Las decisiones políticas en Chiapas son inentendibles. Hay un aparato público sin rumbo ni cabeza, que no prevé los conflictos que se multiplican en el territorio, en donde no hay una política social y de combate a la pobreza; no hay una política para la recuperación económica y de fortalecimiento a las actividades productivas; hay una carencia de programas para la generación de empleo; se requiere del fortalecimiento de las actividades agropecuarias; hay una grave inacción política; hacen falta programas de salud y de control de enfermedades transmitidas por vector; no tiene la mínima idea de los problemas educativos y para colmo, se convirtió en un cochinero el proceso de selección de candidatos para la gubernatura, lo que implica altos riesgos de violencia poselectoral.
En la entidad existen 16 municipios con niveles peligrosos de conflicto y más de 180 puntos de tensión social y de violencia, que ponen en riesgo la seguridad nacional, sin que se perciba una mínima atención gubernamental para reducir los riesgos de estallidos social.
Durante más cinco años del gobierno de Manuel Velasco, no se realizaron obras significativas y gran parte de este tiempo, se mantuvo en funcionamiento programas elaborados por el gobierno de Juan Sabines, que se distinguieron por el fraude y la corrupción, como Ciudades Rurales y el de las energías renovables –el biodiesel-.
Chiapas, desde meses atrás representa la imagen del caos. Durante el año 2016 la entidad vivió sucesos violentos en los municipios de Tila, Chenalhó, Chanal, Oxchuc, San Juan Chamula, Pueblo Nuevo, Ixtapa, Frontera Comalapa, Palenque, Altamirano, Las Margaritas y además hubo un paro magisterial que duró 120 días. El caos continuó en el 2017, sin que a funcionarios de la secretaría de gobierno les preocupara atender las demandas de la población y en el 2018 continúa la tendencia de conflictos sociales y de la apuesta a la violencia, en donde después de las elecciones surgieron los conflictos poselectorales, y en donde fueron impugnados el 60% de los municipios, lo que se prevé una difícil situación de inconformidad después de que el TRIFE resuelva los recursos y reconozca a los triunfadores.
Estos sucesos nos muestra que en Chiapas se llegó a un punto en el que a nadie le interesa apegar sus actos en el marco de la ley. El gobierno con demasiada frecuencia toma decisiones ilegales o realiza designaciones ilegales y hoy día cualquier grupo de personas puede obstaculizar el libre tránsito de vehículos y de personas, sin que haya una sanción al respecto.
Esto resulta significativo en este momento para Chiapas, pues existe un deterioro alarmante en el ejercicio del poder -en donde se dejaron de tomar decisiones para garantizar el orden, lo que condujo al caos-, pero de igual manera, aparece en las personas un desapego a las normas y entonces se pierde la regulación social de los actos que están prohibidos y son sancionables.
Los tiempos concluyeron para este gobierno en medio de una tensión social, que de continuar esta inacción política, se vislumbra una delicada situación para el 2019 y los años siguientes.