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Chiapas: desapariciones y cientos de desplazados tras la batalla de Lajerío

Chiapas
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Cerca de la medianoche del 23 de mayo, los más de dos mil habitantes de la comunidad Nueva Independencia o Lajerío dormían cuando resonaron disparos de cuernos de chivo y fusiles Barret, así como explosiones de granadas de fragmentación.

Un convoy de sicarios, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), irrumpió en la comunidad para enfrentar a un grupo que se identifica como parte del Cártel de Sinaloa y controló ese territorio muchos años.

Lajerío consta de poco más de 500 casas. Forma parte de un corredor que usan grupos criminales para el trasiego de drogas, armas y migrantes, codiciado por la delincuencia organizada. Por eso las organizaciones civiles locales describen esta zona de Chiapas como “escenarios de guerra”, donde se registra una respuesta tardía y limitada de las Fuerzas Armadas.

La noche de 23 de mayo, los pobladores de Lajerío padecieron 10 horas de balacera y tronar de granadas. Sólo paraban 15 o 25 minutos y reiniciaban el fuego intenso. Durante toda esa noche y madrugada del miércoles no durmieron. Bloquearon sus puertas y ventanas con todo lo que tenían, ya que las balas impactaban en las paredes de algunas casas. Buscaron refugio hasta bajo las camas.

“Quemaron muchos carros y muchas bombas”, dice una señora.

En la refriega, una bala perdida mató a un joven de 15 años cuando tendía maíz en el patio de su casa. Los pobladores pidieron ayuda desde la caseta telefónica de la comunidad al presidente del consejo municipal de Frontera Comalapa, Alejandro Mérida González y su cuerpo policiaco, pero éstos no atendieron el llamado de auxilio.

Llamaron también al cuartel militar del 101 Batallón de Infantería, con sede en Chicomuselo, a 30 kilómetros de Frontera Comalapa, pero los militares tampoco llegaron.

A 8.5 kilómetros de la cabecera municipal opera otra base de la Guardia Nacional, en la colonia Pilatos, y a 36 kilómetros de Frontera Comalapa está un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un lugar conocido como El Jocote.

Aunque la violencia alcanzó directamente también a la comunidad vecina de Nueva Libertad o Candelaria, ninguna de esas corporaciones respondió a las peticiones de auxilio que hicieron los pobladores desde el martes 23 hasta el viernes 26 de mayo.

Las familias, encerradas en sus casas durante las largas horas de los enfrentamientos, empezaron a huir el jueves 25, cuando los grupos armados comenzaron a entrar a las viviendas para sacar a los hombres jóvenes, en lo que los testigos señalan como un reclutamiento forzado. El resto de las personas huyeron a las milpas y a las montañas con las pertenencias que pudieron llevarse.

Fue tal el pánico que la familia de don Aarón Morales, por ejemplo, escapaba entre milpas y veredas cuando cayó a un pozo sin brocal de 20 metros. Sufrieron varias lesiones, incluidas fracturas, y fueron rescatados tras varias horas de labor.

Cientos de personas de Lajerío lograron llegar a la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, otras a Absalón Castellanos y a Pablo L. Sidar y El Raizal, todas ellas colonias del vecino municipio de Chicomuselo.

Algunos grupos de pobladores se dirigieron a Mazapa de Madero y otros a la comunidad Poza Rica, en Frontera Comalapa. Quienes tuvieron recursos para salir de la zona llegaron hasta Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. A estas dos últimas ciudades llegaron 58 familias, reportó la Secretaría de Protección Civil estatal.

Se calcula que entre dos mil 500 y tres mil habitantes de Lajerío y Candelaria se dispersaron en la región.

Los primeros en movilizarse para ayudar a esos desplazados por la narcoviolencia no fueron los servicios de emergencia gubernamentales, sino las organizaciones sociales y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, a través de su organización civil Cáritas, que llevó víveres a los refugiados.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, la Red de Derechos Humanos Todos los Derecho para Todos (RedTDT) el Movimiento Social por la Tierra (MST) denunciaron la omisión y complicidad por su inoperancia de las fuerzas federales y estatales, por lo que reiteraron el llamado de auxilio a los gobiernos de ambos niveles.

En las redes sociales se empezaron a difundir los gritos desesperados, la denuncias en mensajes de voz, mujeres llorando, fotografías y videos de la gente corriendo por las calles de Lajerío y a caballo entre veredas y montañas.

Aún se desconoce el número de personas ejecutadas y asesinadas, tanto entre los grupos criminales como de la población, pero vehículos de los conocidos como “monstruos” y camionetas con cuerpos carbonizados quedaron expuestas en calles y caminos rurales en ese corredor de la región del río Grijalva.

Los pobladores calculan que por lo menos siete hombres fueron sometidos a reclutamiento forzado en Lajerío, pero las familias siguen dispersas y aún no se sabe cuándo regresarán todas para realizar el censo poblacional ejidal y tener certeza de quienes faltan.

Reacción tardía

No fue sino hasta el 30 de mayo, ocho días después de los enfrentamientos entre criminales, cuando un convoy del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales salió de Comitán hacia Frontera Comalapa.

Primero ingresó a la comunidad de Quespala, donde militares y policías chocaron con pobladores que les impedían el paso.

Ahí las fuerzas federales y estatales aseguraron 10 armas largas de un presunto grupo criminal que opera en esa región. Los pobladores, encolerizados, pidieron al convoy que mejor se fuera a la cabecera municipal, a Paso Hondo, Sabinalito, Potrerillos o Chicomuselo, donde según ellos están los pistoleros que generan la violencia.

En Frontera Comalapa, la organización MAIZ –señalada de tener vínculos con un grupo criminal que mantiene un control sobre esa población– pidió a la gente que ante la llegada de las fuerzas federales y estatales levantara los retenes en los principales accesos a la ciudad, reabriera sus negocios y aparentara que ahí no había pasado nada.

Después, en la tarde del martes 30, el convoy entró a la cabecera municipal y a las comunidades de la cuenca del rio Grijalva, en entre ellas Lajerío.