El secretario de gobierno y el presidente de la CEDH son omisos ante la
grave crisis humanitaria que viven los miles de desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.
Los dos funcionarios incumplen con los deberes constitucionales del Estado que son:
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
DOXA1237
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