 2022.

Además del financiamiento insuficiente, Irazoque dijo que autoridades locales, gobiernos estatales y los tribunales deben hacer más, pero que faltaba voluntad política.

“El mecanismo está absorbiendo toda la problemática y los temas no son federales, son locales”, dijo a Reuters.

Irazoque cree que lo que más se necesita son más condenas, ya que la falta de repercusiones legales para los funcionarios públicos fomenta la corrupción.

La impunidad de los asesinatos de periodistas ronda el 89%, según un informe del 2021 de la Segob, que supervisa el Mecanismo. Según el informe, funcionarios públicos locales son la principal fuente de violencia contra periodistas, por delante del crimen organizado.

“Uno pensaría que el mayor enemigo serían los grupos armados y el crimen organizado”, afirmó la periodista Patricia Mayorga, quien huyó de México tras investigar la corrupción. “Pero en realidad son los lazos entre esos grupos y los funcionarios estatales los que son el problema”, subrayó.

Muchos periodistas mexicanos asesinados trabajaban para pequeños medios digitales independientes que a veces sólo publicaban en Facebook, señaló Irazoque, y afirmó que sus historias profundizaban en cuestiones políticas locales.

La Asociación Nacional de Alcaldes de México (Anac) y su Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no respondieron a solicitudes de comentarios sobre el papel de los gobiernos estatales y locales en los asesinatos de periodistas o las acusaciones de vínculos con grupos delictivos.

López Obrador arremete con frecuencia contra la prensa, llamando “mentirosos” a reporteros críticos de su administración y dedicando un segmento semanal de su rueda de prensa diaria a las “mentiras de la semana”. Condena los asesinatos, pero acusa a sus adversarios de hablar de la violencia para desacreditarlo.

Irazoque dice que no tiene pruebas de que los ataques verbales del presidente hayan resultado en violencia contra periodistas. El portavoz de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios.

“¿Qué clase de vida es esta?”, dijo el periodista Rodolfo Montes, mirando imágenes de seguridad desde el interior de su casa, donde el Mecanismo, al que se inscribió por primera vez en 2017, había instalado cámaras en el estacionamiento, la calle y la entrada.

Años antes, un cártel pasó una bala por debajo de la puerta como amenaza y desde entonces está en vilo. En un rincón de su casa hay una caja de archivo llena de amenazas de más de una década. Mirando su teléfono después de que un cártel amenazara a su hija de 24 años unos días antes dijo: “Estoy viviendo, pero estoy muerto, ¿sabes?”. Con información de Latinus (Reuters)