Necesaria una cultura de paz en Chiapas

La construcción de la paz, en un amplio territorio chiapaneco, debe formar parte de una política pública del gobierno, que al mismo tiempo en que busque mejorar las condiciones de vida de la población, garantice el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las comunidades y las personas.

De allí que el promover eventos como la entrega de armas en comunidades de Aldama y Chenalhó, no sea el mejor camino para construir la paz, pues la obligación principal del Estado es la de erradicar los grupos paramilitares en toda la región, sobre todo porque  éstos son los generadores de violencia y representan el principal obstáculo para el establecimiento de un proyecto de reconciliación y paz en las comunidades.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana, debido a que el establecimiento de un proyecto para la construcción de paz debe estar acordado con los miembros de la comunidad, en la que debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para abrazar la reconciliación, como un paso necesario para construir la paz en las comunidades.

Chiapas se encuentra al margen de la importante discusión que se está desarrollando en diferentes países sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional. Aquí no existe el interés de investigar la verdad de los hechos violentos en las comunidades ni el que se haga justicia, se investigue y se sancione a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establezcan mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria de los miles de desplazados que hay en Chiapas, en mucho, generado por el consentimiento del gobierno a la presencia paramilitar, en donde desafortunadamente existe la misma práctica permisiva de esta violencia en el actual gobierno emanado de Morena.

Tal parece que la lógica en el gobierno en la entidad es mantener la violencia en la región o peor aún, dejar que los paramilitares realicen en la impunidad el ajuste de cuentas intercomunitario y que utilicen el terror y la fuerza como el mecanismo fundamental para imponer a través del miedo y de las expulsiones las reglas de sometimiento en la convivencia en las comunidades.

La violencia cotidiana en las comunidades indígenas no son una preocupación para el gobierno de Rutilio Escandón, quien actúa ignorando los riesgos que representa un acrecentamiento de esta violencia, que por la desatención política puede provocar de nuevo una masacre, que alcanzaría difusión internacional, por los fuertes significados que representa Chiapas y la población indígena en Europa  y Norteamérica, que prácticamente lo pondría en la picota, por las presiones de los organismos internacionales que se ejercerían sobre el Estado mexicano.

Por ello es urgente que se asuma una nueva voluntad gubernamental, de atención a la problemática de algunas comunidades indígenas, en el que está normalizada la violencia, para que se desarrolle un programa de justicia transicional en la entidad, que investigue y sancione a los promotores de esta violencia intercomunitaria.