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Columnas
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CONGRESO PROTEGE A CARLOS MORALES…

Auditor Superior, coludido en el caso Tuxtla…

Ana Laura Romero, cómplice del Alcalde…

Apuestan al olvido un acto de corrupción…

Proactiva-Veolia, la empresa corruptora…

LA 4T, EN LA SOSPECHA TOTAL…

Las suspicaces decisiones de la Presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXVII Legisla-tura del Congreso del Estado, ANA LAURA ROMERO BASURTO y el titular de la Audi-toría Superior de Chiapas, URIEL ESTRADA MARTÍNEZ en el caso consignado de “pre-sunta corrupción” del Alcalde de Tuxtla Gutiérrez,  CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZ-QUEZ, lleva a la desconfianza y complicidad.

Estas dos instancias –del Congreso Local y la Auditoría Superior del Estado—encargadas de la fiscalización de las Cuentas Públicas de los presidentes municipales, ante quienes también han sido selectivos, lleva a pensar que tienen intereses  en muchos casos y ahora la dudosa omisión en la que han caído por el proteccionismo que le brindan al “Modosito” CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ, en la operación fraudulenta de compra, por adjudicación directa, de 3 mil 834 contenedores a la “empresa basura”, PROACTIVA-VEOLIA, de pésima fama por actos de corrupción.

No es un asunto menor cuando el autoritarismo de MORALES VÁZQUEZ impuso comprarle a su empresa favorita, esos  3 mil 834 contenedores para basura por 28 millo-nes de pesos, sin someterlo a licitación, violado la Ley de Adquisiciones y favoreciendo a quienes se han significado desde gobiernos estatales (JUAN SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO) y municipales anteriores que se confabularon con PROACTIVA y ahora VEOLIA, que le dejó muy buenas ganancias a gobernadores y alcal-des, donde CARLOS MORALES VÁZQUEZ, no es la excepción.

La Comisión Legislativa de Vigilancia en manos de la ex Alcaldesa de Jiquipilas, ANA LAURA ROMERO BASURTO, no representa garantía de imparcialidad desde que le apostó al olvido en el caso de “presunta corrupción” del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez en referencia a la “compra fraudulenta” de los 3 mil 834 contenedores, de que se le acusa, además de “adjudicación directa”, de haberlos pagado a un sobre precio de casi 200% con medidas y capacidad menor a la contratada.

El negocio fue tan sustancioso (con 10 o 15% de comisión para el Alcalde) que el propio CARLOS MORALES VÁZQUEZ se comprometió a comprar otros 500 contenedores. Hay que consignar que el Ayuntamiento de Tuxtla y PROACTIVA-VEOLIA tienen un contra-to millonario –ya no se sabe de cuánto—por la recolección de basura en la ciudad capital y sus colonias; servicio que ha sido cuestionado no solo por su ineficiencia, sino por la contaminación a ríos y yacimiento acuíferos con sus desechos y escurrimientos de lixivia-dos, que el “Guacamayón” MORALES protegió desde cuando era Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural en el nefasto y corrupto gobierno de MANUEL VELASCO COELLO.

Ahora, el compromiso del Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Chiapas de investigar y resolver el “Caso de los Contenedores” que abierta y cínicamente se hizo de manera directa y sospechosa  por el Ayuntamiento de Tuxtla a una empresa con señala-mientos de corrupción, dejan ver que la flamante Comisión de Vigilancia y su Presidente, ANA LAURA ROMERO BASURTO, con la participación del Auditor Superior JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ, pudieran tener intereses políticos o económicos en el asunto.  

Tal pareciera que esa “Comisión de Vigilancia” de la LXVII Legislatura Local y la “Audi-toría Superior del Estado”, se constituyeron solo para perseguir o quizá extorsionar a los presidentes municipales que no se prestan a sus “requerimientos” económicos y políticos, porque desde ahí –se sabe desde siempre—los obligan a hacer aportaciones y apoyar a partidos y candidatos que el poder en turno les indica. Nunca que yo sepa, la Auditoría Superior ha auditado y perseguido a otras dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si es que tuviera facultad para ello.

Solo pregunto: ¿qué la Secretaría del Campo, la de Educación; aquella de Desarrollo y Participación Social, por ejemplo, que estuvieron a cargo de JULIÁN NAZAR MORALES “El Talibán”; RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO “La Riquirriqui” y MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA “El Amigo Migue”, nunca merecieron una auditoría e in-vestigación judicial, cuando están ampliamente señalados por fraude, rapiña, saqueo, en-riquecimiento ilícito y escandalosa corrupción?.

¿Qué la Comisión de Vigilancia, la de Hacienda del Congreso del Estado y la Auditoría Superior, no tienen el arrojo, la capacidad, responsabilidad y vergüenza para escudriñar en los expedientes de MANUEL VELASCO COELLO, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR e inclusive en los de auditores anteriores como ALEJANDRO CULEBRO GALVÁN y especialmente en el “favorito utility” JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ que han sido insistentemente acusados de actos de corrupción, peculado y saqueo?.

Han pasado más de ocho meses que se descubrió y denunció la treta-transa de CAR-LOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ de comprarle a su empresa favorita PROACTIVA-VEOLIA 3 mil 834 contenedores por 28 millones de pesos “sin licitación alguna” y adju-dicado de manera directa, violando la Ley de Adquisiciones que regula este tipo de transacciones y más cuando el monto es millonario, y no se actúa en consecuencia.

El tema lo llevó al seno del Congreso del Estado el diputado JUAN SALVADOR CA-MACHO VELASCO, Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, pero ni él mismo ha revivido el caso que se archiva como un expediente más de corrupción e impu-nidad, al que nadie le presta interés porque “todos se tapan con la misma sábana”.

CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ, “El Modosito” al que algunos conocen como “El Guacamayón”, tiene severos cuestionamientos por actos de corrupción en conjunto a la “empresa basura” PROACTIVA-VEOLIA; pero también por aquel sospechoso préstamo de 105 millones de pesos en diciembre de 2018; la recaudación de giros negros (bares y cantinas) que no se registran; el dinero de los cobros de locales de los once mercados, panteones, zona roja de “La Galáctica”;  los intentos de subir el impuesto predial y ahora un peso a la tarifa de agua potable y alcantarillado por el que obtendrá más de 500 millo-nes de pesos mensuales.

Queda para la historia un acto más de corrupción e impunidad desde la Comisión de Vigilancia  de la LXVII Legislatura que preside la diputada  ANA LAURA ROMERO BA-SURTO y la sospechosa actitud  del titular de la Auditoría Superior del Estado, JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ, no solo en el caso de CARLOS MORALES VÁZQUEZ, sino también en la persecución selectivas de presidentes municipales, a los que hostigan y controlan para obtener ganancias u obligarlos a apoyar y financiar a determinado partido o candidato en el próximo proceso electoral…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…