El responsable de los feminicidios es el Estado

Marcela Lagarde, una de las pensadoras feministas más importante de América latina señala en una de sus obras, que “[P]ara que se dé el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Sucede, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Si el Estado falla, se crea impunidad, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado”.

Para esta antropóloga mexicana, el feminicidio es la culminación de las variadas formas de violencia en contra de las mujeres, en donde esta violencia no es detenida, prevenida ni investigada y menos sancionada por el Estado, lo que reproduce patrones de impunidad e injusticias. En este sentido todo homicidio de mujeres, en donde exista previamente políticas o programas de prevención de violencias y no haya una investigación con la debida diligencia debe ser considerado como feminicidio haya o  no una denuncia penal de la víctima. De igual forma, el suicidio, cuando es precedido por conductas de violencia es un feminicidio.  Aun y cuando no exista denuncia de por medio. Esto debido a que el Estado debe implementar e manera permanente políticas de prevención.

Llama la atención que en el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación de delitos de feminicidio en el Estado de Chiapas, aprobado en el 2019, por el fiscal Jorge Luis Llaven Abaraca, se retoman elementos de la sentencia de la Suprema Corte sobre el caso de Mariana Lima Buendía, cuya resolución establece que “en el caso de muertes de mujeres se deben identificar las conductas que causaron la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservarse evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y realizar las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.”

Estos cuatro elementos cruciales en la investigación con perspectiva género, que la fiscalía de Chiapas debe implementar en los feminicidios, están ausentes en el caso de Mariana, la estudiante de medicina de la UNACH que realizaba su servicio social en Nueva Palestina, Ocosingo, y que demuestra la responsabilidad del Estado en este feminicidio, debido a que la incineración ilegal del cuerpo, provoca una carencia en la investigación con la debida diligencia, que dificulta identificar las conductas que causaron su muerte, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican su muerte violenta, no se preservaron evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y difícilmente se puede creer que la fiscalía realice las periciales pertinentes para determinar si Mariana estaba inmersa en un contexto de violencia.

Por estas ausencias que conducen al incumplimiento de una responsabilidad internacional del Estado, cometida por la fiscalía de Chiapas, no debe quedar duda alguna del feminicidio de Mariana, aun y cuando la fiscalía sostenga la aberrante postura de suicidio, éste fue producto de una culminación de prácticas de violencia que sufrió Mariana durante los seis meses que llevaba en la realización del servicio social, en el que sin duda fueron partícipes funcionarios del sector salud y de la escuela de medicina de la UNACH, que posiblemente terminarán siendo sancionadas, pero la responsabilidad central de este feminicidio es el Estado y hacia este órgano hay que dirigir todo el malestar y la demanda para establecer mecanismos de no repetición para evitar un feminicidio más en Chiapas.