Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.
Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.
En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han cejado en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando.
Desplegadas en su página de internet recientemente, las conclusiones de la CIDH sobre el caso Atenco hacen señalamientos concretos a Peña Nieto como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra pobladores y activistas de Atenco cuando fue gobernador del Estado de México, responsabilidad que será analizada en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo a la CIDH, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.
Araceli Olivos Portugal, la abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que representa a las agraviadas, considera inédito que la CIDH haya considerado en el informe que remitió a la Corte las declaraciones públicas de Peña Nieto y altos funcionarios de su gobierno.
“Es un hecho inédito que la CIDH razonara que, con sus declaraciones (Peña Nieto) generara un clima de impunidad en el que prevalece el caso hasta día de hoy.
“Es decir, que fueron las declaraciones (del entonces gobernador las) que marcaron la pauta de no actuación de las autoridades cuyo deber era investigar, así como para desincentivar a las víctimas a ratificar su acusación, pues de las 31 mujeres que denunciaron agresiones sexuales, sólo 11 se mantuvieron firmes”, explica la litigante.
Las indagatorias de la CIDH
Sin acceso a verdad y justicia, el caso fue ingresado al Sistema Interamericano en 2008, año en que el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó a México abrir una investigación en el ámbito federal para sancionar a responsables intelectuales y materiales, así como a la cadena de mando que intervino en los hechos.
En 2013, en una audiencia realizada en Washington, el Estado mexicano impulsó una solución amistosa, que fue rechazada por las agraviadas. En 2015, sin el consentimiento de las mujeres, el Estado creó un fondo para indemnizar a las víctimas que fue repudiado por las 11 mujeres ante la impunidad en la que se mantiene el caso.
El Informe de Fondo 74/15. Caso 12.846 Mariana Selva Gómez y otras fue aprobado el 28 de octubre de 2015 por los comisionados James Cavallaro, relator de México; Tracy Robinson, entonces relatora de la Mujer, y por Pablo Vanucchi, Rosa María Ortiz, Felipe González y Rose Marie Belle Antoine. De esa discusión, se excluyó, por normatividad del órgano interamericano, al mexicano José de Jesús Orozco Henríquez.
El documento, disponible en internet, destaca la participación de Peña Nieto en el diseño del operativo policiaco en el que resultaron violentados los derechos de las agraviadas. El conflicto se originó cuando el gobierno municipal de Texcoco intentó desalojar a vendedores de flores que fueron apoyados por simpatizantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se manifestaron el 3 de mayo de 2006 en la carretera municipal Los Reyes-Lechería, a la altura de la entrada de San Salvador Atenco.
En la acción policiaca para despejar la zona hubo enfrentamientos entre pobladores y policías municipales, estatales y federales.
El reportero Alejandro Gutiérrez dio cuenta de que, además de Peña Nieto, participaron en la planeación del operativo de represión Humberto Benítez Treviño, José Manzur Quiroga y Edwin Lino, secretario de Gobierno, subsecretario y secretario particular del entonces gobernador, respectivamente, así como el procurador Abel Villacaña; el jefe de la Agencia de Seguridad del Estado, Wilfrido Robledo Madrid, y el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez (Proceso 1541).
Lo que siguió fue el terror: durante el traslado, los rostros de las mujeres fueron cubiertos con sus ropas. Las golpearon con toletes en sus cuerpos desnudos. Pantaletas y sostenes fueron destrozados por los uniformados, quienes las manosearon, las mordieron y pellizcaron sus senos y nalgas, además de derramar semen en sus cuerpos.
A ello se sumaron amenazas de ejecución y desaparición. Cuando las detenidas ingresaron al penal, los agentes ministeriales y médicos legistas se negaron a admitir sus quejas y a proporcionarles atención ginecológica. Las mujeres tuvieron que emprender una huelga de hambre para ser atendidas.
Todo fue narrado por ellas en sus denuncias penales y confirmado en la Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en las pruebas periciales del Comité Contra la Tortura y la Impunidad, citados en el documento elaborado a partir de los alegatos ante la CIDH.
Entre mayo y junio de 2006, como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto fue prolijo en sus declaraciones públicas para descalificar y censurar a las mujeres que denunciaron abusos sexuales durante los actos de represión en Atenco.
Versiones de los funcionarios mexiquenses
El Informe de Fondo del caso Atenco incluye declaraciones relevantes de Benítez Treviño y de Robledo Madrid. En su edición del 17 de mayo El Universal destacó que el primero declaró que el gobierno de Peña Nieto no iniciaría averiguaciones “al no existir ni exámenes ginecológicos ni denuncias penales concretas”.
En el caso de Robledo Madrid, el entonces funcionario mexiquense atribuyó los abusos denunciados a “los altos niveles de estrés” de sus policías, y consideró que “si las mujeres, muy dignas, no se dejaron revisar por los doctores, fue porque nadie les había hecho nada”, según consignó La Jornada el 27 de junio de 2006
El documento analiza las actuaciones de las instancias de procuración de justicia estatal y federal (en su momento intervino la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer) y cómo se redujo el caso al sometimiento a proceso de 29 policías estatales, 21 médicos legistas y un agente del Ministerio Público, que llevaron sus juicios en libertad y que han ido ganando absoluciones por fallas en las consignaciones, sin que hasta la fecha existas policías federales o mandos estatales procesados.
En este litigio llaman la atención las consideraciones de los comisionados acerca del impacto de las declaraciones mencionadas para mantener en impunidad el caso, y se ocupa de ellas en la sección de “Análisis de derecho”.
Al referirse a la falta de exámenes ginecológicos que confirmaran la violencia sexual sufrida por la mujeres, incluso la ausencia de exámenes de ADN a los hallazgos de semen, la CIDH “nota que el Estado no dio una respuesta investigativa inmediata a través de la práctica de certificados médicos integrales y coherentes con el tipo de violencia sexual descrita por las víctimas. Por el contrario, al recibir información sobre denuncias de violencia sexual en el marco de los operativos, altas autoridades del Estado de México emitieron pronunciamientos que descalificaron dichas denuncias”.
Retoma el impacto que tuvieron las expresiones de Peña Nieto y sus subalternos en la omisiones de los médicos legistas que “no cumplieron con los estándares” médicos integrales “para recabar la mayor cantidad de prueba posible sobre los actos de violencia y violación sexual narrados por la mayoría de las víctimas desde sus primeras entrevistas con la CNDH y en el marco del certificado de lesiones practicado por esa entidad”, y que la decisión de varias víctimas de no denunciar formalmente después de su detención no justificaba la falta de actuación.
Para el organismo de la OEA no cabe duda que “estas graves omisiones tuvieron lugar en un contexto en el cual los altos funcionarios del ámbito estatal formularon declaraciones que se encuentran descritas en el presente informe y conforme a las cuales se habría puesto en tela de juicio la posible veracidad de las denuncias de violencia sexual en el marco de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006”.
