El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa expresó su repudio a las recientes acciones ejecutadas por el gobierno de Chiapas para desalojar a dos grupos de campesinos (80 familias en el municipio de Venustiano Carranza y 55 familias en el municipio de Villa Las Rosas) en donde según testimonios de las víctimas participaron efectivos militares, policías federales y estatales quienes acompañaban a propietarios y grupos paramilitares que recientemente se dieron a conocer a plena luz del día como un grupo de autodefensa presumiendo su armamento de alto calibre. La misma Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas en sus boletines presume la participación de efectivos militares en dichos desalojos.
Según testimonios de campesinos y campesinas desplazadas pertenecientes a la OCEZ-RC señalan que los efectivos militares, policíacos y paramilitares llegaron a desalojarlos sin previo aviso y sin darles ninguna oportunidad para retirar sus pertenencias quemaron sus viviendas y sus cosechas. Expresan que les robaron cosas que tenían, dinero y “se comieron los refrescos, las cajas de galletas, huevos y cositas que tenía de mi tiendita “. En este momento se encuentran asentadas en la orilla de la carretera Pujiltic-Tuxtla Gutiérrez a la altura del predio El Cascajal y reciben la solidaridad de comunidades y grupos de su organización.
Refieren que las detenciones que realizaron en el operativo policíaco-militar del 29 de marzo fueron arbitrarias y que hasta el momento 5 campesinos detenidos se encuentran en los separos de la PGJE-Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.
Resulta particularmente grave la desaparición forzada y tortura a la que fue sometida María del Carmen Sántiz Montoya por parte de policías y paramilitares quien fue detenida durante el operativo del 29 de marzo, le cubrieron el rostro y amarrada de pies y brazos, y estuvo sometida a tortura durante cerca de 8 horas por policías y paramilitares quienes la torturaron física y psicológicamente, viviendo momentos de terror según nos narró su madre, “la interrogaron sobre quiénes eran los líderes de la organización y el grupo, y la amenazaron de que la iban a violar y después la iban a quemar viva”. María del Carmen se encuentra aterrada y ahora se encuentra con su familia en calidad de desplazada.
Mujeres campesinas que fueron desalojadas el día 31 de marzo en el municipio de Villa Las Rosas, narran que los policías y paramilitares llegaron de sorpresa desde las montañas e iban encabezados por Victoria Tamayo, quien gritaba “pártanles la madre”, y refieren que los policías les gritaban que les “iban a meter la verga” y decían “que buena está esa chamaca, hoy vamos a romper piñata”. Mujeres refieren que sufrieron violencia sexual y tocamientos de parte de policías estatales.
Nos preocupa la seguridad e integridad personal de Eliezer de Jesús Castellanos enlace regional de este Comité Digna Ochoa y miembro de la OCEZ-RC, quien expresa temor de ser agredido y/o detenido por su labor visible en defensa de los derechos humanos y acompañante de grupos de desplazados.
Resulta sumamente grave que el Secretario de Gobierno, presuma con total cinismo que estos operativos policíacos fueron realizados en el marco del protocolo de respeto a los derechos humanos y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos participó y dio fe de estos hechos, le preguntamos al Secretario de Gobierno Sr. Juan Carlos Gómez Aranda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿si acaso usar más de 1000 elementos militares, federales y estatales con grupos paramilitares, realizar detenciones arbitrarias, cometer el delito de desaparición forzada y tortura, abuso sexual y amenazas de violación en contra de mujeres es parte de su protocolo?
Estos graves hechos sucedidos en los municipios de Venustiano Carranza y Villa Las Rosas, se suman a un escenario permanente de violaciones de Derechos Humanos bajo el gobierno del señor Manuel Velasco Coello. Como ejemplo, el día de hoy trabajadores del sector salud han iniciado una huelga de hambre, la mayoría mujeres que despedidas arbitrariamente el 22 de marzo como represalia gubernamental por evidenciar las pésimas condiciones en que operan los hospitales, la falta de medicamentos y diversas irregularidades administrativas. Este Comité Digna Ochoa expresa su solidaridad con la huelga de hambre que han emprendido trabajadores del sector salud en defensa de sus derechos y la salud del pueblo de Chiapas.
Nos preocupa la grave y alarmante situación de violaciones de Derechos Humanos que vive en el estado de Chiapas, considerando que existe un grave retroceso en esta materia, por lo que consideramos necesario acudir a instancias de derechos humanos de la ONU. En Chiapas, en el mandato del gobernador Manuel Velasco Coello, se ha impulsado una estrategia de criminalización y represión ante manifestaciones que exigen sus derechos humanos. Se ha optado por desplegar operativos policiacos con uso desproporcionado y desmedido de fuerza pública y se criminaliza con el uso de aparatos de justicia a defensores y activistas de derechos humanos.
El gobierno de Chiapas reprime y criminaliza a los activistas, organismos civiles y defensores de Derechos Humanos en Chiapas, nos preocupa de sobremanera que ha sido de nuestro conocimiento que se han integrado averiguaciones previas contra activistas comunitarios y defensores y que se ha tolerado y apoyado desde las instancias gubernamentales a grupos paramilitares y delincuenciales quienes nos han amenazado, por lo que tememos por nuestra vida.
En este adverso escenario de violaciones de Derechos Humanos en Chiapas, quienes nos dedicamos a la defensa de los Derechos Humanos hemos sido blanco de diversas agresiones, acoso, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias por parte del gobierno de Chiapas y de grupos de corte paramilitar y delincuencial que operan en distintos municipios de Chiapas en donde existen intereses y recursos de megaproyectos como minería, hidroeléctricas y petroleros.
