Ni perdón ni olvido

La Sociedad Interamericana de Prensa decidió otorgar el Gran Premio de la Libertad de la Prensa a 13 periodistas asesinados en México; entre los galardonados se encuentra Fredy López Arévalo, asesinado en San Cristóbal de Las casas a finales de octubre del 2021, cuyo crimen, al igual que la mayoría de las ejecuciones de los periodistas, se encuentra impune, aspecto que debiera obligar al Estado mexicano a concretar la investigación y sanción de los responsables de estos asesinatos.

Los mayores límites que puede tener la libertad de expresión es cuando se asesina a un periodista. Aquí no solo desaparece la protección y garantía que debe prevalecer en todo Estado democrático a la libre manifestación de las ideas sino que se produce un efecto disuasivo, intimidante y amenazador sobre los que ejercen la profesión de periodista; lo que a su vez impide el cuestionamiento y debate público sobre temas que resultan de interés en la sociedad.

Los crímenes a periodistas son un mecanismo aterrador de censura previa y de medios indirectos que violan la libertad de expresión, que se encuentran prohibidos en la Constitución y en los instrumentos convencionales sobre la libertad de expresión, debido fundamentalmente, al riesgo que representa abordar ciertos temas que incomodan u ofenden al Estado o a los grupos de poder, situación que termina provocando que se dejen de expresar críticas  con la libertad que se requiere y a su vez, se limita el derecho de todos a recibir y estar bien informados.

Un solo crimen de un periodista afecta la libertad de expresión y pone en entredicho las libertades democráticas del país. Pero cuando estos crímenes se repiten una y otra vez, como viene sucediendo en México sin que se investigue y sancione a los responsables, se está en una dimensión de extrema gravedad, en donde el Estado se encuentra en omisión y la falta de castigo a los culpables de estos crímenes conduce a la aquiescencia y responsabilidad internacional del Estado.  

Sobre la base de los hechos, la recurrencia de crímenes a periodistas en el país produce una supresión a la libertad de expresión y con ello se limita también el derecho a las personas para ejercer opciones políticas  que representan posturas divergentes al Estado o al desempeño gubernamental. No es fortuito que se esté viviendo en el país un proceso de linchamiento a periodistas y políticos de oposición, en el que se está utilizando el aparato de justicia para someter a procesos jurídicos a opositores, en donde previamente, de manera mediática se les convierte en culpables y después se pretende someterlos a juicio, cuando el clamor popular ya dictó su veredicto de culpabilidad.

La decisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de entregar el premio a 13 periodistas asesinados en México, es un llamado a la memoria y una exigencia a la justicia, pues los crímenes no pueden quedar impunes.