Durante décadas Chiapas ha representado un problema de seguridad nacional. En la historia reciente, dos sucesos en la entidad generaron la renuncia del secretario de gobernación y la del gobernador del Estado: la primera en 1994 con el levantamiento armado zapatista que provocó la renuncia de Patrocinio González Garrido a la secretaría de gobernación y la de Elmar Setzer Marseille, a la gubernatura del Estado; la segunda, en 1997, con la matanza de Acteal, que generó la renuncia de Emilio Chuyfett a la secretaría de gobernación y de Julio César Ruíz Ferro a la gubernatura de la entidad.
Por eso, en las circunstancias actuales de Chiapas, el desempeño del secretario de gobierno contiene una alta responsabilidad, pues sobre él recae la seguridad interna, el restablecimiento del orden, la negociación y la construcción de acuerdos con los grupos y el buen éxito de la conducción política de Chiapas, situaciones que implican un importante trabajo político, que desafortunadamente Juan Carlos Gómez Aranda no sólo no lo viene realizando, sino que con su inacción en la operación política, pareciera que su apuesta es incendiar el Estado.
En Chiapas, muchos de los conflictos políticos que se viven, se debe a la disputa abierta que hay por la gubernatura en el 2018, donde los aspirantes vienen desarrollando un trabajo político cada vez más protagónico, anteponiendo los intereses privados al interés público, debilitando, deslegitimando, conflictuando y deteriorando la convivencia y el trabajo del gobernante, cuando aún faltan dos años para la sucesión.
En esta disputa por la gubernatura, el secretario de gobierno juega un papel a favor del senador Luis Armando Melgar Bravo, lo que lo descalifica para continuar desempeñando esa responsabilidad, pues carece del compromiso, la equidad y la responsabilidad en sus acciones y decisiones.
Las condiciones sociales en Chiapas no son las más halagüeñas, de allí la urgente necesidad de un secretario de gobierno avocado a construir los espacios de gobernabilidad, preservando siempre el interés público y no los beneficios de los grupos de interés.
En este año se han presentado sucesos graves, que si Chiapas estuviera gobernado por alguien que tuviera visión de Estado, el secretario de gobierno ya hubiera sido destituido, ejemplos: el secuestro del presidente del Congreso por pobladores de Chenalhó, el asesinato del presidente municipal de San Juan Chamula, los conflictos por la presidencia municipal de Oxchuc y Chenalhó, el desacato del Estado para restituir en su cargo a las presidentas municipales de Oxchuc y Chenalhó ordenado por el TRIFE, el secuestro de pobladores y quema de casa en Oxchuc en días pasados, las continuas tomas de casetas y cierre de carreteras y el enfrentamiento de ayer entre maestros de la CNTE con el SNTE.
La seguridad del Estado no puede estar supeditada a los intereses y ambiciones que están en juego para el 2018, y menos estos intereses deben estar por encima del interés general de la población como recurrentemente viene sucediendo.
Chiapas representa un riesgo para la seguridad del país y los sucesos de violencia que se vienen suscitando, deben ser atribuidos a la inoperancia del secretario de gobierno en la entidad, quien al tomar partido por uno de los aspirantes a la gubernatura, dejó suelto los hilos de control del orden y se convirtió en un problema más para la entidad, ante la complacencia de un gobernador que no toma decisiones y que considera irrelevante gobernar.