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Más de 12 mil personas han salido de Tila por violencia

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En localidades de la región norte de Chiapas, cada 24 horas más 65 personas se ven obligadas a desplazarse a otras regiones por violencia e inseguridad que azota a municipio de Tila, Sabanilla, Yajalón y Petalcingo.

La “Encuesta Desplazamiento Forzado Interno en Tila, Chiapas” elaborado por la Asociación Civil: Foro para el Desarrollo Sustentable, revela que el número de desplazados en este municipio, ha alcanzado las 6 mil 865 personas, aunque esta cifra podría duplicarse sólo este año.

La asociación, con casi dos décadas de experiencia en el acompañamiento a poblaciones indígenas víctimas de desplazamiento forzado, entrevistó a 873 personas consideradas cabezas de familia para obtener datos más precisos.

De acuerdo con la información recopilada, cerca de mil 439 desplazados se han visto forzados a separarse de sus familias, quienes también están en situación de desplazamiento. Se estima que el total de afectados por esta crisis supera los 12 mil pobladores. La encuesta muestra que el 66 por ciento de los desplazados se encuentra en el municipio vecino de Yajalón, el 20 por ciento en Petalcingo y El Limar (Tila), el 4 por ciento en Sabanilla y otro 4 por ciento en Ocosingo.

Además, víctimas de la violencia se han refugiado en Salto de Agua (2 por ciento), Palenque (2 por ciento), San Cristóbal de Las Casas (2 por ciento), Tuxtla Gutiérrez (2 por ciento), Tumbalá (1 por ciento) y otras localidades de Chiapas. Un 3 por ciento ha buscado refugio en otras entidades. El 69 por ciento del total de desplazados se considera en alto riesgo.

Las necesidades más urgentes de los desplazados incluyen alimentos (2 mil 856 personas), agua potable (2 mil 352), servicios de salud (2 mil 123), alojamiento seguro (2 mil 121), ropa personal y de cama (2 mil 380), atención psicológica (2 mil 124) y la reposición de documentos personales (mil 328). El estudio también destaca que el 64 por ciento de los desplazados habla la lengua ch’ol y que muchos no solo huyeron de la cabecera municipal de Tila, sino también de localidades como Misijá, Unión Juárez, Nueva Generación Chulum Chico y Usipá.

De las 873 cabezas de familia encuestadas, el 39 por ciento mencionó que uno de los peligros principales que enfrenta su familia son los asesinatos, el 20 por ciento la quema de sus casas, el 9 por ciento el reclutamiento forzado, otro 9% las violaciones sexuales, el 3 por ciento el secuestro, el 9 por ciento el cobro de piso, el 14 por ciento la inseguridad y el 6 por ciento el despojo de sus propiedades.

El 41 por ciento de los desplazados desconoce cuáles son las autoridades responsables de proporcionar ayuda humanitaria, seguridad y protección de sus bienes. Además, el 82 por ciento afirmó que hasta la fecha no existen acciones o estrategias para atender este desplazamiento masivo.

En relación a su futuro, el 66 por ciento de los desplazados desea permanecer donde están hasta que existan condiciones seguras para regresar, el 20 por ciento prefiere quedarse en su ubicación actual, el 13 por ciento no sabe qué hacer y el 0.4 por ciento ya ha identificado una nueva ubicación.

En cuanto a la ayuda humanitaria, el 34 por ciento indicó que recibe apoyo principalmente de la comunidad (46 por ciento), del Ayuntamiento de Yajalón (34 por ciento) y de amigos, familiares y conocidos (19 por ciento). Sólo un 9 por ciento recibe apoyo de la sociedad civil, un 6 por ciento de la Secretaría de la Defensa Nacional y un 4 por ciento de iglesias y templos. Del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Tila, de donde son originarios, reciben solo el 3 por ciento y el 2 por ciento, respectivamente.

La encuesta también expone que el 57 por ciento de los desplazados dejó ganado, colmenas, animales de granja y aves de corral; el 23 por ciento abandonó sus huertos frutales, parcelas, cultivos, potreros, milpa y cafetales; el 51 por ciento dejó mascotas y animales de compañía y el 3 por ciento plantas de jardinería.

Finalmente, la organización considera que es una obligación del Estado mexicano proporcionar protección a las personas desplazadas y respetar sus derechos económicos, humanos y culturales. Empero, actualmente no existen condiciones adecuadas para el retorno de los cientos de familias desplazadas a Tila.