El mayor triunfo que podían tener los desplazados internos del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó lo obtuvieron el día de ayer, en el momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer las medidas cautelares que emitió en contra del gobierno mexicano a través de la Resolución 13/2018, que está publicada en el portal de internet www.cidh.org.
En esta resolución, entre varias consideraciones, la CIDH solicita al gobierno mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas indígenas tsotsiles que se encontrarían desplazadas del Ejido Puebla, en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, resolución que debe de modificar la situación que viven estos desplazados.
El conflicto en el municipio de Chenalhó, específicamente en el Ejido Puebla, no ha sido plenamente dimensionado por el gobierno de Chiapas, que no logra entender cual es su papel ni por qué ahora está siendo sometido al escrutinio internacional de los derechos humanos.
Las causas son obvias, sólo que la ignorancia e irresponsabilidad del gobierno de Chiapas no alcanza a percibir, debido a que tienen una responsabilidad internacional que no están cumpliendo y por eso están siendo sometidos al escrutinio de la CIDH.
En concreto, el gobierno de Chiapas incurre en responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones y deberes contempladas por el artículo 1º constitucional, que toda autoridad está obligada a cumplir en materia de derechos humanos. Al respecto la constitución señala como obligación del Estado la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pero al mismo tiempo el artículo 1º de la constitución establece como deberes del Estado el de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
En el caso específico de Chenalhó, se presentaron conflictos poselectorales en el 2015 en el que el Estado estaba obligado a tomar medidas para que se protegieran, respetaran y garantizaran los derechos humanos de la población y no lo hizo. Pero además, los conflictos electorales en varios municipios indígenas eran previsibles y el Estado no tomó las decisiones necesarias para prevenir, que no se presentaran los desplazamientos internos y tampoco lo hizo.
Pero en el momento en que se presentaron estos desplazamientos, con fecha 26 de mayo del 2016, el Estado debió de haber ordenado una investigación de los sucesos y como producto de ello se debió de haber aplicado las sanciones correspondientes y eso tampoco se realizó, situación que pone en riesgo la vida de la población desplazada, además de que se encuentra sometida a condiciones indignas y a un trato inhumano.
La responsabilidad de esta falta grave es el secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, pero que, en la condición en que se encuentra, de medidas cautelares por parte de la CIDH, esta responsabilidad se traslada al Estado mexicano, quien está obligado a reparar el daño de las violaciones de derechos humanos en los términos que establece la ley.
Los 246 desplazados de Chenalhó se encuentran actualmente en plantón afuera del palacio de gobierno, sin que la autoridad responsable los atienda y resuelva la situación indigna a la que se encuentran sometidos. Sin embargo la condición de los desplazados debe de cambiar en el corto plazo, por las medidas cautelares de la CIDH, aunque no se descarta que la enorme ignorancia y la irresponsabilidad profunda con la que funciona la secretaría de gobierno, considere que estas medidas cautelares de la CIDH carecen de importancia y que no encuentran obligados a cumplirla.